Recelos en la sanidad canaria por la idea de derivar consultas a la privada: “Ya hay saturación en las clínicas concertadas”

Fernando Clavijo (Coalición Canaria) ya anticipó al principio de la actual legislatura que el Gobierno que preside iba a recurrir a la derivación de pacientes a la sanidad privada “sin complejos” cuando fuera necesario. Y ello a pesar de que apenas medio año antes, durante la campaña electoral de 2023, el líder de CC, entonces como candidato, había reprochado al pacto progresista que gobernó en las Islas entre 2019 y 2023, encabezado por el PSOE, haber gastado “cada vez más” en conciertos y haber “impulsado la privatización de la sanidad” por su “incapacidad de gestión” y  su “falta de ideas”. 

La consejera de Sanidad, Esther Monzón, anunció esta semana que su departamento está barajando concertar con la privada consultas de especialidades médicas tras constatar en los datos de cierre de 2024 un nuevo incremento de casi 20.000 personas (de 139.391 a 158.534) en estas listas de espera. La demora ha aumentado de 147 a 154 días. Es decir, la espera media para una cita especializada en la sanidad pública canaria es de cinco meses, la más alta de todo el país.

En la serie histórica que publica el Ministerio de Sanidad desde diciembre de 2012, las Islas nunca habían alcanzado esas cifras ni en número de personas ni en demora media. En todo ese periodo, Canarias siempre ha estado entre las tres comunidades que soportan las mayores esperas. Desde junio de 2023 es la que más demora acumula. Además, hay un dato muy llamativo en comparación con el resto de regiones. En el último lustro, en torno al 90% de las personas que engrosan las listas de consultas en el Archipiélago esperan más de 60 días. La media nacional ronda el 49%.

En la rueda de prensa ofrecida esta semana para presentar los datos de diciembre de 2024, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, y el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Carlos Díaz, presumieron de haber bajado en un 10% la lista de espera quirúrgica (en especial, las superiores a los seis meses) desde su llegada a mediados de 2023. Ambos vincularon este descenso al Plan Activa, que prevé la realización de intervenciones fuera de la jornada ordinaria del personal. En cambio, atribuyeron el aumento en la lista de espera de consultas médicas al “envejecimiento de la población y el incremento de las enfermedades crónicas, unido a que aún afecta el cero asistencial durante la pandemia”. 

El anuncio de Sanidad sobre la concertación de las consultas médicas ha suscitado las críticas y recelos de sindicatos y de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias (ADSPC). Se preguntan, por un lado, si el Gobierno regional ha “agotado todas las opciones” para que la sanidad pública asuma esas listas de espera. Hay que recordar que la Ley General de Sanidad permite los conciertos para la prestación de servicios con medios ajenos a los públicos, pero advierte de que, antes de llegar a ese punto, tendrá que usar de forma óptima los recursos propios.

Por otro lado, albergan dudas de que la sanidad privada pueda recibir a esos pacientes. “En muchas clínicas privadas, por ejemplo en Tenerife el Hospital Parque, el Hospital Quirón o el Hospital San Juan de Dios, y en muchas especialidades, como dermatología, neurología o neurocirugía, hay listas de espera de más de seis meses. Ya están saturadas. Si no se redirige la presión y el esfuerzo, si no se abren consultas en los hospitales públicos por la tarde también y, sobre todo, si los hospitales del sur y del norte (de Tenerife) no empiezan a funcionar como verdaderos hospitales, estamos abocados a un colapso, no se va a dar una oferta que sea suficiente para la población que estamos atendiendo”, sostiene Levy Cabrera, secretario general del Sindicato Médico de Canarias (CESM).

“¿Van a aceptar la mayoría de clínicas privadas ese volumen de pacientes cuando ya con sus seguros, de los que cobran más, están dando esperas de meses?”, se pregunta Guillermo de la Barreda, portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias. Según los últimos datos publicados por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), una fundación que reúne a las principales empresas del sector sanitario privado en España, Canarias es, con un 21,6%, la quinta comunidad con mayor penetración de las pólizas de salud. De la Barreda apunta que más del 60% de los ingresos de las clínicas privadas provienen de estos seguros y el resto, de los conciertos.

El negocio del seguro sanitario privado no ha parado de crecer en Canarias desde la crisis económica de 2008. En 2023 eran 477.578 las personas que tenían póliza en las Islas, cerca de 24.000 más que el año anterior. Ese aumento se tradujo en un incremento de facturación del 10% para las clínicas privadas, de los 353 a los 386 millones de euros. Uno de los factores que explican este “proceso de privatización acelerado”, como ha venido advirtiendo en los últimos años la experta en Economía de la Salud Beatriz González López-Valcárcel, catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), es la elevada lista de espera para programar una cita con un especialista médico en la sanidad pública. Justo lo que ahora la Consejería quiere concertar.

“La medida anunciada no hace más que corroborar el mimo con el que la administración sanitaria mira hacia el negocio de la sanidad privada. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el perfil político que está llevando a cabo este Gobierno, con su Consejería de Sanidad al frente? Generar deficiencias en la pública, infradotándola, y, a partir de esas deficiencias, beneficiar a las empresas dedicadas a la sanidad privada”, sostiene Catalina Darias, portavoz de Intersindical Canaria (IC), que añade que la idea “no es nueva” y que ya en estos momentos se están derivando consultas de especialidades médicas como oftalmología o neurocirugía a las clínicas privadas. “En 30 años la privada se ha nutrido del erario público y no ha sido capaz de solucionar las ingentes listas de espera (de intervenciones quirúrgicas) que, por mucho que intenten maquillar, siguen siendo criminales”, dice.

Juan Navarro, secretario de la Federación de Sanidad de CCOO, señala que su sindicato no está en contra de las derivaciones a la privada para bajar las listas de espera, pero siempre que antes se hayan dado “todos los pasos previos y necesarios” para que el servicio público las asuma. “A fecha de hoy no tenemos datos de si se ha intentado optimizar, si es posible, las jornadas ordinarias de los profesionales o si se han ofertado voluntariedades a los profesionales del Servicio Canario de Salud para bajar esas listas de espera (de consultas médicas) fuera de su jornada ordinaria o si se ha intentado contratar profesionales de las especialidades” donde se producen esas demoras.

En la rueda de prensa ofrecida esta semana, la consejera de Sanidad dijo que el Plan Activa que en la actualidad se ejecuta para desarrollar actividad quirúrgica en horario de tarde se ampliará también para las consultas. El representante de CCOO se pregunta “si hay espacios físicos para ello” y si se ha establecido algún estudio del “absentismo injustificado a las consultas programadas por parte de los pacientes”. “Cuando todo esto se haya estudiado, planificado y ejecutado (u objetivado que no se puede ejecutar), es el momento de plantear derivaciones a centros concertados”, sostiene Navarro.

Consultas y pruebas diagnósticas

Al margen de la capacidad de la sanidad privada para asumir esos pacientes o de la optimización de los recursos propios de la pública, hay otros asuntos que preocupan a las fuentes consultadas. Guillermo de la Barreda expresa sus dudas sobre cómo se van a articular esas derivaciones. “Los protocolos y los conceptos de la intervención en los hospitales privados son diferentes de los hospitales públicos. ¿Van a ser las clínicas las que digan que a este paciente se le tiene que hacer una resonancia, una ecografía o cualquier otra prueba? ¿Y eso significa que el Servicio Canario de Salud tiene que pagar lo que las privadas digan? Si la forma de pago es como quieren las clínicas, es una mina de oro para ellas”, señala el portavoz en Canarias de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, que incide en que las esperas para la realización de pruebas diagnósticas “también se han disparado” en las Islas. Por poner algunos ejemplos, para una endoscopia en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) hay que esperar 527 días, casi un año y medio. Para una resonancia en el Negrín, 209 días.

Juan Navarro (CCOO) introduce otra variable en el debate, el laboral. “Hay clínicas privadas que no son capaces de establecer, renovar y firmar convenios colectivos decentes para con sus trabajadores” pese a que “están teniendo unos beneficios enormes, entre otras cuestiones por las propias derivaciones”. El sindicato denuncia que estas empresas “racanean hasta el extremo subidas salariales y mejores laborales para los profesionales de este sector, como sucede actualmente con el convenio de clínicas privadas de Las Palmas”. “Aquí la administración debería exigir unos estándares de mínimos, de calidad asistencial por un lado, y de condiciones laborales por otro, para con quien concierta”, asevera.

Bajada de la espera quirúrgica

Guillermo de la Barreda y Catalina Darias sostienen que la bajada de la espera quirúrgica en las Islas tiene trampa. “Los pacientes de esa lista provienen de las consultas de los especialistas. Como mínimo el 10% de las personas que están esperando por una cita con el especialista tendrán indicación quirúrgica. En algunas, como en traumatología, prácticamente el 80 o el 90% terminan en intervención. Esto quiere decir que la lista de espera para operaciones está falseada, porque no se está contabilizando a todos esos enfermeros que podrían ir, además de que las pruebas complementarias también están disparadas”, explica el portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública.

La portavoz de Intersindical Canaria se manifiesta en similiares términos. “Hay más de 35.000 canarios en espera de una intervención quirúrgica y más de 150.000 en espera de una consulta para un especialista, con lo cual esa pequeña bajada que argumentan en la lista de espera quirúrgica tiene su principal motivación en que, como el paciente no es visto por un especialista, tampoco continúa su proceso hacia la inclusión en la lista de espera quirúrgica. Y unos por otros, seguimos con la operación de maquillaje de algo que es inhumano, que puede condicionar a familias enteras tanto desde el punto de vista de la salud y la vida como desde el punto de vista socioeconómico”, afirma Darias.

De fondo, todos coinciden en la falta de recursos. “Canarias está a la cola de las comunidades autónomas en el número de camas por habitantes en los hospitales públicos. También en el número de quirófanos. Sin embargo, cuando se estudia el rendimiento de un quirófano en un año, resulta que estamos quintos”, señala De La Barreda. “Hay una parte importante del presupuesto canario para reforzar los hospitales y centros públicos, dotarlos de personal, de materiales y de infraestructuras para que puedan funcionar los 365 días al año y las 24 horas al día, pero en estos momentos un montante de ese dinero se está yendo a la privada no por una cuestión solidaria, ni porque en la privada lo hagan mejor, sino por ese excesivo mimo con el que desde el Gobierno de Canarias se trata a los empresarios de la sanidad privada”, añade Darias.

“Hay que potenciar al máximo la sanidad pública, hay que darle más potencia a la atención primaria, con los médicos de familias y los pediatras. Hacen falta espacios para poder crecer en los centros de salud y atender con más calidad y dando más prestaciones. Por ejemplo, un médico de familia que sepa hacer cirugía menor, que domine el diagnóstico ecográfico, que sepa dermatoscopia y no derive al dermatólogo, ni al cirujano, ni al traumátologo. Hay determinadas cosas que se pueden atender en primaria, pero muchas veces estos profesionales no tienen ni espacio ni tiempo. Lo más fácil es derivar al privado, porque es más cómodo, pero también hay saturación”, concluye Levy Cabrera, portavoz del Sindicato Médico.