Las claves del decreto que endurece las exigencias a las universidades privadas y que celebran las públicas de Canarias

Los rectores de las universidades públicas de Canarias (la ULPGC y la ULL) celebran el nuevo decreto anunciado por el Gobierno central que endurece las exigencias a las universidades privadas. “Nos parece muy razonable que ahora los informes de las agencias evaluadoras sean vinculantes”, expone el regidor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra. “Es una magnífica iniciativa y desde hace tiempo lo venimos diciendo, que hasta ahora había una regulación del año 2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades que tenía varios problemas. Yo creo que lo principal es que había un informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria que no era vinculante. Esto ha permitido que, digamos, hayan surgido iniciativas universitarias con un informe negativo en ocasiones en torno al cumplimiento de esos requisitos”, expone el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García. 

El borrador de decreto en el que trabaja el Gobierno y que ha llegado a las universidades estos días destaca precisamente cuestiones como que se requerirán dos informes preceptivos (uno de la agencia de calidad - ANECA o autonómica - y otro del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, elevado a la Conferencia General de Política Universitaria) para la creación o reconocimiento de universidades. También se refuerzan los requerimientos de sostenibilidad económica. 

Asimismo, el borrador consultado por este periódico aumenta “las exigencias de presencia de la investigación en la actividad de la universidad al considerarla como una actividad consustancial a la propia noción de universidad y de profesorado”. De hecho, “las universidades deberán dedicar al menos un 5% de su presupuesto total a un programa o programas propios de incentivación de la investigación”.

Las universidades deberán captar, en convocatorias, programas y contratos de investigación (I+D+I), incluidas las Cátedras universitarias y la valorización de patentes, como mínimo el equivalente al 2% de su presupuesto total anual en el plazo de cinco años desde el inicio de su actividad.

El proyecto de decreto también regula la enseñanza virtual. Así, se establecen requisitos específicos para aquellas que imparten docencia mayoritariamente virtual como especificar la modalidad en que se impartirá cada título y remarca que por lo menos el 75% del personal docente e investigador debe residir en España, “para garantizar la calidad académica, la colaboración y coordinación del profesorado en la preparación de las asignaturas y el seguimiento del aprendizaje del estudiantado, así como que el nivel formativo y las condiciones del profesorado sean homologables a las del conjunto del sistema universitario español”.

El profesorado con contrato laboral temporal (asociados, visitantes, colaboradores, entre otras figuras) no podrá superar el 8% en efectivos de la plantilla de personal docente e investigador.

Por otro lado, se exigirá que un mínimo del 60% del conjunto del personal docente e investigador doctor o doctora haya alcanzado una evaluación positiva, en los últimos cinco años. Se fija una ratio mínima de personal docente e investigador por estudiante de uno por cada 25, aunque podrá modularse para la enseñanza virtual.

Además, se especifica que en la memoria para la creación de una universidad se deberá incluir la previsión de que en cinco el número de estudiantes matriculados en dichas titulaciones oficiales supere los 4.500. Se trata este de un requisito que no cumplen las universidades privadas que han proliferado en Canarias.

Según los datos del Instituto Canario de Estadística (Istac) de 2023, los matriculados en la Universidad Europea eran un total de 2.134, los de la Fernando Pessoa a 1.259, y los de la del Atlántico Medio a 3.859. No constan datos de la Universidad de las Hespérides, que comenzó su actividad académica en Canarias en el curso 2023-2024 ni el de la TECH. En las universidades públicas, en la ULPGC hay 17. 537 y en la ULL; 20.128.

El borrador también especifica que tanto las universidades públicas como las privadas adquieren el compromiso de disponer de una capacidad mínima de alojamiento estudiantil equivalente al 10% de las plazas de enseñanzas de Grado.

Las universidades deberán disponer de una oferta académica conformada por títulos universitarios oficiales de Grado, de Máster Universitario y de Doctorado y deberán estar representadas como mínimo tres de las cinco grandes ramas del conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura).

El proyecto también recoge que después de cinco años del inicio de las actividades académicas, el estudiantado de Grado (y dobles Grados) deberá suponer como mínimo el 50% del total del estudiantado matriculado en enseñanzas oficiales de dicha institución de educación superior. Esto se debe a la proliferación de universidades que hacen negocio con los másteres.

La universidad pública para garantizar el acceso a la educación superior

El rector de la ULL destaca que con este decreto se pretende “garantizar unos mínimos de calidad. Aquí no se trata de restringir que entren nuevos operadores, pero sí que los operadores que entren, pues lo hagan en unas condiciones mínimas de calidad”. Incide en que hay una serie de cuestiones como la investigación que le parece fundamental, pues las universidades “no son solo academias, sino que además generan conocimiento”.

El rector de la ULPGC, por su parte, indica que “no se trata tampoco de enfrentar a las universidades públicas contra las privadas” sino de la calidad de la enseñanza, de reunir unos requisitos establecidos, “porque si no se convierten en pequeños chiringuitos, y esto no puede ser”, apunta Serra, que añade que “hay universidades en España privadas de calidad”.

“Nosotros lo que queremos es garantizar el acceso a la educación superior independientemente de las condiciones familiares, de renta, de los individuos. Esa es nuestra misión y para eso sí que vemos importante que, paralelamente a esta regulación de las universidades privadas, pues haya un salto importante en el apoyo financiero a las universidades públicas”, insiste el rector de la ULL.

Francisco García destaca que la LOSU recoge que hay que destinar para 2030 el 1% del PIB de las comunidades a las universidades públicas. “En el caso concreto de Canarias, eso implicaría que alrededor de 500 millones”, apunta. “La transferencia que recibimos del Gobierno de Canarias es alrededor de 270, y esto quiere decir que estamos a 230 millones anuales de conseguir ese objetivo”.

“Por tanto, creo que desde el Gobierno Central se hace, se ha anunciado también un apoyo a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pues creo que toca que cada comunidad autónoma también haga lo propio con sus universidades públicas”, insiste el rector de la ULL.

García remarca que el papel de las universidades públicas no es competir con los operadores privados, “sino ser eficaces, eficientes en el cumplimiento de nuestra misión, que es hacer que todos los individuos, independientemente de su posición social, puedan acceder a la educación superior, porque efectivamente se ha demostrado que esta vía es el principal ascensor social del que dispone una sociedad. Yo estoy aquí porque estudié en la universidad pública”, subraya.

También recuerda que la ULL está entre las 15 primeras universidades en el ránking de Shanghái,“ que es el ranking más importante en cuanto a investigación que existe a nivel internacional. Hay que recordar que en España somos casi 100 universidades y en el ámbito de la investigación, pues, estamos entre las 15 primeras”, agrega García.