El personal sanitario andaluz confiesa sentirse “atemorizado” ante posibles agresiones generadas por la “frustración”

Los profesionales de la sanidad pública de Andalucía vienen reclamando desde hace años más medios personales y técnicos para evitar agresiones verbales o físicas en los centros sanitarios. Desde 2020, la Consejería de Salud de la Junta tiene puesto en marca el Plan de Prevención y Atención de Agresiones a los Profesionales del SAS, pero la violencia hacia el sector no parece remitir. Una encuesta realizada por el sindicato UGT entre los trabajadores de Atención Primaria de todas las categorías, dada a conocer este jueves, revela que el 55% confiesa sentirse o haber estado alguna vez atemorizado durante el último año en su puesto de trabajo.

Otros datos a destacar de la encuesta son que el 12% ha sido agredido físicamente al menos una vez, o que hasta el 80% lo ha padecido de forma verbal, confesando los encuestados que el nivel de agresividad afecta muy negativamente a su rendimiento laboral. “Hay que recordar que en el 75% de los centros no hay ningún tipo de vigilantes de seguridad y en los que los existe no están todos los días ni todas las horas”, lamenta UGT, que culpa a la Consejería de Salud de “fomentar” las agresiones “con las largas listas de espera que sufren los pacientes, la dificultad para que sean atendidos con suficiente tiempo y que tanta inquietud provoca en la ciudadanía”. “La violencia no está justificada en ningún caso y los ciudadanos deben de saber que nuestros profesionales se encuentran presionados por una Consejería que ni gestiona ni sabe y por otro lado tienen a los pacientes que descargan sobre ellos su frustración”, asegura UGT cuyo líder, Oskar Martín, también aludía el otro día en rueda de prensa a esa “población frustrada” ante el funcionamiento de la sanidad pública.

Entre enero y junio de este año, la Junta ha contabilizado 924 agresiones a sanitarios, de las cuales 205 fueron físicas y 719 no físicas, según datos oficiales de la Consejería de Salud y Consumo tras la consulta de elDiario.es Andalucía en ese sentido. Estas fuentes añaden que la administración está trabajando en el Decreto por el que se crea y regula el Observatorio de agresiones a las personas profesionales del sistema sanitario público de Andalucía, que ha finalizado el trámite de información pública, audiencia e informes.

Dichas fuentes de la Junta dicen que “una de las últimas medidas puestas en marcha son las alarmas individuales que se están implantando en los centros y con las que se están obteniendo buenos resultados”, señalando que actualmente el sistema andaluz de salud dispone de 4.397 cámaras de seguridad, 5.035 timbres de asistencia en consulta, 1.087 consultas dispuestas con interfonos para la comunicación con el exterior, 15.147 terminales telefónicos en las consultas, 3.889 salidas alternativas en los centros sanitarios, 7.361 alarmas individuales y 15.495 dispositivos informáticos con el software antipánico instalado.

De vuelta a los resultados de la encuesta, que UGT ha desarrollado durante los meses de octubre y noviembre de 2024 entre casi 2.000 profesionales de atención primaria acerca de las agresiones que sufren, como les afectan y qué soluciones proponen, “las conclusiones no pueden ser más preocupantes y demuestran el desamparo que sufren ante la creciente ola de violencia sobre ellos, lo desprotegidos que se sienten y la falta de apoyo que sufren por parte de la administración”, explican desde el sindicato.

Pese a esos datos y a esas sensaciones, solo el 6% se da de baja laboral cuando reciben algún tipo de agresión, y solo un 1% se ha dado de baja más de una vez. “Aunque los profesionales sí perciben que se ven sobrecargados por los problemas que secundariamente se producen, no se dan de baja”, concluyen desde UGT.

Sobre si se sienten protegidos o no por la administración, UGT ve “significativo” que casi un 40% no comunica a sus superiores las agresiones y tan solo un 14% llega a interponer denuncia en el juzgado. El 95% de ellos comentan que debería de ser el SAS el que se personase como denunciante en todos los casos, ya que la gran mayoría temen represalias de los agresores si lo hacen de forma personal.

El 80%, de acuerdo a los datos de la encuesta, declara que ese nivel de violencia afecta muy negativamente a su rendimiento en el trabajo y expresan que esta situación se podría paliar con seguridad permanente en los centros, mayor colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad y la colocación de cámaras. En La Algaba (Sevilla) se concentraron el martes los profesionales del centro de salud por una serie de agresiones, denunciadas en este caso por el Sindicato Médico.

Las fuentes de la Consejería de Salud y Consumo y del SAS argumentan que tienen “el mismo objetivo que las organizaciones sindicales: acabar las agresiones al personal sanitario”. “Condenamos cualquier tipo de agresión, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario. Bajo ningún concepto o circunstancia puede justificarse este tipo de actuaciones”, apunta la Junta.

La Consejería de Salud está preparando también un régimen sancionador que se integrará en la próxima Ley de Salud. En este sentido, la nueva normativa en consonancia con la condición de autoridad pública del personal sanitario recogerá un régimen de infracciones y sanciones frente a agresiones al personal sanitario. Detallan las fuentes del SAS que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública es considerada delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en diferentes casos con penas que oscilan entre los 12 meses y los 3 años de prisión.