El infierno en la prisión de Palma: internos con depresión en aislamiento y un 35% medicado con psicofármacos
En un informe de algo menos de veinte páginas la prisión de Palma aparece retratada como un espacio con tantos excesos como carencias. El lugar olvidado en el que, como denuncian desde hace tiempo algunas entidades, la salud mental no es sólo una asignatura pendiente, sino el muro contra el que van a estrellarse muchos de los allí encarcelados. Un centro con una “flagrante escasez de personal” para la atención psicológica y sanitaria que ha derivado en la falta de terapias individualizadas y de otros tratamientos alternativos y que, según denuncia el Defensor del Pueblo, se ha suplido con una “tendencia al abuso” de la medicalización. Tanto que desde Instituciones Penitenciarias reconocen que un 35% de los internos tiene prescrito algún tipo de psicofármaco.
Cuando los inspectores visitaron “sin previo aviso” el centro penitenciario, el psiquiatra no estaba. No era una excepción. “Solamente acude una vez a la semana”, constataron en su expediente. Y ni siquiera todas las semanas: “Sólo tres al mes”, detallan fuentes oficiales. Una frecuencia que el Defensor del Pueblo considera “insuficiente” para una población que supera los 1.000 reclusos. “Se debería contar como mínimo con un psiquiatra y un psicólogo clínico a tiempo completo”, reclama.
Porque de hecho, pese a que la prisión cuenta con seis psicólogos, las tareas que desempeñan “no tienen que ver con el tratamiento de personas con problemas de salud mental, sino, en la mayoría de los casos, con la valoración de cuestiones prácticas en relación con el tratamiento penitenciario”, según denuncia el organismo. Es más, ni siquiera se les considera oficialmente como parte del área sanitaria: pertenecen a los equipos técnicos, realizan una valoración de los internos cuando ingresan y colaboran en los programas de intervención grupal –en los que la participación de los reclusos siempre es voluntaria-, como aquellos destinados a los condenados por violencia de género. El seguimiento individual es “puntual”. La terapia personal no existe.
“Es un problema sistémico. Hay internos allí que no pueden tener el tratamiento que merecen. Y las entidades suplimos esa falta de servicios y atención. Hemos protestado muchas veces, yo mismo se lo he dicho al director, y nos dan la razón, pero nos dicen que los médicos no quieren venir”, asegura el delegado de Pastoral Penitenciaria en Mallorca, Jaume Alemany.
El propio informe lo corrobora. La relación de puestos de trabajo de la cárcel contemplaba nueve plazas para personal facultativo. La primera vez que el Defensor del Pueblo visitó el centro contaban con siete médicos. La segunda, únicamente con dos. Una “flagrante escasez de personal cualificado” que, lógicamente, revierte en la salud de los reclusos. De hecho, también señala que la mayoría de talleres y actividades que se realizan dentro de la escasa atención a la salud mental que se presta “se delegan principalmente en el tercer sector”. Sólo Pastoral Penitenciaria tiene treinta voluntarios dedicados a este fin.
Las diferentes fuentes consultadas señalan como una de las causas de esta situación el incumplimiento de la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud que preveía la transferencia a las comunidades autónomas de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias y daba un plazo de 18 meses para ejecutarla. Veintidós años después sólo se han transferido en Catalunya, País Vasco y Navarra, pese a que el Gobierno reconoce que se trata de una “prioridad”. Balears sigue a la espera.
“Es una reivindicación histórica y nunca he acabado de entender por qué no se ha materializado. Permitiría equiparar al personal sanitario con el del IB-Salut (el servicio balear de salud) en la atención primaria. Ahora mismo las condiciones de quienes ejercen en el centro penitenciario son peores y, además, coincide con un momento de alta demanda de profesionales en el sistema público que hace que, efectivamente, se entre en competencia y pocos quieran ir. Y hablamos de un personal que es fundamental para una prisión porque tiene una población con mayor fragilidad y riesgos.”, afirma Carles Recasens, psiquiatra y presidente del Colegio de Médicos de Balears (COMIB).
Mientras Recasens asegura desconocer los motivos por los que el Govern no ha cumplido con lo previsto en la ley de 2003, Alemany no duda en apuntar a la falta de interés político. “La cárcel no da votos ni rédito. No interesa, ni a los políticos ni a la sociedad. Si saliera un partido que incluyera en su programa electoral una mención al cuidado de la población reclusa nadie le votaría. A nosotros mismos nos pasa que cuando realizamos algunas de nuestras actividades nos dicen ‘y encima se los llevan a la playa’, cuando la realidad es que es parte de su terapia”, explica.
La cárcel no da votos ni rédito. No interesa, ni a los políticos ni a la sociedad. Si saliera un partido que incluyera en su programa electoral una mención al cuidado de la población reclusa nadie le votaría. A nosotros mismos nos pasa que cuando realizamos algunas de nuestras actividades nos dicen ‘y encima se los llevan a la playa’, cuando la realidad es que es parte de su terapia
Medicalización “sistemática”
Las consecuencias de esta falta de recursos son múltiples. La más evidente, subraya el Defensor del Pueblo, es la desatención al “potencial daño a la salud mental” que genera “el régimen de vida en la prisión”. En 2023 el Libro Blanco sobre la atención sanitaria a las personas con trastornos mentales graves en los centros penitenciarios de España –elaborado por la Sociedad Española de Psiquiatría Legal y la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria- indicaba que ocho de cada diez reclusos presentarán un trastorno mental a lo largo de su vida.
La más grave es que ha derivado en una inclinación “sistemática a la medicación” por la “ausencia de posibilidad de administrar otro tipo de tratamiento”. Tanto es así que a mediados de 2024 un 41,5% de los 1.023 internos de la cárcel de Mallorca tenía prescrito algún tipo de psicofármaco. De esas 405 personas, 168 recibían antipsicóticos.
A mediados de 2024, un 41,5% de los 1.023 internos de la cárcel de Mallorca tenía prescrito algún tipo de psicofármaco. De esas 405 personas, 168 recibían antipsicóticos
Desde Instituciones Penitenciarias reconocen la situación. De hecho, afirman que gracias al Plan Reduce para el uso racional de medicamentos –que busca, entre otras cosas, “adaptar las pautas generales a las características de cada paciente”-, el porcentaje de internos medicados con psicofármacos se ha reducido hasta el 35%. Los que continúan, subrayan, siempre lo hacen “atendiendo a los criterios médicos” del psiquiatra.
Para el Defensor del Pueblo las conclusiones y efectos son otros. Sostienen que estas cifras demuestran “una tendencia al abuso de psicofármacos prescritos” y la “psiquiatrización de alteraciones de conducta no patológicas”, como ciertas alteraciones del comportamiento. “Sobre todo cuando tienen un componente disruptivo social o reivindicativo”, apostillan. “Es decir, que se estaría utilizando medicación psicotrópica, prescrita por sanitarios, para objetivos distintos a los sanitarios y terapéuticos. Esto constituiría una perversión de la labor médica”, aseguran.
Su deducción se basa en varios aspectos. Por un lado en que, según las cifras oficiales, dentro del Programa de atención integral a enfermos mentales (PAIEM) de la prisión mallorquina se encontraban únicamente 36 internos: 33 hombres y 3 mujeres. Una cifra muy alejada del porcentaje que está medicado; por lo que consideran que se están prescribiendo medicamentos “incluso a aquellas personas internas que no cuentan con diagnóstico clínico en salud mental”. Además al menos una reclusa entrevistada denunció que no tenía “seguimiento ni psiquiátrico ni psicológico” en la cárcel pese a que tenía prescrito “un antipsicótico a dosis considerables” y a que había estado en seguimiento por salud mental antes de su encarcelamiento.
El Defensor del Pueblo considera que se están prescribiendo medicamentos 'incluso a aquellas personas internas que no cuentan con diagnóstico clínico en salud mental'. Además, al menos una reclusa denunció que no tenía 'seguimiento ni psiquiátrico ni psicológico' en la cárcel pese a que tenía prescrito 'un antipsicótico a dosis considerables
Riesgo de sobredosis
Otro de los problemas derivados de esa presunta medicalización excesiva es la dificultad en la administración correcta de los fármacos. Los más de 300 internos medicados “precisan supervisión en cada una de las tomas todos los días del año”. Una tarea que resulta “absolutamente inabarcable” con el personal disponible. “Los enfermeros encargados reconocen no estar llevándola a cabo más que en algunos casos específicos”, recoge el informe. Una situación que aumenta el riesgo de sobredosis por abuso de psicofármacos, ya que en ocasiones la dispensación es semanal.
Esta responsabilidad ha recaído en dos enfermeras que gestionan un programa piloto de salud mental, “con el objetivo de paliar las carencias del PAIEM”. Pese al “encomiable trabajo” que el Defensor del Pueblo les reconoce, en el expediente muestran su preocupación por que estén asumiendo unas obligaciones “superiores a sus competencias, llegando a ponerse en riesgo su profesionalidad para beneficiar a los pacientes”. Además, pese a que el organismo recomendó a la prisión que tuvieran “posibilidades y facilidades” para realizar formación oficial en salud mental –más allá de pasar consulta con el psiquiatra en sus visitas-, esta recomendación fue “rechazada” por el centro.
Para el presidente del COMIB, esta situación resulta preocupante. “Es fundamental que los pacientes tengan no sólo un buen diagnóstico, sino también una buena prescripción y dispensación de los fármacos, sobre todo porque estamos ante una población de más riesgo. Pero, además, no se puede aceptar que la falta de personal lleve al intrusismo o a que otro tipo de profesionales asuman responsabilidades y competencias por encima de lo que les corresponde”, asegura.
Otro “esfuerzo adicional” que han contraído es su intento de que, como establece la normativa, los internos con un diagnóstico de alteración del pensamiento no ingresen en régimen de aislamiento. En 2012 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al estado francés por haber impuesto una sanción de 45 días de aislamiento a un interno que sufría depresión y que acabó suicidándose, al considerar que no se había valorado el riesgo que suponía para su salud mental.
Pese a que se trata de un derecho “ratificado y protegido”, el Defensor del Pueblo detectó su “incumplimiento sistemático” en la cárcel de Mallorca, según concluyó a partir del testimonio de profesionales y directivos del centro. De hecho, su informe asegura que en “múltiples ocasiones” los médicos han aprobado la entrada de reclusos en aislamiento “para cumplir sanciones” y que en una de sus visitas “la mayoría” de quienes estaban en dicho régimen “cumplía criterios de síndrome depresivo mayor”.
Después de una primera queja oficial, el centro penitenciario se comprometió a recoger “de forma más detallada” el estado y la evolución sintomatológica de los pacientes bajo tratamiento psiquiátrico para poder hacer “un seguimiento más preciso”. Sin embargo, el organismo detectó que este punto se seguía incumpliendo y, poco después, reiteró su demanda.
“La prisión es un reflejo de la calle, pero allí se agravan y se ven más los problemas. Es un mundo muy complejo y desconocido y con mucho sufrimiento. Es un parche para un momento, pero si los internos no reciben el tratamiento que necesitan saldrán peor de lo que estaban. Es necesario que dignifiquemos el espacio y que las personas que están allí recobren la dignidad”, plantea Alemany.
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