El “derroche” de la oficina antiokupas de Zaragoza: asistencia jurídica a 550 euros la hora y nunca con carácter presencial

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza ha criticado “el derroche de dinero público” y la “inutilidad del convenio antiocupación” con el Colegio de Abogados puesto en marcha desde 2021. Los datos de las memorias reflejan que el coste para los vecinos de esta asistencia jurídica se elevan a 550 euros la hora. Pero hay más datos: la mitad de las consultas duran menos de media hora, nunca tienen carácter presencial -se ventilan por teléfono o por email- y, de las 404 atenciones en cuatro años, solo en ocho de ellas se ha realizado un análisis de documentación.

ZeC ha tenido acceso a las memorias del convenio de asistencia jurídica a particulares y comunidades de propietarios afectados por la ocupación ilegal de inmuebles, que el Ayuntamiento de Zaragoza viene firmando desde el año 2021 y que este año también ha incluido en su presupuesto con una cuantía anual de 25.000 euros.

“Ni las memorias, ni los distintos convenios están colgados en la página web, tal y como exige la normativa de transparencia”, ha asegurado ZeC, que ha recibido la información tras la solicitud al Gobierno de la ciudad para tener acceso a estas memorias.

Apenas medio centenar de consultas en 2023

En la información remitida se recoge que en estos cuatro años se han atendido 404 consultas: 191 en 2021; 73 en el año 2022; 54 en el año 2023 y 86 en el año 2024. Estas cifras “desmienten las afirmaciones alarmistas” del consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, que lo considera un “problema creciente”, ha afirmado el concejal de ZeC, Suso Domínguez.

El edil ha recordado que la ocupación ilegal supone el 0,06% en toda España y, en concreto en Zaragoza, en “pleno apogeo” de campañas sobre ocupación, las consultas “apenas superaron el medio centenar en 2023”. Ese año, la hora de este servicio costó 1.050 euros, ha calculado.

Además, ha comentado que, de las 404 consultas recibidas en estos cuatro años, casi un 37% (149) han sido atenciones de menos de 15 minutos. Más del 50% (207) han tenido una duración inferior a los 30 minutos, mientras que más del 80% han durado escasamente media hora. Ninguna asistencia fue presencial: la mayoría de ellas se han hecho por teléfono y un poco más de un 15%, por correo electrónico.

Desde 2021 hasta la actualidad, años en los que se ha mantenido el convenio con el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza por un montante de 25.000 euros anuales, se han atendido consultas con un total de 10.935 minutos, que son 182 horas en cuatro años.

Esto supone que estas consultas “estarían costando a todos los vecinos de Zaragoza 9,14 euros el minuto, casi 600 euros la hora, según la media de todo el servicio”. ZeC ha recordado que un abogado en una consulta presencial en Zaragoza cuesta unos 50 o 60 euros la hora.

“Es demencial que estemos gastando casi 600 euros la hora en consultas en un problema de mínima incidencia como la ocupación y hayan eliminado otros recursos de vivienda como la Oficina de Mediación Hipotecaria y de Alquiler o el Servicio Especializado en Materia de Vivienda con la Unión de Consumidores de Aragón en una situación de crisis habitacional como la que estamos viviendo”, ha señalado Domínguez.

Además, ha recordado que cada vez que un edificio es declarado en ruina en la ciudad, las familias tienen que buscar su propio alojamiento, sin una alternativa habitacional por parte del Ayuntamiento, como ocurrió en San Pablo o recientemente en la Plaza de la Magdalena. Finalmente, Suso Domínguez ha pedido no renovar este convenio que “se ha demostrado un gasto inútil”.

ZeC, “del lado de los okupas”

El Gobierno de Zaragoza ha lamentado que el grupo municipal de ZeC “se ponga de lado de los okupas ilegales” y dé la espalda a los zaragozanos tras criticar el convenio entre Urbanismo y el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza para asesoramiento ante la ocupación de viviendas.

La Asesoría Jurídica Gratuita frente a la Ocupación Ilegal de Vivienda, sostiene el equipo de gobierno del PP, es un “excelente” convenio que presta servicio a los ciudadanos, muchos de ellos en situación de “indefensión y vulnerabilidad frente a una situación delictiva que merma su calidad de vida y su patrimonio”, además de “degradar” la convivencia en los barrios de Zaragoza, han replicado desde el Gobierno de la ciudad.