En el aire otro polémico plan urbanístico en Zaragoza: paralizado el derribo de un antiguo colegio que fue recalificado

El derribo del antiguo colegio Jesús y María de Zaragoza, recalificado por el gobierno municipal del PP para construir 160 pisos, se queda en el aire. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha aceptado tres informes periciales propuestos por la Asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), y otra pericial requerida al Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, para analizar el valor patrimonial de centro.
La noticia llega cuando ya han comenzado las obras de derribo de las instalaciones, tres meses después de conocerse el convenio con la propietaria, la promotora Wilcox. Según ha explicado Apudepa en una nota de prensa, “se mantiene en pie el destacado inmueble del gran vestíbulo con sus recibidores, incluida su escalinata y porche de acceso, en ladrillo rojo y piedra de negra de Calatorao”, que da la calle Hernán Cortes, pero “en este mes de marzo lamentablemente ha tenido lugar el derribo del colegio-residencia, la capilla y el refugio antiaéreo”.
Ante el acuerdo para el derribo del antiguo colegio-residencia, la asociación planteó un recurso contencioso-administrativo, con el objetivo de preservar “el valor arquitectónico del destacado arquitecto catalán Isidre Puig Boada (1891-1987)”. Parte del patrimonio que Apudepa quería mantener ya ha sido derruido.
Ahora, sin embargo, el TSJA -en un auto suscrito por el presidente de la Sala de lo Contencioso, Juan Carlos Zapata- autoriza las mencionadas periciales y la entrada en el Colegio Jesús y María para examinar el inmueble y emitir los correspondientes informes en el plazo de 30 días. Frente a esto, cabe recurso de reposición.
La edificación del Jesús y María data de los años cuarenta e hizo el papel de colegio hasta 1995, cuando sus ocupantes lo abandonaron. La propiedad cambió de manos entonces hasta llegar a Bilbao Patrimonial S.A, actualmente Wilcox. En el año 2020, esta compañía reactivó los suelos y propuso al Ayuntamiento –entonces ya con el PP al frente, aunque en coalición con Ciudadanos– una recalificación para construir 170 viviendas libres. A cambio, la promotora levantaría –llave en mano– un centro cívico, el equipamiento más demandado por los vecinos, y el Consistorio recibiría viales y zonas verdes. Se negoció también un parking público subterráneo para satisfacer otra necesidad en el barrio.
“Ha ganado la empresa”
La propuesta fue rechazada, pero, en vez de retomar la negociación, el Ayuntamiento optó por la vía contraria: tramitó primero la recalificación del terreno, que pasaría de educativo a residencial, y siguió negociando después. En marzo de 2023, el planeamiento urbanístico vio la luz. A cambio de las 160 viviendas, la promotora se comprometía a construir un centro cívico valorado en 6 millones de euros, más las necesarias cesiones para viales y las plazas de parking correspondientes a los pisos. Se dejaba a su vez la puerta abierta para un aparcamiento subterráneo público, posibilidad mencionada de forma repetida por el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano.
Ya en julio de este año, el grupo municipal del PSOE anunció que recurriría la recalificación: “Ha ganado la empresa, no existe beneficio para la ciudad”, criticó la portavoz, Lola Ranera. “Lo que van a hacer es rescatar una inversión privada especulativa”, atacó el también socialista Horacio Royo. “Es un chantaje de los propietarios”, abundó el edil Suso Domínguez, de Zaragoza en Común.
Pero los temores de los vecinos y de la oposición municipal se plasmaron en diciembre, cuando el Ayuntamiento del PP dio por fin a conocer el contenido del convenio con la propietaria, una promotora a la que había recalificado el suelo. “Es un regalo para la empresa, esa es la impresión que nos da”, resumió entonces Carlos Terrer, de la Asociación de Vecinos Puerta del Carmen.
El acuerdo está cuantificado en 6 millones de euros, pero no con lo que se había planteado todo este tiempo. Así, Wilcox se compromete a aportar 3,4 millones de euros en metálico más otros 2,5 millones en forma de suelo: una parcela en Las Fuentes para zona verde, otra entre este barrio y San José –donde el Ayuntamiento acometerá una promoción de viviendas en alquiler– y una tercera en el propio terreno de Goya en el que debe ir el equipamiento público. Pero sin equipamiento público, ya que la construcción del inmueble corre a cargo del Consistorio.
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