La Junta recurrirá la sentencia que anula el parque eólico Espina, por segunda vez y tras volver a legalizarlo
Erre que erre. La Junta de Castilla y León ha anunciado hoy que presentará un recurso contra la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de León que declara nulo el parque eólico Espina, en el municipio berciano de Igüeña, promovido por Naturgy.
A pesar de que es la segunda vez que se declara judicialmente esa nulidad, debido principalmente a su dañino efecto contra el urogallo, especie en muy grave peligro de extinción, la propia Junta había legalizado las instalaciones en 2022 después de haber sido anulado en 2018 por la más alta instancia, el Tribunal Supremo, y después de su entrada en funcionamiento inicial en el año 2010, según recordó esta semana el despacho de abogados Cordal de León, que representaba en este caso al Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, hoy en funciones de portavoz del Gobierno autonómico, Isabel Blanco, anunció la decisión del Ejecutivo de recurrir el fallo judicial.
Se trata de un complejo ubicado a 80 metros de la zona protegida Red Natura 2000, en la localidad de Espina de Tremor. La sentencia concluye que existían cantaderos de urogallo situados cerca del parque eólico Espina y que, coincidiendo con su construcción y puesta en marcha, disminuyó su número, como el de estos ejemplares protegidos, algo que considera demostrado.
Un “escándalo ambiental” sin consecuencias
Por su parte, la Asociación Luna Verde ha reaccionado con dureza ante esta última sentencia, calificando que “escándalo ambiental” la reiterada permisividad de la Junta de Castilla y León, que tras el nuevo fallo demuestra que lleva 17 años “tropezando con la misma piedra” sin que se hayan asumido responsabilidades políticas ni penales por ello a pesar del daño que causa el parque eólico que sigue amparando en una zona de alta sensibilidad.
La entidad ecologista ha lamentado que, pese a más de veinte sentencias en contra de las diferentes autorizaciones emitidas para proyectos eólicos en la zona, la administración autonómica haya seguido aprobando licencias “como si se tratara de proyectos nuevos”, ignorando sentencias previas y la evidencia científica sobre el impacto de estas instalaciones en el hábitat del urogallo cantábrico. Especialmente grave, denuncian, fue la omisión del hallazgo en 2017 de una hembra muerta bajo un aerogenerador, una señal que, según Luna Verde, debería haber motivado la paralización definitiva del parque.
Luna Verde considera “inadmisible” que se haya reautorizado en 2022. En su recurso de alzada, ya desestimado por la Junta, la asociación alertaba de que la persistencia en mantener estas instalaciones solo puede entenderse como “una actuación consciente y premeditada de legalizar lo ilegal”, y exigía el desmantelamiento completo del parque y la restauración del terreno.
La organización también ha criticado el uso de fondos públicos para compensaciones ambientales que considera “inútiles y ya fracasadas”, como la cría en cautividad del urogallo, en lugar de aplicar la única medida eficaz avalada por la comunidad científica: evitar proyectos eólicos en zonas sensibles. “La defensa de las energías renovables no puede servir de coartada para destruir lo poco que queda de biodiversidad”, concluye el comunicado.
