El Gobierno publica las nuevas condiciones para Muface y da a las aseguradoras hasta el 4 de marzo para sumarse

Muface ha publicado este viernes en el portal de contratación las nuevas condiciones para convencer a las aseguradoras de que sigan prestando asistencia sanitaria privada a los funcionarios y sus familias. El documento de rectificación de la propuesta anterior, disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público, confirma el incremento de la prima, hasta el 41% en tres años, anunciado por el Ejecutivo y que tanto Adeslas como Asisa habían recibido de buen grado. Tanto estas, como el resto de compañías, tienen ahora hasta el 3 de marzo para concurrir al concierto.

“El importe total del presupuesto del contrato, una vez modificado el precio, asciende a 4.808,5 millones de euros, 1,276,5 millones de euros más que el concierto vigente, teniendo en cuenta que en dicho importe se incluyen las cantidades abonadas por la contuidad del servicio”, indica la mutualidad en un comunicado, en el que garantiza que “tanto los titulares como los beneficiarios continuarán recibiendo la misma asistencia sanitaria que disfrutan con las condiciones actuales”, gracias a una prórroga forzosa del concierto actual, que caducaba el 31 de enero.

Este es el tercer intento del Ministerio de Función Pública de que las compañías privadas acepten continuar en la mutualidad, tras meses de tensión. El Gobierno aprobó en octubre la primera licitación que, por primera vez en la historia de Muface, quedó desierta, pese a una subida del 17% de la prima.

Tras el plantón de las compañías, el Consejo de Ministros aprobó en diciembre una nueva oferta, con un incremento acumulado del 33,5% en tres años. Durante semanas, el ministerio que dirige Óscar López ha mantenido conversaciones tanto con Adeslas, que llegó a confirmar que no se presentaría a la licitación con esas condiciones, como con Asisa, las dos compañías que actualmente prestan asistencia sanitaria a la mayor parte de funcionarios que optan por el seguro privado frente a la sanidad pública, para que se sumaran al concierto.

Fruto de esas negociaciones, el Ministerio suspendió el 25 de enero el plazo de presentación y anunció que modificaría los pliegos para incluir “correcciones”. Esas correcciones se concretan ahora sobre el papel: donde decía 4.134 millones de euros, ahora dice 4.429. Estas cifras, señala el documento, son sin impuestos. En total, el incremento presupuestario asciende a unos 330 millones de euros.

Ya entonces Adeslas señaló que estaba dispuesta a “reconsiderar” su posición y que “daría los pasos necesarios para dar continuidad de forma favorable a su presencia en Muface”. Cuando el Ministerio de Función Pública anunció una subida del 41% de la prima, tanto esta compañía, integrada en el Grupo Mutua Madrileña y participada por CaixaBank, como Asisa, indicaron que veían “viable” la continuidad de la mutualidad.

Las aseguradoras llevan años denunciando la “infrafinanciación” del modelo. Además, en los últimos años han reclamado que se las compense por los costes no previstos debidos a situaciones sobrevenidas, como la pandemia de covid o la crisis inflacionista a causa de la invasión rusa de Ucrania. El Gobierno llegó incluso a abrirse a compensarlas. En una respuesta a Asisa, aseguró que “en caso de darse circunstancias excepcionales, es perfectamente aplicable la doctrina del riesgo imprevisible a pesar de no estar contemplado expresamente en el clausulado”.

La publicación en el portal de contratación llega el mismo día que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado que denunciará ante la Fiscalía General del Estado la “suspensión de la asistencia sanitaria por parte de las aseguradoras a los mutualistas de Muface”. Pese a que reciben “diariamente centenares de quejas de mutualistas a quienes se les están anulando citas, tratamientos e intervenciones quirúrgicas”, este sindicato ha sido el más combativo por el mantenimiento del modelo, que permite actualmente a 1,5 millones de personas, entre funcionarios y familiares, disfrutar de un seguro privado pagando con fondos públicos.