La Justicia admite a trámite un recurso de Vox contra la Zona de Bajas Emisiones que proyecta Santa Cruz de Tenerife

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Santa Cruz de Tenerife ha admitido a trámite un recurso del grupo municipal de Vox contra el proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital tinerfeña.

El Ayuntamiento ha remitido el expediente al Juzgado, que ha asumido el recurso después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), instancia a la que había recurrido inicialmente Vox, declarara su falta de competencia para tramitarlo.

El caso fue trasladado al Juzgado Decano de Santa Cruz de Tenerife para su reparto a los juzgados de lo contencioso administrativo.

Una vez admitido a trámite el recurso de Vox, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres ha pedido el expediente al Ayuntamiento y este se lo ha remitido, según ha dispuestos la corporación local en un anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, como ha adelantado el periódico El Día.

Fue aprobado por la Junta de Gobierno municipal en junio de 2024, acuerdo contra el que recurrió el grupo de Vox, que considera que las restricciones previstas podrían ocasionar un impacto económico negativo.

Se trata de un proyecto que deben tener todos los municipios y territorios insulares de más de 50.000 habitantes y cuya redacción fue adjudicada en diciembre de 2022 a la UTE formada por Tema Ingeniería y Wawa Consultores en Movilidad por un importe de 71.751 euros, entidades que también se encargarán de la dirección de las obras.

Incluye la instalación de casi 30 puntos de control de acceso a la ZBE, con cámaras de seguridad y la regulación del aparcamiento. 

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, indicó en su momento que su implantación está sujeta al desarrollo de una ordenanza específica y ha valorado que se están cumpliendo los plazos marcados por la UE tras conceder la financiación necesaria, en su opinión, el único municipio canario que lo ha hecho.ç

Restricciones al tráfico

Este proyecto determina que los vehículos que podrán acceder, circular y estacionar en superficie en la Zona de Bajas Emisiones debidamente rotulados e identificados, con carácter general y sin necesidad de autorización municipal serán los de los servicios públicos esenciales.

Estos incluyen a los cuerpos de seguridad del Estado, Policía Local y agentes de movilidad, extinción de incendios, protección civil y salvamento, ambulancias, otros servicios de emergencias y grúa municipal, vehículos de seguridad privada y los vehículos que usen los profesionales del servicio de salud.

Estarán autorizados los vehículos de empresas y autónomos cuya actividad empresarial, profesional o comercial se ejerza en un local u oficina ubicada en el interior de la Zona de Bajas Emisiones, o se desarrollen en los mercadillos municipales situados en dicha zona, y los de las personas invitadas por estos según el procedimiento reglamentario que se establezca, cuyas necesidades de movilidad así lo exijan.

Tendrán permiso para acceder los vehículos que accedan a consultas y tratamientos médicos, y a centros veterinarios cuyas necesidades de movilidad así lo exijan.

También los vehículos comerciales que se adecuen a las restricciones de distintivo ambiental establecidas en cada periodo a lo largo del tiempo destinados a la distribución urbana de mercancías y en horarios establecidos según ordenanza reguladora.