El misterioso cese de un alto cargo por una “incompatibilidad” que nadie vio en el Gobierno de Ayuso

Recién destituido como subdirector general y máximo responsable de contratación de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid –tras reconocer el Gobierno de Ayuso que su presencia en una empresa privada de asesoramiento sobre contratos públicos implicaba “incompatibilidad”–, Antonio Carrasco Reija es sin duda un hombre ante el que los semáforos de las altas esferas de la administración madrileña se han abierto a su paso año tras año. 

En su andadura pública, Carrasco ha desempeñado cargos de máximo relieve, como el de interventor general de la Comunidad en la primera mitad de la convulsa década iniciada en 2010, cuando los casos Gürtel, Púnica y Lezo acabaron entrelazados con la financiación del PP como nexo. En la lista de puestos públicos del hasta ahora subdirector de Madrid Digital figura también el de secretario general de la siempre poderosa Consejería de Hacienda. Y el de vocal representante de la Comunidad de Madrid en el consejo de administración de Avalmadrid, la sociedad de garantía recíproca que en 2011 había prestado 400.000 euros nunca devueltos a una empresa de los padres de Ayuso. 

Carrasco nunca se ha visto involucrado en ningún caso penal por supuesta corrupción. Durante la investigación parlamentaria sobre Avalmadrid reiteró –aquí puedes acceder a la sesión del 14 de febrero de 2020– que no conocía nada sobre el informe que la Comisión Mixta de Riesgos y Auditoría de Avalmadrid –de la que Carrasco era vocal– emitió en julio de 2019 sobre MC Infortécnica, la mercantil en la que participaban al 25% los padres de Díaz Ayuso.

Como mínimo y tal como ha ocurrido en los últimos 13 meses, el semáforo que regula la marcha del hoy cesado ha permanecido en ámbar: el Ejecutivo autonómico no ha explicado aún por qué le mantuvo como subdirector general hasta la semana pasada pese a que desde enero de 2024 ya sabía que simultaneaba su puesto en Madrid Digital con la copropiedad del bufete privado Aqualex Boutique SL.

La web de la mercantil que comparte con el también cesado director de los servicios jurídicos de la agencia pública, Ramiro Salamanca, permanece ahora desaparecida pero las capturas de pantalla anteriores atestiguan en qué parcela opera. 

Una fuente autorizada de la Consejería de Digitalización autonómica respondió esta semana a elDiario.es que tanto Carrasco como Salamanca “son personal laboral” que tienen “su puesto y han vuelto a él”. “No son altos cargos por lo que la Comunidad de Madrid no puede facilitar su salario”, adujo ante la pregunta sobre sus retribuciones. Los puestos que han dejado vacantes “no se han ocupado” todavía, añadió.

Incorporado en 1997 a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, la trayectoria profesional de Carrasco aparece jalonada de hitos que le definen como un imprescindible en el andamiaje funcionarial de los sucesivos Gobiernos del PP. Especialmente, en lo relativo a contratación pública, uno de los campos que más dolores de cabeza causó a Esperanza Aguirre y a su sucesor, Ignacio González, por las investigaciones judiciales sobre la financiación del PP madrileño.

La migraña política por las sospechas de corrupción remitió en lo que a Aguirre concierne y ha quedado minorada para su sucesor inmediato: la pieza separada (PS) del caso Púnica sobre las cuentas del PP –la ya célebre PS9– está definitivamente archivada en lo que a Aguirre respecta. Y el caso Gürtel, primera gran temporada de la serie que continuó con la referida Púnica, tampoco afectó penalmente a ninguno de los dos. Que un empresario de fuste en aquella época, Fernando Martín, de Martinsa, reconociera hace semanas en sede judicial que pagó 25 millones de mordida para dar un pelotazo urbanístico en el municipio madrileño de Arganda ha reactivado en cierta forma el debate, pero sin afectar a quien entonces dirigía el PP regional con mano de hierro y guante no de seda sino de crin y llegó a reconocer que quien capitaneó las cuentas del partido hasta 2008, Álvaro Lapuerta, le avisó de aquella operación.

Fue con Aguirre cuando, en marzo de 2006 –así consta en su perfil de Linkedin–, Carrasco ascendió a secretario general de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, aquella ICM que terminó derivando en la actual denominación –Madrid Digital– y que se vio implicada en la investigación judicial del caso Púnica por los contratos adjudicados a una empresa vinculada al consejero delegado de aquella época. 

El ahora cesado Antonio Carrasco solo estuvo en ICM hasta julio de 2007. Saltó a la secretaría general de Hacienda, luego al mismo cargo del departamento autonómico de Familia y Asuntos Sociales y, por fin en enero de 2010 la pértiga le impulsó al valioso cargo de interventor general de la Comunidad de Madrid, a quien corresponde “el control interno de la gestión económico-financiera del sector público autonómico”. 

Su ficha de la red Linkedin muestra cómo Carrasco destaca el objetivo que logró como jefe del aparato encargado de fiscalizar los expedientes que comportan gasto para la Administración madrileña: “Definición e Implantación del primer Registro Contable de facturas de todos los expedientes de gasto que tramita la Comunidad y desarrollo de los procesos y procedimientos para su automatización e integración en los sistemas financieros–contables de la Comunidad”. 

En diciembre de 2019, el diario El País publicó que la Comunidad de Madrid había localizado 196 contratos adjudicados entre 2009 y 2013 con la luego conocida como la “cláusula del 1%”, aquella que obligaba a las empresas beneficiarias a destinar a publicidad el 1% del montante total y que fue investigada como potencial herramienta para nutrir las finanzas del PP madrileño. Se localizaron los contratos –precisaba aquella información– pero las facturas no se habían encontrado al menos en aquella fecha.

En julio de ese mismo año, un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid desveló que entidades y organismos ligados al Ejecutivo regional utilizaron al menos 345 tarjetas bancarias para gastar 15 millones de euros entre 2008 y 2015. No constaban medidas de control por parte de la intervención general. 

En junio de 2014, regresó al cargo más repetido en su carrera: secretario general de una Consejería, ahora, la de Educación, Juventud y Deporte hasta mayo de 2015, luego la de Economía, Empleo y Hacienda hasta octubre de 2021. Ese segundo cargo lo compaginó desde noviembre de 2019 con la subdirección general de Madrid Digital. Es decir, la agencia sucesora de ICM, el primer tramo de una carrera de ascensos que ahora parece detenida y en la que logró mantenerse el último año por razones desconocidas.