El Gobierno de Pradales acordó en diciembre una inyección de otros 15 millones para las ambulancias privadas

El Gobierno de Imanol Pradales aprobó el 3 de diciembre, en su reunión semanal, una modificación de los presupuestos de 2024 para incrementar en 15 millones el dinero destinado al servicio de ambulancias externalizadas. Esa decisión no fue incluida en el resumen que se facilitó a los medios de comunicación ni comentada en la rueda de prensa de la portavoz, María Ubarretxena. Esa inyección de dinero con cargo a “remanentes” estaba destinada a financiar los nuevos contratos de transporte sanitario urgente y programado de Bizkaia y Álava ya que, semanas atrás, se había rescindido la adjudicación vigente con la cooperativa catalana Grup La Pau por una cascada de irregularidades. Pero también a atender las mejoras para el personal —también el de Gipuzkoa— derivadas de la entrada en vigor, igualmente en noviembre, del nuevo convenio colectivo del sector.

La información sobre esta inyección económica extraordinaria —posiblemente la más cuantiosa acordada por el Ejecutivo de Pradales después de los 67 millones para la escuela concertada tramitados como modificación legal en el Parlamento en esas mismas fechas— ha sido entregada al Parlamento Vasco a instancias de solicitudes de control realizadas por EH Bildu en relación a la situación de la controvertida contrata de ambulancias. En los informes consta un documento de la consejera-portavoz, María Ubarretxena, que certifica el “acuerdo de ampliación del crédito global con cargo a remanentes de tesorería para atender las necesidades crediticias del Departamento de Salud en el ejercicio 2024 al objeto de financiar el nuevo contrato de emergencia del transporte sanitario y el cumplimiento del nuevo convenio colectivo” y que está fechado el 3 de diciembre.

Semanas atrás, Salud había decidido rescindir los contratos con Grup La Pau, que gestionaba el servicio urgente y programado tanto en Álava como en Bizkaia. Aunque hasta el verano se había destacado la solvencia de esa compañía, se terminó por asumir que acumulaba medio centenar de sanciones de la Inspección de Trabajo y otras infracciones. Por la vía de urgencia se eligió a la UTE de nombre Bizkanb para Bizkaia —liderada por Sanir (Alsa) y en la que participa Baztan/Bidasoa— y extender a Álava el servicio de Ambulancias Gipuzkoa, que operaba en ese territorio a satisfacción. Sin embargo, en las memorias elaboradas en ese expediente se alude a que el presupuesto ordinario para ambulancias de 2024 se iba a quedar “insuficiente” para “cubrir” los costes del servicio y se estimaba el dinero adicional necesario en 15 millones, 9,5 para Bizkaia, 3 para Gipuzkoa y 2,5 para Álava. Olatz Bolinaga, directora de régimen jurídico del Departamento de Salud, recogía también en un informe previo a las nuevas adjudicaciones que no constaba la autorización del Consejo de Gobierno, obligatoria para todas las modificaciones presupuestarias de más de 5 millones de euros.

Finalmente, ese trámite se solventó semanas después de la llegada de las nuevas empresas. Fuentes de Hacienda indican que toda la tramitación se ajustó al procedimiento establecido. Este periódico ya publicó que se había acordado con Bizkanb y Ambulancias Gipuzkoa un gasto de 110 millones de euros hasta que finalice esta contratación extraordinaria, en enero de 2026. Ahora se detalla que, además de mejorar el canon a las empresas, se han tenido en cuenta las nuevas disposiciones del convenio, que implican un pago retroactivo del 5% del salario correspondiente a 2023, subidas de entre el 3,5% y el 6% en 2024, 2025 y 2026 y otras mejoras económicas y laborales. En principio, son las nuevas empresas las que han asumido los costes que le correspondían también a Grup La Pau.

La Administración ya ha dejado claro que saldará las deudas que ha dejado la compañía catalana con las fianzas que había constituido al ir recibiendo adjudicaciones. Tras la rescisión de la contrata, se dio la orden de “incautar” ese dinero. En detalle, esas garantías ascienden a 12 millones de euros. El principal avalista es otro organismo público, el Institut Català de Finances, adscrito a la Generalitat, y que tiene expuestos 5,5 millones más otros 0,5 de la filial Avalis.