Canarias tutela a más de 5.000 menores migrantes, mientras algunas comunidades apuran hasta el último día para aportar la cifra

Las comunidades autónomas han apurado hasta este lunes, 31 de marzo, el plazo para certificar al Gobierno central el número de menores migrantes no acompañados que tienen en acogida actualmente. Según datos facilitados por las consejerías a Europa Press, Canarias habría comunicado este jueves al departamento que dirige Sira Rego que actualmente tiene bajo tutela a 5.485 menores. En concreto, el archipiélago atiende a 5.810 menores, pero la cifra se reduce porque algunos cumplirán la mayoría de edad en breve o se están ultimando procesos de reagrupamiento.

Así, según se desprende del real decreto-ley aprobado por el Ejecutivo en el Consejo de Ministros el pasado 18 de marzo, y en declaraciones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, las comunidades tienen hasta el lunes 31 de marzo para aportar el número de menores que están atendiendo en sus autonomías, y después se celebrará una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para establecer la redistribución de los niños y niñas.

Este dato será clave para conocer la cantidad de niños y adolescentes que se distribuirán a las comunidades autónomas, fruto del acuerdo entre Junts y Gobierno para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería.

Si bien, Torres se mostró este pasado martes dispuesto a dar más tiempo a las autonomías para aportar el dato de los menores migrantes no acompañados que acogen.

“Yo defiendo que lógicamente mejor transparencia que certificar las comunidades autónomas el número de menores migrantes extranjeros no acompañados que tengan no hay, y si alguna comunidad tiene alguna dificultad, aunque el real decreto-ley establece un plazo límite del 31 de marzo, lo podemos hablar para que puedan tener el tiempo suficiente para que puedan certificar”, señaló en declaraciones a medios en el Senado.

Mientras, Baleares, Madrid, Galicia y Castilla y León habrían decidido esperar a este lunes para remitir la información. Otras autonomías, como Valencia y Andalucía, afirman que aún no tienen los datos solicitados.

Por su parte, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad de Murcia, Conchita Ruiz, ha afirmado este viernes que los menores migrantes no acompañados acogidos actualmente en la Región “exceden un 220%” la capacidad de los recursos de los que dispone la Comunidad Autónoma.

En cuanto a la cifra de menores, Ruiz también ha emplazado a “esperar” hasta que la Consejería tenga el documento “cerrado” porque, ahora mismo, está haciendo los cálculos de lo que el Ministerio les pide concretamente. “Una vez que lo tengamos, lo haremos público”, ha señalado.

Por otro lado, el Gobierno de Aragón ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el requerimiento del Ministerio de Infancia y Juventud a las comunidades autónomas para que aporten información sobre el número de menores extranjeros no acompañados atendidos por los Servicios Sociales, solicitando a la justicia que tome medidas cautelares.

Hacinamiento en los centros de Canarias

La fórmula prometida para resolver el hacinamiento en los centros de menores migrantes de Canarias parece estar más cerca. El acuerdo ha llegado después de meses de negociaciones, de crispación política y de denuncias por las condiciones del sistema de protección del Archipiélago, descrito por Amnistía Internacional como un “fracaso”. El documento no solo recoge los criterios que determinarán la cifra de menores que acogerá cada comunidad. También establece la obligación de las autoridades de escuchar a los jóvenes en todo el proceso e introduce algunas novedades. Entre ellas, que las regiones de destino determinarán la edad de los recién llegados cuya minoría de edad no esté comprobada. 

Las administraciones han encontrado en la derivación de menores a otras comunidades la herramienta principal para aliviar el colapso de los recursos. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos ya han advertido de que no debe ser la única respuesta. En su último informe, Amnistía Internacional recuerda que es necesario contratar a personal formado en los centros en lugar de optar por perfiles de “porteros de discoteca”, insta a mejorar la identificación de perfiles vulnerables y a abrir mecanismos seguros para que los usuarios puedan denunciar episodios de violencia. Asimismo, la entidad propone aumentar el número de inspecciones en los dispositivos. Tal y como reveló este periódico, entre 2020 y 2024 la Consejería de Bienestar Social había realizado solo 28 controles.