La pareja de Ayuso lleva un año ocultando a los tribunales cómo difundió sus correos y su confesión

La representación legal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso lleva un año ocultando a los tribunales un dato relevante para la investigación sobre las filtraciones de su caso de fraude fiscal: el empresario y sus propios abogados mandaron sus correos y su confesión a más gente de la que han reconocido. Alberto González Amador autorizó a Miguel Ángel Rodríguez que difundiera un email del fiscal Julián Salto y su propio abogado envió su propuesta de pacto a la Abogacía del Estado, un dato que nunca ha comunicado a los jueces ante los que ha denunciado la revelación de secretos de su causa.

El empresario acudió a los juzgados pocos días después de que elDiario.es revelara que la Fiscalía le había denunciado por defraudar 350.000 euros usando un entramado de facturas falsas para optimizar los millones que había ganado como comisionista durante la pandemia. Su primera querella fue firmada el 21 de marzo de 2024 y en ella sus abogados denunciaban que la Fiscalía de Madrid había revelado datos confidenciales de su caso al emitir un comunicado una semana antes en el que se explicaba que la defensa del empresario había ofrecido un pacto al Ministerio Público.

Esa querella se transformó en unas diligencias en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que, posteriormente, desembocaron en la causa del Tribunal Supremo en la que está imputado el fiscal general. En ella, el abogado de González Amador afirmaba que la Fiscalía había roto su obligación de guardar esos correos con el objetivo de perjudicar al empresario por ser pareja de Isabel Díaz Ayuso. En 24 páginas de querella ocultó, según ha trascendido ahora en el Supremo, que la confesión de Alberto González Amador estaba en manos de más gente: la Abogacía del Estado.

Carlos Neira es un abogado sobradamente conocido por los fiscales de Madrid especialistas en delitos económicos y usó su buena relación con los actores habituales de este tipo de procesos para buscar un objetivo: que el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador quedara zanjado cuanto antes y con el menor ruido posible. El 2 de febrero de 2024, antes incluso de ser denunciado de forma efectiva, mandó un correo al fiscal Julián Salto reconociendo que “ciertamente” había existido el fraude fiscal de 350.000 euros y explicando que su cliente se ofrecía a pagar sus deudas, los intereses y a aceptar ocho meses de cárcel a cambio de no tener que pisar la prisión.

Lo que González Amador y sus abogados han ocultado hasta la fecha es que ese mismo día Neira reenvió su propio email con la confesión a otra dirección de correo. También se la hizo llegar a un abogado del Estado con el que también tenía trato y al que adjuntó su propuesta de pacto junto con más documentación. Su interlocutor contestó ese mismo día: “Buenas tardes, Carlos. Todavía no nos ha entrado el procedimiento. He dejado el aviso para que me lo notifiquen en cuanto llegue”. Efectivamente, minutos antes el abogado del Estado había escrito a un funcionario para comunicarle la existencia del caso.

La defensa de González Amador omitió este dato en su querella inicial y lo ha seguido haciendo en todos sus escritos e interrogatorios. Se trata de una información que revela que su correo y su confesión, publicados por varios medios de comunicación en la noche del 13 de marzo de 2024, no solo estaban en poder de la Fiscalía, sino que llevaban más de un mes en manos de la Abogacía del Estado. Ni el TSJM ni el Supremo tuvieron ese dato a la hora de abrir y tramitar diligencias contra los integrantes de la Fiscalía.

El pacto con el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso pretendía zanjar su caso por debajo del radar de la opinión pública no podía quedarse en la Fiscalía. Un acuerdo amistoso ante un juez tenía que tener también el visto bueno de la Abogacía del Estado, que representa los intereses de Hacienda en este tipo de procesos. Pero en ese momento, en el que el asunto ni siquiera estaba judicializado, la Abogacía no formaba parte de esas diligencias. Faltaba más de un mes para que tuviera derecho a acceder a las actuaciones.

La Abogacía del Estado ha sido la que ha revelado y documentado este envío aunque limitando el alcance de sus alegaciones. La persona que lo recibió nunca rebotó el correo a nadie y la imagen publicada por los medios no es la misma. Consideran, por tanto, que esto no abre una nueva vía de investigación para saber si un abogado del Estado fue el filtrador del email. Pero sí demuestra que el primero en dar un “nulo valor confidencial” a su comunicación fue el propio abogado de Alberto González Amador.

La filtración a Miguel Ángel Rodríguez

La defensa de González Amador nunca había revelado este aspecto que sí había mencionado sin dar más datos el fiscal Julián Salto en sus dos declaraciones como testigo e imputado a lo largo del último año. No lo sabía, por tanto, el Colegio de Abogados de Madrid cuando decidió apoyar sus acciones penales contra el Ministerio Público. Tampoco ninguno de los jueces que han tramitado la causa que en la actualidad mantiene a Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez al borde del banquillo.

El propio empresario, dice la Abogacía, “se ha colocado de manera deliberada en una situación de conocimiento público y de renuncia expresa a la reserva o no difusión de determinados datos que después pretende que sean tutelados”. En este escrito recuerda otro detalle que su defensa omitió hasta que fue revelado durante los interrogatorios en el Supremo: él pasó un correo del fiscal a Miguel Ángel Rodríguez en la mañana del 12 de marzo y después le autorizó a difundirlo.

Ese matiz no solo puso de manifiesto que Rodríguez mintió a sabiendas cuando afirmó ante los periodistas que el posible pacto había sido ofrecido por la Fiscalía, pero frenado desde la cúpula del organismo, algo que muchos publicaron sin mayor comprobación. También desveló que el primero en poner en circulación esa versión de los hechos fue él y a petición del empresario, revelando en esencia que existían conversaciones para un pacto aunque fuera de forma sesgada.

Hasta el momento el juez no ha dado ninguna relevancia a la posibilidad de que la filtración procediera de cualquier lugar que no fuera el teléfono del fiscal general con ayuda de la fiscal provincial de Madrid. No ha valorado el hecho de que el correo de Carlos Neira fuera remitido a un buzón genérico al que más trabajadores de la Fiscalía tenían acceso. Tampoco que la causa estuviera a disposición de centenares de personas, no ha dado importancia a que varios periodistas hayan afirmado que tuvieron el correo días antes que el fiscal y, finalmente, no ha considerado significativo el papel que jugó la mano derecha de Ayuso en todo el proceso.

Según el juez, el correo del 12 de marzo que el fiscal Salto envió al abogado de González Amador “se difunde a partir de la autorización de la persona a quien concierne el secreto” y eso, añade, no afecta a la investigación si el fiscal general filtró el email anterior, del mes de febrero, en el que el empresario ofrecía el pacto.

Cuando el Supremo se hizo con el caso de la filtración explicó que el comunicado de la Fiscalía del 14 de marzo de 2024 no podía ser considerado delictivo y que lo que había que investigar era quién había filtrado a la prensa el correo con la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Recientemente, el juez Hurtado ha explicado que la causa abarca no solo eso sino de nuevo el comunicado y, finalmente, el origen de la información exclusiva de este periódico que desveló el caso del empresario, sus comisiones y el piso doble que comparte con la presidenta madrileña. Y está por ver si el instructor hace algún movimiento tras saber que la defensa de González Amador lleva un año ocultando a los tribunales que ese correo no estaba solo en manos de la Fiscalía, aspecto clave en el desarrollo del caso.