La lucha por el acceso a la propiedad de las viviendas públicas de Canarias acaba en los tribunales

La lucha por el acceso a la propiedad de las viviendas sociales de Canarias no cesa y ha llegado ya a los tribunales. La presidenta de la asociación Viviendas Sociales en Lucha, que representa a muchos de los más de 3.000 adjudicatarios del II Plan de Vivienda del Archipiélago (1992-1995), ha demandado a la empresa pública Visocan para que le entregue de una vez la VPO de la que es beneficiaria tras cumplir con el requisito de haber abonado el 50% del precio de venta del inmueble. 

La presidenta de la organización, Araceli Refoyo, ha pedido a la justicia que declare que no tiene que desembolsar ni un euro más para hacerse con la propiedad de su vivienda de protección oficial (VPO), de la que es inquilina desde 1997; que no tiene que ceder a Visocan la gestión de la formalización de la escritura e inscripción del mencionado inmueble en el Registro de la Propiedad; y que ha apoquinado ya 77.587 euros en concepto de renta durante todo este tiempo, cuando el precio de venta de la casa es de 37.184 euros. 

La demanda por obligación de hacer contra Visocan fue presentada el pasado verano en los tribunales de Telde. El Juzgado de Primera Instancia Número 3 de la Ciudad de los Faycanes se declaró incompetente para dirimir el caso y consideró que debía resolverse en Las Palmas de Gran Canaria. El Juzgado de Primera Instancia Número 10 de la capital grancanaria lo admitió a trámite. Pero la empresa pública de viviendas sociales de Canarias objetó la competencia de este juzgado para dictar sentencia y ahora la Audiencia Provincial tendrá que determinar quién debe hacerlo.  

Mientras ese procedimiento permanece en punto muerto, Visocan ha demandado ahora a Refoyo por la reclamación de 3.805 euros, cantidad correspondiente al coste mensual del alquiler que la presidenta de la asociación Viviendas Sociales en Lucha no abona desde enero de 2024. La demanda ha sido admitida a trámite en el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Telde. 

Refoyo se ha negado a pagar el alquiler de su VPO desde que recibió en diciembre de 2023 la carta de Visocan que especifica que cumple con el requisito de haber costeado el 50% del precio de venta de la vivienda, cifrado en 18.592,23 euros, para acceder a la propiedad de la misma. La mujer dice que ha destinado un total de 27.697 euros desde finales de 1997 en este sentido, pero que al computar la parte de la renta que ha sido subvencionada cada año (y sufragada por el Instituto Canario de la Vivienda a Visocan), el importe asciende a 77.587 euros. 

Visocan, sin embargo, defiende que el hecho de que Refoyo haya solicitado el acceso a la propiedad “no le exime de su obligación principal como arrendataria de seguir abonando la renta”. La empresa ha preferido no hacer más declaraciones al respecto ante las preguntas planteadas por este periódico. La defensa legal de Refoyo, por su parte, ha pedido que se suspenda la causa hasta que se resuelva el primero de los pleitos, el que todavía no tiene juzgado asignado, al estar ante un incidente de “litispendencia, en donde la sentencia que se dicte en la causa referida [la primera] tendrá efectos perjudiciales en la presente”. 

Un conflicto enquistado

El Gobierno de Canarias aprobó en enero de 2023, cuando estaba liderado por el denominado Pacto de las Flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y ASG), un decreto que permite el acceso a la propiedad de las viviendas calificadas como de protección oficial antes de 1996. Esa norma autoriza la venta de VPO tanto de promoción pública, gestionadas por el ICAVI, como de promoción privada, administradas por la empresa pública de viviendas sociales de las Islas, Visocan. En total, son alrededor de 10.500 casas. 

La gestión de los inmuebles del II Plan de Vivienda de Canarias (1992-1995), cerca de 3.000, recayó en Visocan. Sus adjudicatarios están acostumbrados a pelear en los tribunales por la propiedad de las VPO, pues desde el principio recibieron la promesa del Gobierno de Canarias de que optarían a la compra de las mismas “a medio plazo”, pero tuvieron que pasar casi 30 años para ello. Después de la aprobación del decreto, creían que el proceso de agilizaría. Pero nada más lejos de la realidad. 

La asociación Viviendas Sociales en Lucha, que aglutina a cientos de estos inquilinos, ha presentado reclamaciones ante Visocan, el ICAVI y la Diputación del Común porque consideran que se está dilatando la entrega más de lo debido. Ya avisaron a principios del año pasado, con duros escritos contra la Administración Pública. Continuaron con las protestas delante del edificio de Usos Múltiples II, en Las Palmas de Gran Canaria. Y han dado un paso más con la demanda de Refoyo. 

La presidenta de la plataforma demandó a la empresa después de que esta no respondiera, según dice, a sus alegaciones presentadas el 11 de enero de 2024 (justo después de recibir la carta de liquidación) en las que argumenta que ya ha cubierto más de 50% del precio de venta de la vivienda y no resta nada que abonar, ni siquiera por parte del ICAVI. En esas alegaciones también dice que no aportará ni un euro más al pago del alquiler.

Conviene recordar que el Instituto Canario de la Vivienda está obligado a bonificar en un 50% el precio de venta de las viviendas protegidas de promoción oficial anteriores al III Plan de Canario de Vivienda (1996-1999). En el caso de Refoyo, la presidenta de la asociación afirma que no hace falta porque el coste total del inmueble ya está cubierto. Pero por norma general, el decreto señala que el ICAVI debe sufragar la mitad del importe y entregarle ese dinero a Visocan.

Sin embargo, la institución pública ha reconocido que no consignó ninguna partida presupuestaria para financiar estos gastos en los años 2023 y 2024. Esta redacción ha preguntado a la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Movilidad si habrá partida económica para 2025, pero no ha recibido respuesta. 

Refoyo lamenta que el Ejecutivo regional, pese a ello, continúe ofertando viviendas protegidas de promoción pública, es decir, del ICAVI, mientras Visocan “se niega a soltar” las suyas, pues la compañía “recibe capital de todas las administraciones públicas” para gestionarlas. En 2023, ingresó en torno a 27 millones de euros por las rentas de las 4.500 VPO que administra. Perder ese flujo de ingresos podría suponer un quebranto para la sociedad.