'Canarias tiene un límite' denuncia una campaña de persecución contra el movimiento

El movimiento Canarias tiene un límite ha denunciado que colectivos ecologistas y sociales en Canarias, incluidos ellos, sufren una “campaña de criminalización y persecución por parte de las instituciones políticas” como respuesta a sus reivindicaciones por la defensa del territorio, el acceso a la vivienda y los derechos sociales.

“Observamos con gran preocupación cómo las instituciones han sustituido la política, el diálogo y el consenso por estrategias de represión”, han indicado este martes en un comunicado.

Canarias tiene un límite ha señalado que el caso más reciente es una sanción impuesta tras la manifestación del 20 de octubre de 2024 en Gran Canaria.

Según el movimiento social, en la sanción interpuesta, “la Delegación del Gobierno acusa falsamente al movimiento de intentar acceder a las instalaciones de dos hoteles”, además de presentar “graves defectos de forma”, como que indique que los supuestos incidentes tuvieron lugar a las 16:30 horas, cuando la manifestación concluyó media hora antes, y que acuse a la persona que gestionó el permiso de manifestación de hacer caso omiso a la policía.

El movimiento ha negado este hecho “rotundamente” y ha asegurado que cuentan con vídeos y testimonios que demuestran “inequívocamente” cómo “durante los altercados, tanto la organización como la persona acusada, instaron a los manifestantes a continuar la marcha y evitar cualquier conflicto con las fuerzas de seguridad”.

Por otro lado, el movimiento ha indicado que en Tenerife, tras la manifestación del 20 de octubre, también se sancionó al movimiento con una multa de 100 euros por la desviación de “una masa que haciendo caso omiso intenta abrirse paso a empujones” fuera del recorrido autorizado, y ha asegurado que estos hechos “tampoco ocurrieron”.

Además, ha denunciado que en Gran Canaria tres activistas recibieron sanciones de 600 euros cada una por participar en “una acción simbólica y pacífica” el pasado mes de junio como parte del movimiento en el Ayuntamiento de Agüimes.

En la nota han señalado que Canarias tiene un límite ha recibido hasta la fecha sanciones por un total de 3.500 euros, un monto que refleja únicamente multas dirigidas al movimiento, sin contar las sanciones que han recibido otros colectivos ecologistas y sociales en Canarias, como las relacionadas con las acciones contra el proyecto Cuna del Alma o el Hotel de La Tejita.

Para Canarias tiene un límite todo esto son “ejemplos claros de la criminalización que enfrentan quienes defienden el territorio y los derechos sociales”, y que “evidencian una estrategia sistemática de sancionar y perseguir a quienes difieren de las políticas predatorias puestas en marcha por aquellos que dicen representar la voluntad e intereses del pueblo canario”.

El movimiento ha denunciado la “incapacidad para dialogar y crear consensos” de las instituciones públicas, que “optan por intentar deslegitimar nuestras acciones mediante multas y acusaciones infundadas”.

Y han exigido “un cambio urgente en la actitud de las administraciones”, las cuales “deberían velar por el bienestar colectivo y garantizar derechos fundamentales como el acceso a la vivienda, la protección del territorio y la calidad de vida”.

“Nuestras demandas no son sino un reflejo del malestar de una población cada vez más excluida y vulnerable ante un modelo turístico insostenible y una crisis de vivienda sin precedentes”, han indicado al agregar que “criminalizarlas implica criminalizar el sentir de una parte mayoritaria de nuestra sociedad”.