Aragón se escuda en las cautelares que ha pedido para ser la única comunidad que no remite los datos de menores migrantes

Aragón es la única comunidad que no ha cumplido con el Gobierno central a la hora de transmitir los datos de menores migrantes que aloja en su territorio, según la Delegación del Gobierno. El Ejecutivo autonómico alega que está a la espera de que se resuelvan las medidas cautelares contra esta petición con las que acompañó el contencioso que planteó ante los tribunales la semana pasada. Esta decisión aún tardará días. El resto de regiones han trasladado los datos, incluidas todas las gobernadas por el PP. 

El presidente aragonés, Jorge Azcón, anunció la semana pasada en el pleno de las Cortes que el Ejecutivo había presentado un recurso contencioso-administrativo contra el requerimiento del Ministerio de Infancia y Juventud a las Comunidades Autónomas para que aporten información sobre el número de menores extranjeros no acompañados atendidos por los Servicios Sociales, una medida que acompañó con una solicitud a los tribunales de que tome medidas cautelares para frenar este requisito. El contencioso se suma además a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley que el Ejecutivo anunció el 21 de marzo.

Este martes, el Gobierno de Aragón ha informado de la admisión a trámite del contencioso, presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Según el Ejecutivo autonómico, el tribunal ha acordado “la apertura de una pieza para resolver sobre la solicitud de suspensión del requerimiento estatal formulada por los servicios jurídicos” de Aragón.

El dato de que solo la comunidad autónoma ha incumplido con el decreto ley lo ha aportado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en una entrevista en la Cadena Ser. “Es bochornoso. Aragón introduce unos elementos de parálisis administrativa vía tribunales. No hay una manera más sonrojante de abordar las soluciones al problema”, ha apuntado Beltrán.

El delegado del Gobierno ha instado al Ejecutivo autonómico a “sentarse a negociar y a poner encima de la mesa sus dificultades o potencialidades”. “Pero para eso necesita poner encima de la mesa la información, declarar una situación de saturación -o no saturación- y reclamar contra los criterios puestos encima de la mesa por parte del Ministerio. Estamos ante un contexto extraordinario, es un elemento de humanidad por el interés de los menores, y el Gobierno de Aragón huye frente a una situación en la que, además de allanar el posible pacto con Vox en los Presupuestos, contribuye a las órdenes de su jefe en Madrid”, ha añadido Beltrán.

Días atrás, fuentes de la Consejería de Bienestar Social y Familia dieron a conocer que Aragón contaba a 31 de enero con 104 plazas de acogida para menores extranjeros no acompañados y que estas se encuentran “saturadas”, ya que están al 189,42% de ocupación dentro del sistema, lo que supone que se han acogido 197 menores. Pero, con los datos objetivos puestos encima de la mesa por el Ministerio, la comunidad debería tener una capacidad ordinaria de unas 400 plazas.

Lo que Beltrán sí que ha dejado en el aire es que Aragón reciba financiación para costear las plazas de los menores migrantes, teniendo en cuenta de que solo las comunidades que alcancen esa mencionada capacidad ordinaria serán susceptibles de optar a esos recursos. “Pero esa propuesta es discutible en una conferencia sectorial”, ha recordado el delegado del Gobierno en Aragón.

Aragón, “un ejemplo”

En la sesión plenaria de la semana pasada, la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, subrayó la oposición del Ejecutivo a un decreto que “castiga a las comunidades autónomas que, como Aragón, llevan muchos años haciendo los deberes y se premia a las que no han hecho ningún esfuerzo en desinstitucionalización a efectos de número de plazas”, una política de atención a menores vulnerables en la que “Aragón es un ejemplo”.

La titular de Bienestar Social y Familia reiteró en las Cortes la importancia de “velar por el respeto a los derechos humanos y a los derechos de la infancia” que este Real Decreto “vulnera de una manera escandalosa”. En esta línea, apuntó que la norma impuesta ampara el traslado desde Canarias de personas migrantes “sean menores o no” y serán las comunidades autónomas quienes se hagan cargo de su atención hasta que se determine si son o no mayores de edad, como sucede ahora mismo.

Según se desprende del real decreto-ley aprobado por el Ejecutivo en el Consejo de Ministros el 18 de marzo, este lunes era el último día para que las autonomías aporten la cifra de niños y adolescentes migrantes que ha pedido el Ministerio de Juventud e Infancia. Este dato es clave para conocer la cantidad de menores que se distribuirán, fruto del acuerdo entre Junts y Gobierno para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado este lunes que las comunidades autónomas del Partido Popular iban a “cumplir con la ley”, después de ser preguntado si esas autonomías ofrecerían datos sobre las plazas y cifras de menores migrantes no acompañados, como exige el decreto del Gobierno de Pedro Sánchez. Aragón, sin embargo, aún no lo ha hecho.