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Infantilizar a las personas desempleadas

Tengo un amigo que perdió su trabajo en Barcelona y decidió regresar a Málaga. Había cotizado los suficientes años como para recibir durante una larga temporada la prestación por desempleo. De ese modo, aprovecharía para buscar sin prisa algún otro trabajo en Málaga. Entretanto, se puso a echar una mano como voluntario con las labores administrativas de una ONG que construye viviendas de bajo coste en distintos países de África. Ese mismo verano, también como voluntario, viajó a uno de esos países para trabajar en las construcciones. El SEPE le ha comunicado que debe pagar varios miles de euros en concepto de multa por ausentarse de España sin haberlo notificado.
Este tipo de sanciones se suceden a menudo. El SEPE, tan estricto en otros asuntos, informa sobre este de manera deficiente a los prestatarios. Muchos desconocen que no pueden viajar al extranjero más de 15 días al año (desde 2025 son 30) y siempre dando aviso, no vaya a ser que se crean ciudadanos de libre derecho. No lo son. Son parados, parásitos, y hay que recordárselo en todo momento. De hecho, si viajan más de ese tiempo, por justificado que sea el motivo, “debes pedir autorización previa y se suspenderá el pago del paro hasta el regreso a España”. Lo de menos es que esa prestación les corresponda por haber cotizado en el país.
El otro día comentaba cómo David Graeber demostraba en uno de sus últimos ensayos que, gracias a la tecnología actual, la mitad de los trabajos no tienen ninguna utilidad. Eliminando esos empleos carentes de sentido se podrían repartir las horas entre los trabajos verdaderamente útiles y reducir la jornada laboral. No hay ninguna razón económica para no hacerlo. La razón de ese rechazo, como también ocurre en el caso de la renta básica universal, es otra. El trabajo, en nuestra sociedad, es sobre todo un dispositivo de disciplinamiento social.
Para disciplinar a la ciudadanía no hacen falta solo herramientas coercitivas, sino también mecanismos más sutiles. Por eso, a las personas desempleadas se las hace ver que no son adultos en toda regla, que no pueden disponer de su tiempo y su movilidad como crean oportuno
Para disciplinar a la ciudadanía no hacen falta solo herramientas coercitivas, sino también mecanismos más sutiles. Por eso, a las personas desempleadas se las hace ver que no son adultos en toda regla, que no pueden disponer de su tiempo y su movilidad como crean oportuno. De ahí que deban “pedir autorización previa”, como un crío a sus padres. Por si quedaba alguna duda, el Tribunal Supremo lo confirma.
El Ministerio de Trabajo es ahora una madre un poco más comprensiva con sus hijos vagos. Un poco, nada más. Les ha retrasado la hora de llegada, de 15 días a esos 30 actuales y, de paso, ha anunciado que tiene intención de reducir dos horas y media la jornada semanal. Como esa madre no es precisamente modesta, el simple anuncio de su intención ya le ha parecido un acto histórico: “Escribimos una nueva página en el libro de las grandes conquistas laborales que se va a estudiar en todas las universidades del mundo”. Desde luego, resultaría verdaderamente histórico que “en todas las universidades del mundo”, ahí es nada, se estudiara un simple acuerdo de borrador de anteproyecto de ley firmado entre un ministerio y dos sindicatos. Otra cosa, digna de estudio, sería que esa intención se concretara en algo realmente significativo, pero ya podemos dar por seguro que el borrador sufrirá mermas importantes.
En cuanto a su carácter verdaderamente histórico se me ocurre un elemento que podría ayudar: tratar a las personas desempleadas como adultas autónomas, sin restringir su derecho a la libre circulación, por ejemplo. Y si mamá pretende ser estudiada en “todas las universidades del mundo”, aquí va otra medida: establecer la renta básica universal.
¿Pasar a la historia? Un inicio sería abandonar todo paternalismo.
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