La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha congregado este sábado a miles de trabajadores públicos frente a la Dirección General de Muface de Madrid en defensa del actual modelo de mutualismo, en riesgo de ser desmantelado ante el choque entre Gobierno y aseguradoras para renovar el actual concierto de Muface, que vence a final de año. Según los organizadores, a la cita han acudido unas 35.000 personas procedentes de toda España.
"Con la sanidad no se juega", "la sanidad es un derecho", "Gobierno, escucha Muface está en lucha", "Si me quitan Muface, CSIF no callará"... los asistentes han coreado distintos lemas en defensa del modelo que permite a un millón y medio de funcionarios y a sus familias elegir su asistencia sanitaria.
"Con la salud de millón y medio de personas no se juega", apuntó el presidente de CSIF, Miguel Borra. La situación ya se ha convertido un problema, añadió, ya que se están "denegando y retrasando" pruebas médicas a funcionarios, por lo que su sindicato se ha movilizado ante instituciones como el Defensor del Pueblo, el Congreso de los Diputados e, incluso, la Comisión Europea.
Borra consideró "terrible" lo que está sucediendo con la asistencia de los empleados públicos y aseguró que desde su sindicato "no vamos a cejar" en el empeño hasta que haya una solución. "Si el Gobierno no toma buena nota, no descartamos ninguna medida, incluyendo una huelga en las administraciones públicas", aseveró Borra.
La concentración, respaldada por el sindicato policial Jupol y la asociación de la Guardia Civil Jucil, forma parte del calendario de movilizaciones en defensa del mutualismo administrativo, que comenzaron el pasado 11 de noviembre con una manifestación en Madrid frente al Ministerio de Hacienda y las subdelegaciones del Gobierno de toda España para exigir también al Gobierno el desbloqueo de la negociación colectiva para mejorar las condiciones laborales del conjunto de los empleados públicos.
Mutualistas de todas las partes de España se han trasladado a Madrid este sábado para pedir al Gobierno que saque una licitación lo "suficientemente atractiva" para asegurar la continuidad del sistema.
El sindicato convocante ha dejado claro que no dejará de protestar y extenderá el calendario previsto en el tiempo si el Gobierno sigue sin reaccionar y sin garantizar la continuidad del modelo de Muface "con una asistencia sanitaria de calidad".
"El ministro de Función Pública sigue sin responder a nuestra petición de una reunión urgente para dar explicaciones, por lo que CSIF incrementará la presión al Gobierno hasta que reaccione con la convocatoria de paros parciales y totales en la Administración", han denunciado desde CSIF.
La de este sábado no ha sido la única protesta, aunque sí la más multitudinaria hasta ahora, en contra del desmantelamiento del modelo de Muface que puede hacer que la Sanidad Pública asuma hasta millón y medio de funcionarios que hasta ahora recibían asistencia en la sanidad privada. El miércoles las organizaciones sindicales UGT, CCOO, ANPE, USO, ADIDE, USIE, UFP, ACAIP y SIAT también se concentraron para exigir al Gobierno y a las aseguradores que se concrete "lo antes posible" un acuerdo para Muface que garantice la asistencia y calidad sanitaria de los empleados públicos.
CSIF LLEVA LAS QUEJAS A BRUSELAS
El sindicato de trabajadores públicos ha llevado a Bruselas las "cientos" de quejas que han recibido en las últimas semanas por parte de los mutualistas en las denuncian que las clínicas están anulando, retrasando y suspendiendo citas médicas e intervenciones quirúrgicas ante la incertidumbre sobre el concierto sanitario.
Estas quejas fueron denunciadas por el sindicato ante el Defensor del Pueblo el pasado lunes y registradas en el Congreso de los Diputados con el objetivo de que los grupos parlamentarios propongan iniciativas en defensa de la asistencia sanitaria que reciben los 1,5 millones de mutualistas de Muface.
Con la presentación de estas quejas en Bruselas, desde el sindicato buscan que tanto el Parlamento Europeo como la Comisión sepan de la situación en la que se encuentran los trabajadores públicos y sus familiares asistidos por Muface para que "emprenda las acciones que considere necesarias", según informa la agencia Europa Press.
Las tres aseguradoras que ahora prestan atención en Muface (Adeslas, Asisa y DKV) no se presentaron a la nueva licitación para los años 2025 y 2026 convocada por la dirección de Muface porque el Gobierno planteó una subida en las primas del 17,12%, la más alta de la historia, pero por debajo de la petición de las aseguradoras, que se acercaba al 40%.
El ministro de Función Pública, Óscar López, ha prometido que habrá una nueva licitación antes de que acabe el año. Pero lo cierto es que, a 15 de diciembre, no está clara la continuidad del servicio. El Ejecutivo da por segura que, con la ley en la mano, las aseguradoras están obligadas a mantener la asistencia a los funcionarios al menos nueve meses después de que finalice el convenio vigente. Sin embargo, compañías y sindicatos creen que no se dan las condiciones para esa prórroga, al no haberse comunicado a tiempo, y que el servicio puede quedar interrumpido el próximo 31 de enero.
Dentro del propio Gobierno parece también coexistir dos almas. Por un lado, mientras Función Pública llama a la calma y asegura que la asistencia está garantizada y que habrá una nueva licitación antes de que venza el actual convenio, desde Sanidad, dirigido por Mónica García (Sumar), se sostiene que la Sanidad Pública puede asumir perfectamente el desmantelamiento ordenado de Muface.
El PP registró el viernes una Proposición no de Ley en la que insta al Ejecutivo a lanzar "con máxima urgencia" la nueva licitación del contrato para garantizar la cobertura sanitaria de un millón y medio de empleados públicos y sus familiares y advierte de que la división interna sobre este asunto en el seno de la coalición entre los socios del PSOE y Sumar está "agravando la intranquilidad y la incertidumbre de los funcionarios y de la sociedad en general".