El juez apunta por primera vez al “impacto colateral en Doñana” de los pozos ilegales de la Casa de Alba

El último auto del juez que lleva el caso de los pozos ilegales de la finca Aljóbar, una propiedad de la Casa de Alba ubicada en el municipio sevillano de Aznalcázar, no sólo continúa con la instrucción y cita como investigado a Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga, sino que por primera vez establece una conexión con Doñana de estas extracciones sin licencia. De hecho, considera que el “daño sustancial al medio ambiente” provocado por estas captaciones tiene un “impacto colateral en el parque nacional de Doñana y en su avifauna”.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) se apoya para ello en el contundente informe realizado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que calcula en hasta 6.600 millones de litros los recursos que se han extraído ilegalmente, lo que habría producido un daño ambiental cifrado en seis millones de euros. Es más, esta investigación concluye que el impacto provocado puede ser “irreversible”.

Por ello, en el auto se califica por primera vez lo ocurrido, ya que la causa se puso en marcha por una denuncia de la Fiscalía por un delito ambiental y otro por desobediencia. El magistrado señala en este sentido que los hechos investigados “serían constitutivos de un posible delito contra el medio ambiente tipificado en el artículo 325 del Código Penal”, que en el peor de los casos prevé penas de hasta cinco años de cárcel, multa de ocho a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.

Los pozos, según la primera diligencia de la Guardia Civil, estaban ocultos en zonas de difícil localización y tapados con malla verde, lo que dificultaba hasta su detección por satélite. Casi todos tenían más de 30 metros de profundidad, alcanzando uno de ellos los 34,6 metros.

Dos veces en uso sin permiso

La causa se puso en marcha en 2023 tras la denuncia de antiguos trabajadores de esta finca junto a Doñana, que alertaron de la existencia de pozos ilegales en Aljóbar. La hacienda cuenta con licencia para un pozo de riego, pero la Guardia Civil descubrió otros ocho que extraían agua, procediendo a su clausura por orden judicial pese a que la empresa alegó que nunca usó más recursos de los autorizados. Meses después, en mayo de 2024, se levantó esta medida provisional, pero en noviembre fueron cazados de nuevo en pleno funcionamiento, lo que llevó a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, dependiente del Gobierno central) a cerrarlos de nuevo por vía administrativa.

El juez ahora no sólo avala este paso de la CHG, sino que ordena también el precinto de las captaciones sin permiso, además de la retirada de las bombas y equipos que permiten sacar recursos del acuífero. Y como la empresa que gestiona la finca (Eurotécnica Agraria) ya ha sido pillada dos veces usando estos pozos –la segunda tras una advertencia directa de que no lo hiciera mientras no estuvieran regularizados–, el instructor advierte de que “en caso de quebrantar ese precinto” estarían cometiendo un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

El auto apunta que el informe de la Guardia Civil sustenta la denuncia de la Fiscalía –que hasta ahora “no acababa de acreditarse”– y que describe que estas extracciones ilegales “pueden causar un daño sustancial al medio ambiente”. El principal afectado sería el acuífero (Aljarafe Sur), que sólo se nutre de aguas pluviales y retornos de riego “y cuyo descenso piezométrico se produce por los riegos”.

Conexión con Doñana

Pero el magistrado pone el acento en que esta masa de agua está conectada hidráulicamente con la de Almonte-Marismas y con el río Guadiamar, “que a su vez nutren al parque nacional de Doñana”, un paraje “cuyo deterioro en los últimos años es un hecho notorio indiscutible”. Por ello concluye que existen “indicios de daño sustancial al medio ambiente con esas captaciones de agua no autorizadas, con impacto colateral en el parque nacional de Doñana y, en consecuencia, a su avifauna”.

Asimismo, el juez remarca que esta pericial de la Guardia Civil expone que una sobreexplotación de esta masa subterránea puede causar daños ambientales, “como el propio descenso de su nivel piezométrico”. A ello se uniría “un deterioro en la calidad” del acuífero al movilizar aguas del subsuelo, así como un impacto en la compactación del suelo y la salinidad de los recursos.

Por todo ello, se continúa una investigación que tendrá su siguiente hito en la declaración como investigado de Luis Martínez de Irujo, que está citado para el próximo 20 de febrero. El duque de Aliaga sustituye como principal acusado a su tía, Eugenia Martínez de Irujo, que fue inicialmente imputada como presidenta de Eurotécnica Agraria, aunque la defensa alegó –y consiguió– este cambio con el argumento de que, aunque ella aparezca como presidenta de la sociedad, él es el administrador de la misma y el encargado de gestionar su día a día.