La consejera de Turismo defiende que la ley de alquiler vacacional llega con “el mayor consenso” posible al Parlamento

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León (Partido Popular), y el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, repasaron este miércoles en un desayuno informativo las claves de la ley de alquiler turístico, que tras más de un año de elaboración está cerca de ser tomada en consideración en el Parlamento para su aprobación. De León ha dicho que la fecha prevista para ello es el próximo 14 de marzo. Luego llegará el debate de las enmiendas.

La consejera ha detallado las tres cuestiones que, en su opinión, componen “la espina dorsal” del texto: primero, solo habrá nuevas viviendas vacacionales si los ayuntamientos lo permiten mediante instrumentos de ordenación; segundo, propietarios y a la vez explotadores de pisos turísticos podrán continuar de manera indefinida con su actividad; y tercero, los que no se encuentren en la situación anterior tendrán cinco años para cumplir con los nuevos requisitos que mandata la legislación, una especie de moratoria para adaptar la oferta creada desde la última vez que intentó regularse el alquiler turístico en Canarias, allá por 2015.

De León y Rodríguez recordaron que el texto establece como límite que una de cada diez viviendas en el Archipiélago puede usarse con fines turísticos. Ese umbral es flexible, eso sí. En las Islas Verdes, esto es, en La Palma, La Gomera y El Hierro, se eleva a dos de cada diez. Y siempre que un ayuntamiento justifique o motive su decisión, puede ser incluso más. Todo dependerá de la voluntad de cada corporación local.

Canarias cuenta actualmente con poco más de 65.000 viviendas vacacionales con declaración responsable, es decir, con posibilidad de ser explotadas. En las Islas, al mismo tiempo, existen cerca de 1,1 millones de casas, por lo que el parque de pisos turísticos en la Comunidad Autónoma puede crecer hasta 110.000. El Consejo Consultivo consideró en su dictamen sobre la futura ley que esta “no guarda correlación” con el desarrollo sostenible precisamente por esto, por la posibilidad de nuevos crecimientos que contempla.

De León cree que la norma ayudará a “volver al urbanismo, al principio de especialización de usos” y también a “ganar en calidad”. Esto último es “importante”, agregó la consejera, pues el alquiler vacacional concentra el 37% de las plazas turísticas en Canarias, unas 276.550, el equivalente a 500 hoteles con 553 habitaciones cada uno.

La Consejería de Turismo afirma que la norma supone un “giro de 180 grados frente a la situación actual en que el libre albedrío de propietarios y el mercado eran los factores decisivos”. La regulación mantiene el régimen de declaración responsable para habilitar el uso turístico, pero incorporando la necesidad de acompañar documentación técnica y complementaria que garantice el cumplimiento de las condiciones de, entre otras cosas, seguridad, salubridad y de actividades clasificadas.

Los ayuntamientos tendrán ocho meses para elaborar un “plan de comprobación y control” de las licencias de actividad clasificada de todas las viviendas vacacionales, cuya ejecución no deberá exceder los cuatro años. Los cabildos, por su parte, harán lo mismo con las declaraciones responsables. También podrán “potenciar” medios complementarios, como encomiendas de gestión, encargos a medios propios, delegación de competencias…

La Federación Canaria de Municipios (FECAM) ha mostrado su discrepancia sobre esto último. Ellos consideran que las inspecciones “deben quedar en manos del Gobierno de Canarias”, que cuenta con alrededor de 35 inspectores. Pero no es la única diferencia en torno a la ley de alquiler vacacional. La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha expresado abiertamente su rechazo. La Plataforma de Afectados por la Ley Turística, también.

De León, no obstante, sostiene que el texto ha llegado al Parlamento canario con “el mayor consenso” posible. Apunta que la patronal se ha manifestado a favor de la regulación de la actividad turística en la vivienda, no de su “erradicación ni prohibición”, y que esto “es muy coherente” con lo que piensa el conjunto de la sociedad canaria.

“Hay colectivos que defienden su interés legítimo y particular, pero eso nunca debe confundirse con el interés general, que es de los canarios que nos piden regular la actividad”, señaló De León.

La consejera ha resaltado que la ley menciona el riesgo de gentrificación que ya se vive en algunos núcleos de Canarias, donde el exceso de pisos turísticos o de actividad turística está expulsando a los residentes de sus barrios, y aseguró que, si las Islas pierden su identidad, también perderán “un factor de competitividad, de rentabilidad económica y social”.

De León ha asegurado que “algo que preocupa mucho a los canarios” es que “nuestros barrios sigan siendo nuestros barrios” y que “la actividad turística sea compatible con el residente”.