Una persona muerta cada cuatro horas, trágico balance migratorio del acceso a España desde África durante 2024

Una persona muerta cada cuatro horas es el trágico balance migratorio del acceso a España desde África durante 2024, en el que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha documentado la muerte y desaparición de 2.465 personas, de las cuales 591 cuerpos han aparecido en las costas o en alguna embarcación durante el rescate y otras 1.874 se tiene constancia de que han muerto o no se les ha encontrado pero han desaparecido para siempre.

Es el segundo año tras 2023 con más personas muertas y desaparecidas de la serie histórica que en APDHA lleva registrando desde 1988, según han informado en rueda de prensa este martes en Sevilla. “Desgraciadamente cada vez parecen más lejos que se establezcan vías legales y seguras para que las personas puedan acceder a territorio seguro cuando sus vidas corren peligro o quieran emprender un proyecto migratorio”, han denunciado. Canarias continúa siendo la ruta más transitada, pero a la vez la más mortífera: más del 75% de las personas que han perdido la vida o desaparecido en 2024 lo ha hecho en esta ruta.

Pese a que las llegadas de migrantes a la UE caen un 38% en 2024, el incremento de personas que tomaron la ruta canaria en 2024 ha hecho que el año pasado haya tenido un total de 64.048 llegadas tanto por vía marítima como terrestre, el segundo con más llegadas, solo superado por 2018. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, viaja este martes a Estrasburgo para abordar la política migratoria y el papel de las regiones ultraperiféricas en la UE.

Macarena Olid, vicecoordinadora de la APDHA, ha dicho que “las políticas migratorias de la Unión Europea y del Estado español están condenando cada año a miles y miles de personas a utilizar las rutas más peligrosas, en las que deben jugarse la vida a bordo de precarias embarcaciones, para ejercer su legítimo derecho a migrar, reconocido como tal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

La coordinadora del informe, Ana Rosado, ha explicado que en 2024 “de media, cada día accedieron a territorio español por vías irregulares 175 personas, de las cuales 128 lo hacían a alguna de las Islas Canarias, 15 accedían por Andalucía, 24 por la ruta de Levante y 8 lo hacían a Ceuta y Melilla”.

El vacío de noticias típico del verano y los discursos racistas y xenófobos que se lanzaron provocó que la inmigración pasara de ser la cuarta a la primera preocupación de los españoles según el CIS durante el mes de julio"

Rosado apunta que “el incremento de llegadas en la ruta canaria es inversamente proporcional al descenso en las llegadas a las rutas que conducen hasta la península, a excepción de la ruta de Levante, que ha experimentado un incremento por las llegadas a Baleares”. La coordinadora del Frontera Sur señala que “no se trata de algo nuevo, sino que es un cambio que se lleva produciendo claramente desde 2019, coincidiendo con el reforzamiento de los acuerdos suscritos con Marruecos”.

La coordinadora ha lamentado “el bochornoso espectáculo del pasado verano, cuando, por intereses políticos, algunos partidos han instrumentalizado y han mercadeado con la infancia migrante o con las personas que se desplazaban desde las Islas Canarias hasta la península”. “El vacío de noticias típico del verano y los discursos racistas y xenófobos que se lanzaron provocó que la inmigración pasara de ser la cuarta a la primera preocupación de los españoles según el CIS durante el mes de julio”, ha comentado.

Para concluir respecto a estas cuestiones, Rosado ha señalado que “justamente durante los últimos 5 años se concentran casi 11.000 muertes de las 19.363 que hemos podido registrar desde APDHA durante los últimos 37 años”, lo que viene a señalar que “las políticas de militarización y externalización de fronteras en terceros países ha empeorado la situación de las personas que necesitan acceder a territorio seguro, al tiempo que tenemos un sistema de asilo cada vez más restrictivo y prácticas que, como las devoluciones en caliente, vulneran sistemáticamente los derechos humanos”. “Los datos que hoy presentamos confirman el fracaso absoluto de las políticas migratorias europeas”, ha sentenciado Rosado.

Trabajo de campo en asentamientos de Huelva y Almería

APDHA ha realizado este año un estudio de investigación acerca de la situación que enfrentan las personas migrantes que residen en los asentamientos de infraviviendas. El informe ‘Derechos Humanos en la Frontera Sur 2024. Las fronteras internas en Andalucía: las vulneraciones de derechos en los asentamientos de Huelva y Almería’ centra su mirada en la realidad que viven las personas trabajadoras migrantes que, vinculadas a la industria agroalimentaria de las provincias de Almería y Huelva, se ven obligadas a vivir en chabolas.

Se trata de un trabajo de campo realizado por investigadoras de la APDHA y que ha sido cofinanciada por el proyecto Tejiendo Derechos (WakeUpRights) de la Unión Europea y Oxfam Intermón en el marco del programa Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores (CERV) de la UE. En él se refleja “una serie de vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos que requieren una respuesta urgente y estructural”. “Las condiciones laborales precarias, la falta de acceso a servicios básicos, la discriminación social y la precariedad habitacional no solo afectan la calidad de vida de los y las residentes, sino que también perpetúan un ciclo de exclusión y explotación que socava su dignidad humana”, lamenta el informe anual.

Es fundamental que se implementen soluciones integrales que incluyan la construcción de viviendas asequibles, el acceso a servicios básicos y programas de integración social

Aunque existen “esfuerzos aislados” para mejorar estas condiciones, como Lepe en Huelva y Níjar en Almería, la creación de alojamientos temporales y la intervención de organizaciones locales, así como “la falta de una estrategia integral y coordinada entre las administraciones públicas ha obstaculizado avances significativos”.

El plan estratégico para erradicar los asentamientos informales, “aunque positivo, no ha logrado abordar de manera efectiva la magnitud del problema”. “La insuficiencia de recursos y la falta de infraestructuras adecuadas siguen siendo barreras importantes”, dice APDHA, que concluye que el plan “no puede limitarse únicamente al desmantelamiento de las infraviviendas o a la prohibición y vigilancia para evitar la construcción de nuevas, sin ofrecer alternativas habitacionales reales y dignas”.

“Es fundamental que se implementen soluciones integrales que incluyan la construcción de viviendas asequibles, el acceso a servicios básicos y programas de integración social. De lo contrario, se corre el riesgo de que el plan se convierta en una medida que obligue a las personas migrantes a vivir en situación de calle, perpetuando así la vulnerabilidad y la exclusión social de estas personas”, recoge el informe.

La “cronificación” de la situación

Macarena Olid, vicecoordinadora de la APDHA, ha destacado “el trabajo de campo realizado por el equipo de investigadoras de APDHA”, quienes, “sobre el terreno, han conocido de primera mano la realidad de los asentamientos, han entrevistado a las personas obligadas a vivir en esas condiciones y se han puesto en contacto con las entidades y colectivos que les brindan ayuda y apoyo así como con los responsables de las administraciones públicas que obvian sus obligaciones para con estas personas y miran hacia otro lado mientras se vulneran sus derechos más elementales”.

Carmen Vásquez, una de las investigadoras de APDHA que ha participado en la confección del informe, ha explicado que se ha realizado “un estudio de corte cualitativo que se basa en entrevistas a trabajadores migrantes, personal de las administraciones públicas y ONGs, además de la observación participante en los asentamientos y el análisis de la información proveniente de los diarios de campos de las investigadoras”.

Vásquez ha señalado que “aunque la agricultura intensiva es el motor económico de estas dos provincias, generando grandes beneficios económicos, las condiciones laborales de los trabajadores migrantes son sumamente precarias”. De esta forma, “mientras que en Almería se contabiliza un 22,3% de población extranjera y en Huelva un 10,57%, las cifras reales podrían ser mucho más altas debido a la falta de datos sobre personas en situación irregular”. La investigadora de APDHA ha apuntado que “son muchos los problemas que afronta cotidianamente este colectivo, entre los que destacan infraviviendas construidas con materiales desechados como plástico, cartón o palets, la falta de agua potable, electricidad y saneamientos, la cronificación de la situación para las personas que residen permanentemente en estos lugares, la vulnerabilidad de los niños, mujeres y jóvenes ex tutelados, problemas de salud vinculados a condiciones de vida insalubres, la permanente amenaza de incendios, la dificultad para obtener atención sanitaria o problemas para la escolarización de los menores”.

Vásquez ha cuantificado en “al menos 7.000 personas en Almería y como mínimo otras 5.000 en la provincia de Huelva que viven en estas condiciones que hemos descrito” y ha señalado algunas de las soluciones que APDHA pone encima de la mesa para revertir esta dramática situación: “soluciones habitacionales a partir de la construcción de viviendas sostenibles y accesibles, regularización laboral y mejoras en las condiciones de trabajo, políticas inclusivas con programas específicos para mujeres y niños en situación de vulnerabilidad, un enfoque integral con coordinación entre las administraciones para hacer frente a esta realidad y una supervisión ambiental que establezca controles para minimizar el impacto negativo de la agricultura intensiva tanto en el entorno como en las comunidades afectadas”.