Guardias civiles denuncian en un juzgado de León al líder de la asociación mayoritaria por cargar gastos personales
Varios exsecretarios provinciales de Jucil, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, han denunciado al actual secretario general, Ernesto Vilariño, por supuestamente utilizar dinero de la entidad para gastos personales (904 euros) y alterar los registros contables de la misma.
En la denuncia presentada ante un juzgado de instrucción de León, a la que ha tenido acceso EFE, los exmiembros de la asociación afirman que Vilariño gastó 515,47 euros de la entidad en un supuesto viaje de trabajo a Sevilla en octubre de 2022 junto a su pareja, “cuando en realidad no existió ninguna reunión oficial que justificara dicho viaje”.
Esta cantidad se corresponde con gastos de alojamiento, comidas en restaurantes y establecimientos de la ciudad y el uso del transporte público.
“El viaje fue realizado bajo la excusa de investigar a un miembro de la asociación, hecho que fue desmentido por el letrado con el que se trabajaba en aquel momento”, argumentan en el texto.
También señalan el pago de una comida en un restaurante de Madrid por un importe de 235,52 euros que no aparece registrado en los documentos de cuentas publicados por la asociación, así como un gasto de 20 euros realizado en una joyería y otros 132,30 euros en “repostajes duplicados”.
Todos estos gastos, que suman 904 euros, fueron abonados, según la denuncia, con la tarjeta corporativa de la asociación, por lo que Vilariño estaría incurriendo en “numerosas irregularidades que sugieren un uso indebido de los fondos de la asociación” además de presunta comisión de los delitos de apropiación indebida, estafa, falsificación de documentos y administración desleal.
Por ello reclaman la declaración de Vilariño ante el juzgado, la entrega de los libros contables y facturas de 2022, 2023 y 2024 de la asociación, la investigación sobre “posibles cobros irregulares de dietas” por parte de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de Jucil y la declaración de testigos.
La denuncia llega después de la rebelión interna por parte de veintiún secretarios provinciales de la asociación, que a principios de febrero ya acusaron en un comunicado “malas praxis” relacionadas con los gastos de Vilariño.
En respuesta, Jucil trasladó que sus cuentas “serán auditadas y sometidas, como siempre, a la aprobación de la asamblea” y negó una guerra interna.
