Las claves de la reforma que promete poner fin al hacinamiento en los centros de menores migrantes de Canarias

La fórmula prometida para resolver el hacinamiento en los centros de menores migrantes de Canarias parece estar más cerca. El Gobierno central ha dado este martes, con la aprobación de la reforma de la Ley de Extranjería, el primer paso para reubicar a 4.000 de los 5.800 jóvenes que conviven en las islas. El acuerdo ha llegado después de meses de negociaciones, de crispación política y de denuncias por las condiciones del sistema de protección del Archipiélago, descrito por Amnistía Internacional como un “fracaso”. El documento no solo recoge los criterios que determinarán la cifra de menores que acogerá cada comunidad. También establece la obligación de las autoridades de escuchar a los jóvenes en todo el proceso e introduce algunas novedades. Entre ellas, que las regiones de destino determinarán la edad de los recién llegados cuya minoría de edad no esté comprobada. 

La falta de una red estable de recursos de acogida y el aumento de jóvenes que atraviesan solos el Atlántico han empujado a cientos de menores a convivir hacinados en grandes campamentos de emergencia. “En espacios donde caben 20 personas hay 300, que no pueden ni siquiera ser escolarizados en las mínimas condiciones dignas”, reconoció el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, también ha confesado en múltiples ocasiones que los centros de las islas no garantizan los derechos fundamentales de los jóvenes. 

Las administraciones han encontrado en la derivación de menores a otras comunidades la herramienta principal para aliviar el colapso de los recursos. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos ya han advertido de que no debe ser la única respuesta. En su último informe, Amnistía Internacional recuerda que es necesario contratar a personal formado en los centros en lugar de optar por perfiles de “porteros de discoteca”, insta a mejorar la identificación de perfiles vulnerables y a abrir mecanismos seguros para que los usuarios puedan denunciar episodios de violencia. Asimismo, la entidad propone aumentar el número de inspecciones en los dispositivos. Tal y como reveló este periódico, entre 2020 y 2024 la Consejería de Bienestar Social había realizado solo 28 controles. 

En esta línea, el Ministerio de Infancia ha adelantado que está trabajando en otro real decreto sobre los requisitos que deben cumplir los dispositivos de acogida. En este documento estarán recogidas las ratios, la formación que debe exigirse a los trabajadores y, además, establecerá mecanismos sancionadores.

Plazos

La fecha en la que entrará en vigor la reforma de la Ley de Extranjería aún no está fijada. Antes, en un plazo de 30 días, el Congreso debe revalidar el real decreto ley. A diferencia de lo ocurrido en julio de 2024, cuando el PP, Vox y Junts tumbaron la medida, todo apunta a que esta vez la modificación legal sí contará con los apoyos necesarios para salir adelante. El impulso definitivo lo ha dado el acuerdo al que el Ejecutivo ha llegado con Junts, que ha anunciado su apoyo a la modificación legal.

Tal y como ha explicado el ministro de Política Territorial, las comunidades tienen hasta el 31 de marzo para aportar el número de menores que atienden sus autonomías. En abril, según adelantó el Ministerio de Juventud, se convocará la Conferencia Sectorial de Infancia, en la que se cerrará la redistribución de los menores entre las regiones. 

Si tenemos un niño o una niña de diez años que ya está arraigado, escolarizado, y ya tiene su entorno, no le vamos a generar otro trauma al menor

Los criterios para establecer los traslados serán, tal y como figura en el borrador ya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la población (50%), la renta per cápita (13%), la tasa de paro (15%), el esfuerzo realizado con anterioridad en materia de acogida de menores no acompañados (6%), el dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), si se trata de una ciudad fronteriza (2%), la insularidad (2%) y la dispersión de la población (2%). 

Este mecanismo podrá aplicarse en todas las situaciones de contingencia migratoria extraordinaria, es decir, cuando el número de menores acogidos multiplique por tres la capacidad ordinaria de una comunidad. Es el caso actual de Canarias. En estas circunstancias, los menores que lleguen al Archipiélago serán reubicados en un plazo máximo de 15 días desde su inscripción en el Registro de Menores no Acompañados. Durante esas dos semanas, “la persona menor afectada y la comunidad o ciudad autónoma de destino habrán de ser oídas [...] en garantía del interés superior del menor”. 

Escuchar al menor

En los casos en los que el superviviente no tenga documentación y su minoría de edad no pueda comprobarse, será la región de destino la que tenga que encargarse de las pruebas de determinación de la edad. En el caso de los 4.400 menores que serán reubicados y que ya forman parte del sistema de acogida, tal y como han señalado desde el Gobierno regional, se tendrá en cuenta su arraigo y sus preferencias. “Si tenemos un niño o una niña de diez años que ya está arraigado, escolarizado, y ya tiene su entorno, no le vamos a generar otro trauma al menor”, aseguró Clavijo en una entrevista en Radio Lanzarote. 

Los errores en la identificación de los menores al llegar a Canarias han sido denunciados también por diferentes organizaciones. ''No hay datos fehacientes de cuánta infancia migrante no acompañada está llegando a Canarias'', advierte Amnistía Internacional en su último informe, publicado este mismo mes. Según la entidad, decenas de adolescentes viven en centros tratados como adultos por errores en su filiación.

''No me hicieron caso, me metieron con el resto de adultos, también lo he dicho aquí, me han apuntado en una lista, pero de momento sigo durmiendo en las carpas con los mayores'', contó a la entidad Cheikh, un joven senegalés. Según su testimonio, llegó a El Hierro en un cayuco y allí informó a la Policía Nacional de que era menor de edad. Sin embargo, vive en el centro de Las Raíces, en Tenerife,  con otros migrantes mayores de edad. En el estudio se recoge el caso de tres menores con apariencia de doce o trece años que fueron identificados como adolescentes de 17 años. Así, en unos meses, tendrán que abandonar el sistema de acogida.

Un crédito de 100 millones 

La financiación ha sido la principal excusa del PP nacional para oponerse a esta medida. El borrador indica que el Plan de respuesta solidaria acordado en la Conferencia Sectorial incluirá “las medidas que se estimen necesarias para establecer una financiación suficiente para el mismo”. Además, este año el Estado creará un crédito extraordinario gestionado por el Ministerio de Juventud dedicado a “cubrir los costes ocasionados por la sobreocupación y/o traslado de menores” por un importe de 100 millones de euros.

En esta línea, la brecha entre el PP canario y el nacional volvió a ensancharse este martes. El coordinador general del partido en las Islas, Jacob Qadri, celebró que se siga avanzando en cristalizar ''el reparto'', sin entrar a valorar las reacciones de otras comunidades donde gobierna el PP, como Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso amenazó con llevar el real decreto ley a los tribunales y a la Unión Europea.