Yo no quiero pertenecer a Muface

No, no todos los funcionarios queremos pertenecer a Muface. Contrariamente a lo que parece cuando se leen las noticias de estos últimos tiempos acerca de la negociación con las compañías de seguros y del esfuerzo que está dispuesto a hacer el Gobierno para mantener este sistema caduco e injusto, muchos de nosotros desearíamos ser como el resto de los trabajadores y no tener ningún tipo de privilegio. Nos gustaría renunciar a Muface, apostatar, aunque ello resulte en estos momentos más difícil que hacerlo de la Iglesia Católica.

Sí, hay muchos de nosotros que optamos por la sanidad pública. Desconozco los datos exactos. Por la información de una u otra fuente, quizás seamos alrededor de medio millón los que preferimos la sanidad pública al sistema privado al que tendríamos derecho por pertenecer a Muface. Cada uno tendrá su motivo. Para la mayoría es el convencimiento de que es mejor la sanidad pública que la privada, sin ningún género de dudas. Otros se habrán visto expulsados de la sanidad privada porque su enfermedad no la quieren cubrir las aseguradoras. Otros que, como yo, somos economistas porque sabemos que la gestión colectiva de la sanidad es siempre más eficiente que la gestión individual y nuestra responsabilidad como funcionarios debería ser procurar la mejor utilización de los recursos comunes. Otros más, porque consideren que un sistema diferenciado es un privilegio inadmisible, sobre todo siendo empleados públicos. Y para algunos más serán válidas todas las razones anteriores.

Sí, el sistema es un privilegio. Se empeñan sus defensores en decir que no, que no es ningún privilegio poder elegir un sistema u otro de salud. Raro es que alguien que goza de un privilegio lo reconozca como tal y menos aún que se decida a renunciar a él voluntariamente. Pero no hay otra forma de calificar algo que está al alcance de unos trabajadores y no al alcance de otros similares. Porque sí, los funcionarios somos unos trabajadores más. Y tanto los de la administración civil del Estado, como los de justicia o los funcionarios militares. No nos olvidemos que los trabajadores que se integran en Mugeju (la mutualidad de la justicia) e Isfas (la de los militares) también disfrutan de privilegios.

Y sí, el sistema favorece a unos pocos y es, por tanto, injusto, pero también es ineficiente. Lo es porque las enfermedades graves acaban siempre en la sanidad pública. Las aseguradoras se aprovechan de los segmentos del mercado menos costosos, pero no cubren todos los riesgos que sí cubre la sanidad pública. Es ineficiente porque sus costes de gestión son, como sucede en todo sistema sanitario privado con información asimétrica, mucho más elevados. Es ineficiente porque todo sistema de seguros sobre riesgos generales es mejor cuanto mayor sea la población cubierta.

Ningún gobierno progresista, menos aún si quiere considerarse de izquierdas, debería insistir en prolongar los privilegios, en amparar las soluciones individuales frente a las soluciones colectivas. Lo que procede es que se dé carpetazo a estos sistemas (igual que hace muchos años se hizo con otras mutualidades). Si no hay más remedio, con todos los mecanismos transitorios que haya que implementar, pero que nadie más entre en el sistema y, de paso, que los que nos queramos salir lo podamos hacer.