El Parque del Medio Ambiente de Soria: el proyecto fallido que la Junta de Castilla y León insiste revivir en zona inundable

Las cúpulas de la fallida Ciudad del Medio Ambiente de Soria llamadas 'Cúpula de la Energía', que la Junta de Castilla y León quiere reconvertir en un parque empresarial (PEMA), se edifican en zona inundable. El Soto del Garray, donde se están rehabilitando las edificaciones en forma de cúpulas del proyecto está en una de las zonas inundables a 500 años, aunque en realidad es una zona que se inundó en 2016. Entonces, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que todavía sigue en el cargo, insistió en que esta inundación se produjo por “el aumento del nivel freático en los alrededores de las cúpulas de la energía” e insistió en que la zona no era inundable. Los mapas oficiales le desmienten.

Garray es una localidad próxima a la ciudad de Soria en la que la Junta de Castilla y León quiso construir el 'megaproyecto' de la Ciudad del Medio Ambiente. Se quería crear un parque empresarial y levantar una urbanización de lujo con el fin de atraer a esa zona cercana a la capital provincial empleo y población, eligiendo un soto muy cercano al río Duero para su ubicación. Desde el 2003, en ese erial solo se han materializado la urbanización de calles, unos aparcamientos, alguna edificación en el polígono industrial y las famosas cúpulas, lo que sería el epicentro del proyecto. La Ciudad del Medio Ambiente acabó siendo un sumidero de problemas para el Ejecutivo autonómico, ya que el Tribunal Constitucional acabó en 2013 anulado la Ley que autorizaba la construcción, costar decenas de millones al contribuyente, y además la zona está considerada como “inundable a 500 años”.

Por el camino de este proceso de juicios contenciosos, recursos y sentencias, se eliminaron más de 3.000 pinos negros de más de 30 años, se denunció la retirada de todos los nidos de cigüeña blanca y destrucción de algunos, de la segunda colonia de la especie en la provincia de Soria (46 parejas), y se acabó con las construcciones en las que se asentaban edificios de la Guerra Civil que formaban parte del aeródromo militar de Garray (trincheras, casas, barracones) de donde salieron los aviones que bombardearon Gernika.

En el año 2020 la Junta de Castilla y León retomó el proyecto tras lograr revivirlo mediante una nueva ley, que se olvidaba del pelotazo urbanístico diseñado originalmente y dejaba el proyecto en un polígono industrial y en un parque empresarial. Se anunciaron 4,5 millones para terminar tres de las siete cúpulas, que han acabado siendo insuficientes con unas obras que siguen su curso.

Los ecologistas de Soria (ASDEN) ya advirtieron de la inundabilidad de la zona cuando comenzó el proyecto, en 2003. La solución de la Junta de Castilla y León fue edificar los gajos de la cúpula sin sótanos y con una planta baja sobreelevada un metro sobre el terreno natural. La Consejería de Medio Ambiente asegura a elDiario.es que se ha tenido en cuenta la “inundabilidad potencial” de la zona según los estudios y el informe de la Confederación Hidrográfica del Duero.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) sí reconoce que el tramo del río Duero que transcurre a la altura del PEMA está considerado una Área con riesgo potencial significativo de inundación. “Lo importante es el concepto de peligrosidad asociado al calado y la velocidad, de tal forma que se considera peligrosa una zona inundable en la que la velocidad del agua sea superior a 1 m/s o con un calado superior a 1 m, o que el producto de Vxh>1. En el caso del PEMA, el agua podría ascender aguas arriba desde la desembocadura del río Tera (sin regulación) en el río Duero (que sí tiene regulación con el embalse de la Cuerda del Pozo), en todo caso sin peligrosidad alguna”, zanjan desde la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental.

Según el proyecto actual, que ha aprobado la Confederación Hidrográfica del Duero, algunas parcelas están“ parcialmente incluida en la Zona de Policía del río Duero”, lo que significa que están a hasta 100 metros del borde del cauce de estos arroyos.

La Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León insiste en que por el arroyo de la Vega discurre agua “como una curva de remanso” desde el Tera y por el perímetro sur del Parque discurre “una pequeña acequia sin uso”, que hace las funciones de represa “que impide que el agua salte a la zona de las cúpulas”. Pero en 2016 se inundaron los alrededores cercanos de la cúpula, todavía hoy en construcción.

En una entrevista en TVE a principios de año, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, mostró la intención de que su departamento trabajara para “abrir el debate” sobre cartografía de zonas inundables en España para que la información científica disponible sea “vinculante” a la hora de “evitar nuevas construcciones” en lugares de riesgo. Hasta ahora dicha información sobre zonas inundables es “indicativa”, no vinculante, y cada administración la interpreta “de una forma distinta”.

Alegaciones desde años

ASDEN lleva años insistiendo en que la zona es inundable y considera que la cartografía de la CHD “omite la presencia de cauces que no aparecen como inundables”. “Con una elevación normal del nivel de agua del río Duero se inicia el discurrir del agua por el arroyo de la Vega, y cuando su nivel de inundación se eleva (sin tan siquiera llegar a tener la consideración de inundación ordinaria media), este arroyo lleva suficiente caudal para desbordarse y afectar a la superficie urbanizada del PEMA que se ubica en sus márgenes, tal y como lo atestiguan las imágenes de la inundación del febrero de 2016”, reiteran los ecologistas.

En 2021 la asociación presentó alegaciones al trabajo de la CHD de Áreas con Riesgo Potencial de Inundación porque solo incluía la mitad este de Soto de Garray. Los ecologistas insisten en que el arroyo de la Vega “se inunda ante la mínima subida del caudal” del Duero si la presa se ve obligada a desembalsar más agua por el riesgo de desbordamiento.

En el año 2022 la asociación ecologista soriana escribió a la presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente, para pedirle una reunión, una cita que tuvo lugar dos años después “y para que solo fueran buenas palabras”. “Vino a decirnos que alegábamos donde no tocaba”, expresan los ecologistas, que creen que la CHD debería haberlo tenido en cuenta en su última revisión de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI). “La CHD ya tenía la información relativa a los riesgos que hay en el Soto de Garray, pero entre los nuevos subtramos que se anunciaron en enero no había ninguna novedad en Soria”, apuntan los ecologistas.

La CHD confirma que actualmente se está desarrollando el tercer ciclo de la Directiva de Inundaciones. “Recientemente se acaba de revisar la EPRI del ciclo anterior, no habiéndose declarado nuevos tramos ARPSI en la provincia de Soria”, asegura a través de su departamento de Comunicación.

Un proyecto judicializado

El Tribunal Constitucional anuló en 2013 la Ley que autorizaba la Ciudad del Medio Ambiente porque este instrumento legal no era el adecuado, dado que se eliminaba la posibilidad de someterse a un control judicial. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Soria ordenó el derribo de la Cúpula de la Energía en 2014, así que la Junta de Castilla y León decidió elaborar un nuevo y actualizado proyecto, esta vez a través de un decreto que se publicó en 2015.

El Tribunal Superior de Justicia emitió dos años después una sentencia contraria a los ecologistas que confirmaba la legalidad del decreto y descartaba el derribo de la Cúpula, una decisión que fue ratificada en 2020 por el Tribunal Supremo al desestimar el recurso de casación interpuesto por ASDEN. Los gajos de la Cúpula han estado 'a medias' durante casi una década hasta que el gobierno autonómico ha decidido retomar las obras, aunque con un enfoque diferente.

El ‘mega proyecto’ de la Ciudad del Medio Ambiente todavía se recuerda en Soria con sorna por lo sobredimensionado de su base inicial. Un paseo por la zona muestra el esqueleto abandonado: una acera de cerca de un kilómetro de largo con adoquines de madera que ahora yacen totalmente deterioradas a la intemperie, calles a ninguna parte o tres gigantescos aparcamientos donde iban a aparcar los propietarios de los chalets.

Sobre los párquines, los sorianos recuerdan que la “idea” era que sirviesen para que los habitantes de las urbanizaciones que se querían construir dejasen allí sus vehículos y moviesen por la zona en “carritos de golf”.

De una zona residencial de lujo a un parque empresarial

La Ciudad del Medio Ambiente preveía instalar un parque empresarial y residencial de lujo con paneles fotovoltaicos, calefacción de biomasa y 700 aparcamientos con puntos de carga para vehículos eléctricos, una Escuela Nacional de Equitación, piscina, hotel y campos tecnológico en un municipio que está a diez minutos en coche desde Soria capital. La intención era multiplicar la población de Garray: de 700 personas a más de 4.000.

Sin embargo, de eso ha quedado muy poco, aparte de un agujero de 93 millones de euros gastados entre 2007 y 2017 y los 4,8 millones que costó la construcción de la subestación eléctrica para el sector industrial. La edificabilidad del actual proyecto es de 547.370 metros cuadrados de uso lucrativo (más de 772.000 de uso industrial), aunque está previsto que el PEMA tenga una superficie total de 145 hectáreas. Actualmente en la zona industrial hay una fábrica de embutidos, una planta de biomasa impulsada por la propia Junta y una empresa de producción de cannabis medicinal que ha atravesado una importante crisis en estos años hasta dejarla a mínimos.

A finales del año pasado, el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco aprobó otros 4,5 millones de euros para consolidar las siete estructuras (los gajos) de la Cúpula de la Energía, y otro millón y medio para terminar cinco módulos y adaptar los edificios para acoger el Centro Regional de Formación del Profesorado y el Centro de Formación Profesional para el Empleo. Dentro del proyecto de este parque, también se autorizaron 2,5 millones para ejecutar la segunda fase del aeródromo de Garray. En 2021 se autorizó otra aportación de cinco millones para consolidar las estructuras, adecuación de accesos, tratamiento superficial de las cubiertas y otros trabajos que continúan en marcha. Entre lo ya invertido y lo pendiente de ejecutar, el coste asciende como mínimo a 126 millones de euros.