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El metro de Donostialdea alcanza ya un sobrecoste del 18% y se retrasa su puesta en marcha hasta 2026

La consejera Susana García Chueca y el alcalde de Donostia, Eneko Goia, en una visita a las obras

Iker Rioja Andueza

Vitoria —

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En un informe enviado al Parlamento Vasco, la consejera de Movilidad, Susana García Chueca, informa de que las obras de la denominada pasante soterrada del metro de Donostialdea, una actualización del servicio actual del Topo de Euskotren para ganar en frecuencias y usuarios, se presupuestaron en 181,5 millones y que ahora alcanzan ya los 214,8 certificados, casi un 20% más. Asimismo, la fecha prevista inicial de inauguración, 2022, queda ya muy atrás en el tiempo. La nueva promesa es 2026, orillando también que hace dos años el anterior consejero, Iñaki Arriola, hablaba de 2025.

García Chueca ha ofrecido datos sobre la renovación del Topo en respuesta a una petición de información de la parlamentaria de EH Bildu Amancay Villalba. El Gobierno admite que “resulta muy difícil estimar el coste final” de la infraestructura por su “envergadura” y “complejidad”, pero asume que se superará con claridad el presupuesto inicial, de 181,5 millones de euros. De momento, hasta diciembre de 2024 se habían abonado ya 177,42 millones y “existe una serie de gastos pendientes” de 37,3 millones, “lo que hace un total de 214,8 millones de euros de obra certificada”.

En detalle, el tramo de Lugaritz-Miraconcha tenía un presupuesto de licitación de 49,3 millones y está actualizado a 47,4. Se dio por finalizado en 2022. La primera fase del Miraconcha-Easo se licitó en 71 millones y se ha quedado en 49,2, pero la segunda se planteó con 50,9 millones y el total rondará los 90,6. En cuando a los ascensores, costarán 2,2 millones. Y las escaleras 6,7. En enero se informó de que los 4,2 kilómetros de esta variante ferroviaria, donde habrá tres paradas, precisarán de “8.400 metros de vía”, es decir, “907 toneladas de acero y un total de 10.500 traviesas de hormigón”.

¿Qué ha ocurrido en estas obras? La consejera explica que hubo que rescindir el contrato de obra civil del tramo Miraconcha-Easo “con motivo de las dificultades sobrevenidas debido a la aparición de roca kárstica”. De hecho, aparecieron socavones en el centro de la ciudad. Hubo que modificar el sistema de tunelado. En 2020 y 2021 se modificó el contrato para incorporar “nuevas técnicas de excavación más seguras y tecnológicamente más avanzadas”. La UTE contratista (integrada por Sacyr, Cavosa, Campezo, Mariezcurrena y Zubieder, según el portal de transparencia de la Administración) recibió una indemnización de 0,8 millones de euros como compensación, un 3% de las “obras resueltas”.

El gestor de infraestructuras ferroviarias (ETS, Eusko Trenbide Sarea) también “ha incorporado” nuevos contratos de vía y conexión a Morláns, un ascensor en Easo “para facilitar el acceso” de los barrios altos al metro, “señalización provisional” en Morláns y también un “enclavamiento” en la estación de Colón de Irún para mejorar la eficiencia de toda la red unido a la eliminación del “fondo de saco” en Amara. Con ello, se podrán “mejorar frecuencias”, opina la consejera. Los nuevos contratos son “algo más” de 13 millones de inversión adicional.

El informe del Gobierno apunta a que “se han recibido 412 reclamaciones” ciudadanas por las incidencias de estas obras. Dice la Administración que no ha incurrido en “gasto alguno” ya que las han cubierto los seguros. Este periódico informó en 2021 que las empresas habían abonado cantidades de entre 42,60 y 1.765 euros a los vecinos afectados aunque siempre con la condición de no volver a denunciar. Además de la UTE de Miraconcha, también tuvo que poner dinero otra UTE compuesta por Viuda de Sainz, Comsa y Moyúa.

En todo caso, sí se concreta que las empresas contratistas han reclamado 3,6 millones por las paradas del trabajo en horario nocturno “con el fin de preservar el descanso de los vecinos” de las zonas cercanas. Como no se han sobrepasado los límites del decreto de contaminación acústica, alega el Gobierno, ha habido que compensar a las contratistas.

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