Las declaraciones de fiscales y peritos de Hacienda confirman que desconocían que investigaban a la pareja de Ayuso

Hace un año que elDiario.es reveló que el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, había defraudado 350.000 euros a Hacienda a través de una trama de facturas falsas y empresas pantalla. Desde entonces, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha tratado de presentar a su pareja como víctima de una “operación de Estado” que tendría como fin último atacarla a ella. Es una estrategia con la que ha intentado poner bajo sospecha la inspección inicial de Hacienda, toda la investigación y la denuncia final. Y en la que ha llegado incluso a señalar a “fiscales y funcionarios” que, según sus palabras, querrían mandarle “gotitas de cianuro”. 

Es un relato que, sin embargo, refutan las declaraciones hechas en sede judicial —como testigos, con obligación de decir verdad— por funcionarios directamente implicados en el caso. Primero fueron los fiscales Julián Salto y Almudena Lastra, que sostuvieron el pasado enero en el Tribunal Supremo que ni en la Fiscalía de Madrid ni en la Fiscalía General sabían quién era González Amador hasta días después de que el caso estuviera en manos de los jueces. Este viernes, fueron las inspectoras de Hacienda que descubrieron el fraude quienes afirmaron que no sabían que era la pareja de Ayuso cuando le investigaron. Sus testimonios desmontan, por tanto, la tesis de la persecución política que Ayuso y su gabinete han esgrimido desde que este medio reveló el doble fraude fiscal de su pareja. 

Este viernes, la jueza de Madrid Inmaculada Iglesias citó a las inspectoras que firman el informe de la Agencia Tributaria que dio origen a la querella de la Fiscalía que atribuyó a González Amador dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades por 155.000 euros en 2020 y de otros 195.951,41 euros el ejercicio siguiente. La declaración de la instructora del expediente, que explicó el informe de forma pormenorizada, se extendió durante casi tres horas. 

En un momento de la declaración, el abogado de González Amador le preguntó si ella y su compañera conocían que su defendido era pareja de Ia presidenta madrileña mientras realizaron la inspección. Según fuentes conocedoras del contenido de la declaración, las funcionarias negaron que entonces supieran quién era González Amador y añadieron que, en cualquier caso, su relación sentimental con Ayuso es irrelevante para un inspector de Hacienda si no están casados o son pareja de hecho. Las dos funcionarias ratificaron las conclusiones de ese informe que está en el origen de los problemas judiciales del empresario y comisionista.

El entorno de Ayuso dedicó sus esfuerzos en mantener a su pareja en el anonimato cuando trascendió en 2021 que mantenían una relación. Presentado como un “técnico sanitario” en las primeras crónicas, González Amador era en realidad un empresario que trabajaba para el gigante sanitario Quirón y que se había enriquecido con comisiones millonarias durante la pandemia en operaciones de compraventa de mascarillas gracias al encargo de una compañía que administraba su jefe directo en el gigante sanitario. 

Una supuesta trama contra “un particular”

Una vez conocida la exclusiva de elDiario.es sobre la denuncia que la Fiscalía había presentado contra él por defraudar 350.000 euros, la estrategia de Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, fue dibujar una supuesta trama del Estado contra “un particular” para perjudicar a la presidenta regional. Sin embargo, los testimonios de diferentes funcionarios desmontan ese relato. 

Uno de ellos es el de la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, muy crítica desde hace meses con la gestión del fiscal general del Estado, al que se le investiga en el Supremo por supuestamente difundir información reservada de la pareja de Ayuso. Lastra compareció el pasado enero como testigo en el marco de esa causa y afirmó que no supo hasta el 7 de marzo de 2024 quién era el denunciado en ese caso de fraude fiscal. Esto es, dos días después de que la denuncia fuera presentada en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid. Y casi dos años después de que Hacienda iniciara su investigación tributaria, lo que ocurrió en mayo de 2022. 

Julián Salto es el fiscal especialista en delitos económicos que asumió la investigación de Hacienda y terminó denunciando a González Amador. Sus diligencias arrancaron el 23 de enero de 2024 y el día 5 de marzo de ese año presentó la denuncia en los juzgados de Madrid. Según dijo en el Supremo, se enteró de que González Amador era pareja de Ayuso tres días después, el 8 de marzo, cuando se lo dijo una de sus superiores, Virna Alonso. Una vez lo supo, además, tuvo la deferencia de remitir por correo la denuncia al abogado del empresario en vez de hacerle esperar a que le llegara vía judicial semanas después.

Además, los mensajes y correos electrónicos intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el teléfono de Pilar Rodríguez, la fiscal provincial imputada, también apuntan en la misma dirección: cuando se presentó la denuncia en el juzgado, en la Fiscalía no sabían quién era González Amador. 

De hecho, su causa no llegó a la cúpula del organismo hasta finales de la primera semana de marzo, dos meses después de la apertura de diligencias, una vez presentada la denuncia y casi dos años después del comienzo de la inspección fiscal. Pocas horas después de la exclusiva de elDiario.es, Ayuso llegó a achacar el proceso contra su pareja a que la fiscal provincial fue alto cargo de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero.