Mi abuelo solía describir al señorito andaluz como un hombre bien vestido que vive cómodamente, no tanto por su ingenio o mérito, sino gracias a las ventajas de una herencia. Aunque esa definición resulte algo simplista, me ha inspirado para el título de este artículo. Bien es cierto que Juanma Moreno dista mucho de encajar en ese estereotipo y que, en Andalucía, una tierra trabajadora y llena de talento, el pernicioso tópico del señorito se desvanece cada vez más gracias al esfuerzo y la constancia. Sin embargo, cuando observo las fotografías del presidente —sonrisa impecable, traje inmaculado— en eventos oficiales celebrados en los parques tecnológicos, poniendo en valor su contribución al desarrollo de estos ecosistemas, me resulta inevitable pensar en aquel estereotipo y concluir que, efectivamente, hay gobernantes con una suerte extraordinaria.
Una de las últimas fotografías muestra al presidente junto a María Jesús Montero y el ministro Óscar López durante la firma del convenio para el IMEC en el PTA de Málaga. En el acto, la vicepresidenta anunció que el Gobierno de España ampliará su inversión en el IMEC hasta los 500 millones de euros, superando los 105 millones anunciados por Pedro Sánchez hace dos meses. Por su parte, Moreno Bonilla no ofreció cifras, limitándose a mencionar una futura compra de equipamiento científico y la cesión de terrenos, a través de un convenio, para un proyecto que situará a Andalucía en la vanguardia de la innovación en semiconductores. Sin embargo, no tardó en destacar en redes sociales este hito, calificándolo como un avance que “convertirá a Andalucía en una referencia mundial en la I+D de la microelectrónica” y activando su potente maquinaria de comunicación.
La política del Gobierno de Moreno Bonilla en relación con los parques tecnológicos puede resumirse en tres conceptos: fachada, explotación de los éxitos heredados y, en el mejor de los casos, el diseño de estrategias modestas que rara vez llegan a buen puerto. Hace dos años, la prensa destacaba la necesidad y urgencia de abordar una nueva gobernanza para los parques tecnológicos andaluces. La misión debía ser relevante, ya que incluso se formalizó un acuerdo en el Consejo de Gobierno el 31 de agosto de 2022.
En dicho documento se estableció una cronología: para marzo de 2023 estaba previsto el pliego de contratación de una herramienta de gestión común para parques y entornos empresariales, y en abril de 2023 se fijó la celebración de una reunión de alto nivel, clausura y presentación del sistema y su implantación. Sin embargo, estamos en 2025 y nada de lo planteado se ha cumplido.
El PTA de Málaga es un ejemplo significativo de la indolente gestión del Gobierno de Moreno Bonilla en relación con los parques tecnológicos y científicos
Preguntado por el grupo socialista, el consejero de Universidad insinuó en el Parlamento su fracaso, justificándose con que “no es un proceso fácil y lograr un consenso es muy complejo”. Ante estos resultados, parece que la Junta ha reducido la escala del proyecto. Por ahora, se conformará con organizar algunas jornadas conjuntas y rebautizar los parques tecnológicos para transmitir una imagen de mayor cohesión: el PCT Cartuja pasará a denominarse Sevilla TechPark Cartuja, el de Córdoba será Córdoba TechPark Rabanales, y así con los demás.
El PTA de Málaga es un ejemplo significativo de la indolente gestión del Gobierno de Moreno Bonilla en relación con los parques tecnológicos y científicos. Su andadura comenzó en 1992 con 15 empresas que apostaron por un proyecto colectivo “en medio de la nada en Campanillas”, impulsado de manera decisiva por las administraciones públicas, especialmente la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, ambos bajo liderazgo socialista en aquel entonces.
Tan solo diez años después, en 2002, la prensa destacaba el extraordinario crecimiento del parque, que había pasado de 15 empresas y 130 trabajadores a albergar 250 compañías con 4.000 empleados. En la actualidad, el PTA representa un hito para el desarrollo tecnológico y económico de la región, con una facturación superior a los 3.000 millones de euros y una contribución de aproximadamente el 8% al Producto Interior Bruto de la provincia de Málaga.
¿Qué está haciendo el Gobierno de Moreno Bonilla para garantizar que el éxito del Málaga TechPark se mantenga dentro de 30 años? Existen medidas que deberían haberse implementado hace tiempo y que, sin embargo, permanecen olvidadas. Los trabajadores del parque denuncian la falta de transporte, la escasez de aparcamientos y los atascos insoportables.
Según la última Estadística de Tesis Doctorales publicada por el Ministerio de Universidades, Andalucía ocupa las últimas posiciones en el porcentaje de tesis doctorales STEM leídas en España, siendo superada por comunidades mucho más pequeñas como Cantabria, Aragón y Extremadura
Es descorazonador revisar el vídeo de 2018 en el que el presidente Moreno prometía la llegada del metro, una promesa que aún no se ha cumplido. Pero los retos van más allá de la movilidad sostenible. Otro desafío que la Junta debería estar abordando es la internacionalización de muchas empresas instaladas en el parque, un objetivo que requiere una estrategia clara y ayudas sustanciales por parte de la administración andaluza.
Otro reto importante es contrarrestar el déficit de mano de obra cualificada. Faltan programadores, ingenieros, expertos en ciberseguridad, analistas de datos, matemáticos y especialistas en inteligencia artificial, entre otros perfiles clave. Sin embargo, el Gobierno de Moreno Bonilla no ha apostado por fortalecer los perfiles tecnológicos y científicos en los últimos años.
Según la última Estadística de Tesis Doctorales publicada por el Ministerio de Universidades, Andalucía ocupa las últimas posiciones en el porcentaje de tesis doctorales STEM leídas en España, siendo superada por comunidades mucho más pequeñas como Cantabria, Aragón y Extremadura. Además, la nueva política universitaria del Partido Popular dificulta que universidades públicas como la UMA amplíen su oferta en estas áreas. Por ejemplo, la demanda en la Escuela de Ingeniería Informática duplica actualmente la oferta de plazas, pero las restricciones presupuestarias hacen casi imposible contratar nuevo profesorado o ampliar instalaciones. Esta situación se ve agravada aún más por las tensiones entre los rectores de las universidades públicas andaluzas y la Junta, derivadas de las dificultades actuales para afrontar el pago de las nóminas de sus empleados.
Cabe señalar que las nuevas universidades privadas autorizadas por el Gobierno de Moreno Bonilla para instalarse en Málaga no parecen apostar firmemente por los perfiles tecnológicos. En su lugar, han optado por áreas de negocio más seguras, como las carreras sanitarias, o por grados populares, pero ya saturados, como Educación Infantil o Primaria. De los 31 grados ofertados por estas tres universidades privadas, solo tres corresponden a ingenierías —ninguna vinculada al sector energético—, mientras que otros dos grados están orientados hacia los negocios y el análisis de datos. Estas universidades tampoco parecen estar enfocadas en la investigación ni en la búsqueda de innovación, sino en el modelo de negocio basado en los grados y, especialmente, en los másteres. Me temo que veremos pocas patentes en el PTA de Málaga en colaboración con estos campus.
El presidente tiene bien instruidos a los suyos: cuando las ideas, el empuje y gran parte de los fondos vienen de más allá de Despeñaperros se subraya que «unidos llegamos más lejos»
Por el momento, Málaga TechPark y el PCT Cartuja avanzan con solidez por su cuenta. No ocurre lo mismo con otros parques tecnológicos andaluces, que sufren de una clara falta de inversión y proyectos tractores. El caso más grave es el de Rabanales 21, en Córdoba. A pesar del buen trabajo de su directiva, el parque no logra saldar la deuda que lo llevó a un proceso concursal.
El Partido Popular rechazó en el Parlamento de Andalucía una proposición no de ley que proponía aumentar la participación de la Junta en el parque, pasando del actual 20% al menos a un 55%. Esto podría haber facilitado posibles soluciones financieras. Semanas después, el consejero de Universidad, el Sr. Villamandos, planteó como única alternativa la venta de terrenos para liquidar la deuda. Una receta que no acaba de funcionar a pesar de que se han vendido parcelas. Una posible razón es que, si el parque incrementa el precio de los terrenos para obtener más ingresos, los inversores podrían optar por propiedades en polígonos cercanos con precios más competitivos.
La propia Junta ha llevado a cabo lo que podría considerarse un claro caso de 'dumping' contra el parque. Una empresa tecnológica anunció una inversión directa de entre 15 y 20 millones de euros para desarrollar un centro de robótica, automatización e inteligencia artificial. Sin embargo, las instalaciones no estarán en Rabanales 21, sino en un polígono industrial cercano. Curiosamente, el terreno y el edificio en dicho polígono pertenecían a la Junta de Andalucía, que los vendió a la empresa cordobesa por debajo de su valor real.
Según las autoridades del parque, a pesar de los contratiempos, el futuro es prometedor y los terrenos se están vendiendo. Sin embargo, invito al lector a pasearse por la tecnópolis y comprobar que, por ahora, sigue teniendo mucho de páramo deshabitado. El alcalde de Córdoba y el consejero Villamandos son optimistas y aseguran que el cambio definitivo llegará en unos años, cuando la Base Logística del Ejército esté a pleno rendimiento. Un proyecto promovido por el Ministerio de Defensa y que Moreno Bonilla intenta capitalizar.
El presidente tiene bien instruidos a los suyos: cuando las ideas, el empuje y gran parte de los fondos vienen de más allá de Despeñaperros se subraya que “unidos llegamos más lejos, y se llega más rápido cuando las distintas administraciones reman en el mismo sentido”. Aunque esta estrategia le ha funcionado hasta ahora, el pueblo andaluz, con su experiencia, empieza a distinguir entre quienes reman de verdad y quienes solo se suben al barco.
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