El Govern balear del PP cede 'in extremis' ante Vox y permitirá construir más viviendas y edificar en suelo rústico

Tres semanas después de rechazar limitar los precios del alquiler en Balears y priorizar a los residentes de las islas en el acceso a la vivienda, el Govern balear del PP y el grupo parlamentario de Vox han sellado in extremis un acuerdo que permitirá dar vía libre a la construcción de 20.000 viviendas en el término municipal de Palma, además de recalificar suelo rústico para poder edificar en aquellos municipios que cuenten con más de 20.000 habitantes.

Apenas 24 horas antes de que la iniciativa sea debatida y convalidada en el Parlament balear, el conseller balear de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, han celebrado la predisposición de ambas partes a alcanzar un acuerdo que la formación de extrema derecha ha aplaudido como “un hito” propio: “Vox logra imponer sus exigencias en materia de vivienda”, remarcaba a primera hora de este lunes en un comunicado.

A pesar de las numerosas trabas impuestas por Vox al Ejecutivo a lo largo de los últimos meses en la negociación de varias de las propuestas del gabinete de Marga Prohens, el Govern se ha plegado finalmente a las condiciones que los de Abascal ponían sobre la mesa para dar su apoyo al decreto: la nueva normativa no solo se ceñirá a la capital balear, sino que abarcará más municipios e incluirá áreas de transición -suelo rústico que pasará a urbanizable-.

“El mayor pelotazo de los últimos 50 años”

Las reacciones no se han hecho esperar, entre ellas las del colectivo Palma XXI, que critica que este decreto, que “se presenta como una gran herramienta para conseguir suelo para hacer viviendas asequibles, es, en realidad, el mayor pelotazo urbanístico de los últimos 50 años”.

“Entre otras medidas, el decreto permite modificar radicalmente el Plan General de Palma, aprobado hace dos años, para dejar construir a los promotores un 45% más de edificabilidad a sus suelos urbanizables”, recriminan desde esta plataforma, integrada por historiadores, geógrafos, arquitectos y urbanistas. Del mismo modo, lamentan que la iniciativa “abre la puerta a reducir radicalmente, en algunos casos hasta solo una quinta parte de lo previsto en el Plan General, los espacios libres que tenían que conformar los jardines y parques de la Palma del futuro”.

Como protesta, el colectivo, junto al grupo ecologista GOB y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, ha convocado una concentración este martes, a las 12.00, frente a las puertas del Parlament. A juicio de estas entidades, la nueva normativa supondrá un encarecimiento de la vivienda, una reducción de las zonas verdes y grandes beneficios para los promotores.

Exclusión de las ayudas a los condenados por allanamiento

El decreto 3/2025 prevé convalidarse este martes en el pleno de la Cámara autonómica y, posteriormente, se tramitará como proyecto de ley, periodo durante el cual se incluirán de Vox. La propuesta incluye, como novedad, medidas como la exclusión de las ayudas al alquiler o a la posibilidad de acceder a una vivienda de protección pública a aquellas personas que hayan sido condenadas de forma firme por delitos de usurpación o allanamiento de morada.

Asimismo, prevé la posibilidad de que los municipios de más de 20.000 habitantes puedan decidir si desarrollan proyectos urbanísticos en las conocidas como áreas de transición, lo que implicará recalificar suelos rústicos en urbanizables.

En cualquier caso, aseguran desde el Govern y Vox, el texto legislativo mantendrá la condición de que el 50% de las nuevas viviendas sean de protección oficial o de precio limitado, un aspecto que, según el GOB, también es un “gran engaño”, dado que el plan general de Palma de hace dos años ya contemplaba que ese porcentaje se destinase a viviendas de protección pública. No obstante, ahora se añaden las de precio limitado, “un 30% más caras”.

“El resultado es que las viviendas serán menos accesibles todavía ara la gente, habrá muchísimas menos zonas verdes y se generará un beneficio adicional a los promotores que se estima en unos 500 millones de euros”, recrimina la entidad. Por último, el decreto prevé que se ceda un 15% del aprovechamiento del suelo a los respectivos ayuntamientos, con lo que se buscará facilitar vivienda a funcionarios públicos.

El PSIB-PSOE: “La gran mentira de Prohens”

El pasado viernes, y de nuevo tras ceder ante Vox, el Govern aprobó su decreto de contención turística sin incluir la subida del Impuesto Turístico Sostenible (ITS) que inicialmente planteó el Ejecutivo de Prohens como forma de compensar los impactos de la saturación turística y destinar más recursos a los residentes. Un aumento que le valió serias discrepancias con los hoteleros y con Vox, contrario al incremento de cualquier tipo de tributo.

Desde el PSIB-PSOE recriminan que ambos decretos -el de vivienda y el de turismo- “cambian y alteran el panorama socioeconómico”, dificultarán la vida de los ciudadanos y supondrán “la gran mentira de Prohens”. En el caso del acuerdo de vivienda, han calificado el decreto como “el mayor atentado medioambiental”, que “es simplemente crear viviendas en suelo rústico para las grandes fortunas de Europa”, advirtiendo de que la formación dará una respuesta “a la altura”.

En esta línea, la formación considera que “a la ciudadanía no hay que tratarla por idiota” y asevera que el acuerdo presentado este lunes “cambia radicalmente la legislatura”. “Prohens ha engañado y mentido a toda la sociedad civil”, lamentan los socialistas, quienes aseguran que los ciudadanos no podrán acceder a las viviendas de precio limitado anunciadas, al poner el foco en las viviendas “de precio ilimitado de uno y dos millones de euros”.