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El viento cambia de dirección: la Justicia señala ahora a EH Bildu en el caso de Valogreene Paper en Bergara

Visita de una delegación del Ayuntamiento de Bergara, incluido el alcalde Gorka Artola, a la palnta de Valogreene Paper en Elche

Iker Rioja Andueza

Vitoria —

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El viento ha cambiado de dirección. Si hace unas semanas dos instancias judiciales diferentes archivaron las causas penales contra la consejera Amaia Barredo y el también alto cargo Javier Aguirre Orcajo, ambos del PNV, por haber autorizado el proyecto Valogreene Paper de Bergara cuando eran altos cargos de Medio Ambiente en el equipo de Arantxa Tapia a pesar del criterio contrario del Ayuntamiento de la localidad, en manos de EH Bildu, ahora la Justicia ha emitido una sentencia en la que, precisamente, afea al alcalde de Bergara, Gorka Artola, haber cambiado de postura y haber denegado la autorización municipal al proyecto después de haberla concedido inicialmente.

Valogreene Paper es una planta de tratamiento de residuos papeleros. En 2021, recibió el visto bueno inicial de EH Bildu en Bergara pero, meses después, se emitió un dictamen en sentido contrario. Atendiendo a la alerta de asociaciones como Ekologistak Martxan, se interpretó que el proyecto inicial presentado era diferente al que verdaderamente se planeaba y se dictaron varias resoluciones en ese nuevo sentido. La empresa promotora, Greene Waste to Energy, presentó un recurso contencioso-administrativo contra ese cambio de postura -plasmado en varios decretos- y ahora ha logrado que un juzgado de Donostia le dé la razón, según una sentencia de 43 páginas a la que ha tenido acceso este periódico. También condena en costas al Ayuntamiento de Bergara: 300 euros más IVA.

La resolución, firmada por el magistrado Gonzalo Pérez Sanz, sostiene que las actuaciones municipales no fueron “ajustadas a derecho” después de haber emitido un primer informe favorable a Valogreene Paper. Eso sí, este procedimiento no resuelve el fondo del asunto. El juzgado de Donostia recuerda que existe abierto un contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia que revisa si la autorización del Gobierno vasco fue correcta o, dicho de otro modo, si realmente Valogreene Paper engañó con una primera propuesta luego modificada. Ha sido instado por Ekologistak Martxan, por el propio Ayuntamiento y por dos particulares. Esas autorizaciones las firmaron Barredo, entonces viceconsejera, y Aguirre Orcajo, director. Que no haya para ellos responsabilidad penal no prejuzga el sentido de la resolución de lo contencioso-administrativo.

La sentencia de Donostia, en todo caso, es un balón de oxígeno para el PNV, que perdió en 2019 la alcaldía de la localidad guipuzcoana a favor de EH Bildu. Cuando la ahora consejera Barredo estaba acusada de un delito de prevaricación, la presidenta del partido en Gipuzkoa, María Eugenia Arrizabalaga, llegó a escribir que quizás quien había podido cometer el ilícito penal era Artola. En cuanto a la empresa, Greene Waste to Energy, argumenta que el Ayuntamiento se opone al proyecto y que, por ello, no ha dudado en actuar con una “clara desviación de poder” y “arbitrariedad” contra él.

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