Hace tan solo siete días te contaba en este mismo espacio que el Gobierno de Cantabria estaba instalado plácidamente en el letargo, pasando por la legislatura casi de puntillas, sin pena ni gloria, con el único objetivo de llegar a 2027 en disposición de pelear por una mayoría absoluta que, entonces sí, les dejara las manos libres para poner en marcha su verdadera agenda ideológica y practicar las políticas con las que se sienten más cómodos.
Pues bien, parece que la paciencia tampoco va a ser una virtud en este Ejecutivo, porque en tan solo una semana se han sucedido los acontecimientos y hemos podido vislumbrar lo que nos espera en un futuro no muy lejano. Y es que la autodenominada Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria se ha convertido en algo más que un proyecto de legislatura para el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga. Con el mantra de reducir la burocracia, el PP ha hecho de esa norma un cajón de sastre en el que cabe todo y que parece casi su programa de gobierno.
Con unas prisas muy poco recomendables y bastante sospechosas, quieren despachar en un solo trámite parlamentario toda una batería de medidas en las que subyace, principalmente, el deseo de liberalizar el suelo, facilitar la construcción casi bajo cualquier pretexto y poner el cartel de 'SE VENDE' en cualquier parcela que pueda seducir a los promotores y constructores de turno. Es una modificación encubierta de la Ley del Suelo, otra más, pero por la puerta de atrás, hurtando el debate y aprobando esas reformas a través de enmiendas parciales a otra ley que poco tiene que ver con el contenido real de los cambios que se pretenden hacer.
Hay una prueba irrefutable de esto, que no es otra que el protagonismo indiscutible que está teniendo en la redacción de esta ley el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Roberto Media se ha erigido en portavoz ('portacoz', según la oposición) del Gobierno en esta materia, apartando de forma muy elocuente a Isabel Urrutia, la supuesta consejera de Simplificación Administrativa, de la que nada se sabe.
Todavía no sabemos si el acercamiento del PP y Vox en Cantabria es un hecho puntual o marca una tendencia, porque podría suponer también un giro hacia postulados mucho más radicales en lo que queda de legislatura
¿Utilizar un atajo para que se pueda construir vivienda libre en un PSIR (Proyecto Singular de Interés Regional) destinado a promover un polígono industrial, por ejemplo, qué tiene de simplificación administrativa? ¿Modificar la gestión del Parque Natural de Oyambre para que se puedan habilitar espacios para autocaravanas qué tiene de simplificación administrativa? ¿Introducir cambios en el Plan de Ordenación del Litoral que actualmente protege nuestras costas (después de tantísimos pelotazos en el boom del ladrillo) qué tiene de simplificación administrativa? Son solo algunos de los ejemplos más flagrantes, que nos llevan a una pregunta aún más importante: Si todas esas modificaciones son imprescindibles, ¿por qué no las incluyó el Gobierno de Cantabria en el proyecto de ley que envió al Parlamento y se introducen ahora como enmiendas parciales por el propio Partido Popular que sostiene al Ejecutivo?
Con la finezza que le distingue, Media ya ha salido a tachar de “mentirosos”, “catastrofistas” y “exagerados” a todos aquellos que se atreven a cuestionar sus postulados en materia urbanística. Se ha encargado personalmente de la negociación con la extrema derecha para sumar sus votos a favor de esta 'norma Frankenstein', ha introducido decenas de modificaciones que debería tramitar directamente desde su departamento y hace de parapeto para que la presidenta no tenga que entrar al barro en el que él se desenvuelve tan cómodamente.
El principal damnificado de los improperios del consejero ha sido en este caso el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, y aquí entra otra clave que no debemos perder de vista. El Partido Popular ha conseguido atraer a Vox para sacar adelante esa futura Ley de Simplificación Urbanística (perdón, Administrativa, en qué estaría yo pensando…) y parece que los regionalistas han perdido su papel de socios 'preferentes' del Gobierno de Buruaga. Veremos si es un hecho puntual o marca tendencia, porque podría suponer también un giro hacia postulados mucho más radicales en lo que queda de legislatura. De un solo movimiento, tendríamos vicepresidente y portavoz in pectore y una futura coalición de Gobierno con la extrema derecha.
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