El PP deja caer la Agencia Estatal de Salud Pública por un choque con el Gobierno por otra ley

Estaba prevista en una ley de 2011 y tendrá que esperar un poco más. Un cambio de voto de última hora del Partido Popular y Junts ha hecho caer la aprobación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Ambos grupos habían dado el apoyo a la norma que da paraguas a la creación de este organismo en la Comisión de Sanidad la semana pasada pero se han bajado de su postura durante el Pleno. También Vox se ha opuesto a la norma.

El motivo del viraje de ambas formaciones no tiene que ver con la ley que se estaba votando sino con con otra norma, la de desperdicio alimentario, que el Congreso votaba también este jueves. El PP introdujo unas enmiendas en la tramitación de esa ley en el Senado a pesar de que el Gobierno las había vetado previamente con el argumento de que afectaban a las cuentas públicas. Entre ellas, una rebaja del IVA a los alimentos. Aunque también había otras enmiendas que habían introducido ERC y Junts.

La Mesa del Congreso decidió volver a vetar esas enmiendas en su reunión del martes ante el enfado del PP. Un encono que el partido ha llevado hasta las últimas consecuencias. Su portavoz, Miguel Tellado, pidió una reunión de la Junta de Portavoces extraordinaria esta mañana para posponer una semana la votación de la ley. También forzó un debate en el Pleno pero la Presidencia del Congreso decidió mantener el punto. Junts también ha volcado su enfado tumbando la Agencia Estatal de Salud Pública pese a que no tiene relación con el conflicto. “Ninguna agencia española de salud pública está por encima de los ganaderos catalanes”, ha afirmado la portavoz del grupo, Miriam Nogueras.

El debate empezó con un tono ya bronco pero nadie en el Ministerio anticipaba el desenlace teniendo en cuenta el casi consenso –salvo Vox, que siempre se mantuvo en contra– de las comisiones. La ministra Mónica García tuvo que retrasar el inicio de su intervención ante el jaleo de la bancada popular pero confió hasta unos minutos antes de la votación de que la ley saldría adelante. “Deberíamos estar enorgulleciéndonos de lo que aprendimos de la pandemia, deberíamos estar contentos, orgullosos y cohesionados, pero no somos capaces. Les puede la ira, les puede el enfado. Pero hoy yo sí tengo el inmenso honor, como ministra, de hacer realidad esta ley”, les espetó a los conservadores, cuyo líder había pedido en varias ocasiones desde 2022 la creación de un organismo de este tipo.

La norma salvó el último obstáculo en la Comisión de Sanidad del pasado jueves y parecía tener allanado el camino tras superar muchas dificultades desde 2022: primero decayó por el adelanto electoral; después dos enmiendas a la totalidad estuvieron a punto de mandarla de vuelta al Gobierno. Hasta hoy. Iba a ser la primera ley de Sumar aprobada en la legislatura. La diputada del PP, María del Mar Vázquez, ya avanzó en su primera intervención que la postura de su grupo sería “crítica”. “Trataremos de mejorar el texto en el Senado y, si resulta aprobada, no permitiremos que se juegue a que esta agencia sea el brazo ejecutor del PSOE”, aseguró sin anticipar el sentido del voto.

Tras confirmase que la agencia decaía, García ha vinculado el giro con una “pataleta” y unas “tácticas políticas que nada tienen que ver con los ciudadanos”. “Es de una irresponsabilidad mayúscula a cinco años de la pandemia. No es una revancha contra el Gobierno, sino contra la salud de los ciudadanos”, ha asegurado en los pasillos del Congreso, donde ha afirmado que el Ministerio estudiará “la manera de volver a traer la norma de la manera jurídica que sea posible”.

Desde la tribuna de los invitados, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) escuchaba las intervenciones sin saber que el resultado sería finalmente el que ha sido. Varias de ellas le han apelado directamente: desde la dura crítica del Partido Popular y Vox, que han hecho de sus intervenciones una enmienda a la totalidad de la gestión que se hizo de la pandemia desde el Gobierno de Pedro Sánchez, al agradecimiento de la ministra de Sanidad.

Fernando Simón, que ha sido la diana de muchas críticas en los últimos cinco años y reapareció en un acto público la semana pasada tras salir de los focos, estuvo al frente de un pequeño departamento en cuyas recomendaciones se apoyaron muchas de las decisiones que se tomaron a nivel estatal.

Para qué servía el organismo

Precisamente la nueva ley quería solucionar esto a través de un organismo autónomo con una estructura más reforzada. Aunque los detalles de la agencia se debían haber desarrollado en un reglamento posterior a cargo del Ministerio de Sanidad, el proyecto de ley que se ha ido por el sumidero, buscaba “mejorar la salud de la población, la equidad en salud y su bienestar y proteger a la población frente a riesgos y amenazas sanitarias”.

La redacción dejaba incógnitas como el lugar donde se ubicaría –varias ciudades se han postulado– o la dirección, que previsiblemente será por concurso de méritos. Simón no ha aclarado si se presentará, lo que ha servido a las derechas para lanzarse contra el director del CCAES por anticipado ante la posibilidad de que termine ocurriendo.

Lo que sí deja claro el texto son las funciones del organismo. Le correspondía la tarea de “vigilar, identificar y evaluar el estado de salud de la población y sus determinantes, así como los problemas, amenazas y riesgos en materia de salud pública”. También coordinar la “preparación y respuesta ante crisis y emergencias sanitarias” y encargarse de una comunicación clara sobre las amenazas. Formaba parte, igualmente, de su misión también colaborar con la Unión Europea o la Organización Mundial de la Salud.

El PP trata de boicotear el Pleno

Todo el debate ha estado marcado por la bronca con la que el PP ha intentado boicotear el Pleno de esta mañana. Cuando se empezaba a debatir la creación de esta agencia estatal, Tellado ha pedido la palabra para solicitar la modificación del orden del día y posponer el debate sobre la ley de desperdicio alimentario. Es lo que había solicitado por la mañana en la Junta de Portavoces extraordinaria pero que ese órgano había rechazado. 

Pese a la negativa, el PP ha intentado durante el Pleno lograr su objetivo. En varios momentos de la sesión han increpado al vicepresidente primero de la Mesa, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que sustituye esta semana a Francina Armengol, por no concederles el turno de palabra. Han protestado con golpes y con gritos desde la bancada. Los diputados del PP incluso se han levantado después de que el vicepresidente llamara al orden a Tellado. 

Al final del punto, Gómez de Celis ha permitido un breve debate sobre el asunto en el que Tellado ha esgrimido sus motivos para posponer el debate entre descalificativos. “Gracias, señor presidente accidental por conocerme un derecho que el reglamento otorga. Proponemos que se debata el aplazamiento del punto 29. Pedimos que se analice el informe de legalidad que hemos presentado”, ha dicho. A continuación han hablado los portavoces, pero la bronca ha vuelto a encenderse cuando Gómez de Celis ha resuelto dejar el orden del día tal y como estaba. La bancada del PP ha seguido golpeando la madera de sus escaños imposibilitando que la ministra de Sanidad, Mónica García, que intervenía a continuación pudiera hablar. 

“Perdón si por culpa del PP esta cámara no está a la altura de lo que se merece. Gracias a las instituciones que creen en las leyes y en la política. Lamentamos este espectáculo. No nos van a hurtar el debate, no nos van a hurtar la palabra. Este es un buen ejemplo de por qué la salud pública siempre ha estado invisibilizada”, les ha reprochado la ministra. 

Un nuevo choque entre el Gobierno, el Congreso y el Senado 

El origen del conflicto nace de un nuevo enfrentamiento con el Gobierno y el Congreso por un lado y el Senado por otro, donde el PP tiene una amplia mayoría absoluta. En esa Cámara, el partido de Alberto Núñez Feijóo introdujo hace unas semanas una serie de enmiendas a la ley de desperdicio alimentario del Gobierno que no tenían necesariamente que ver con el grueso del texto. Una de las más importantes, una medida que buscaba rebajar el IVA de los alimentos. 

El Gobierno tiene la facultad de comunicar a las Cámaras un veto a toda “proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios”, tal y como recoge el artículo 134.6 de la Constitución. Pero el órgano de gobierno tanto del Senado como del Congreso pueden no aceptar ese veto, que es lo que ocurrió en la Mesa de la Cámara Alta hace apenas unos días. 

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de este martes una resolución para iniciar los trámites de cara a pedir al Constitucional que se pronuncie sobre esa decisión. El Gobierno había solicitado un informe a la Abogacía del Estado para que opinara sobre si la Mesa del Congreso, en lo que sería una decisión inédita, estaría capacitada legalmente para vetar esas enmiendas cuando llegasen de nuevo a la Cámara Baja. 

Ese órgano, tras recibir un informe favorable de la Abogacía del Estado, aprobó según fuentes parlamentarias aceptar el veto a las enmiendas del Senado que afectaban a los Presupuestos: las del PP pero también de ERC y Junts. Lo hizo, eso sí, en contra del criterio verbal que mostró en ese momento el jefe de los letrados del Congreso. Según fuentes parlamentarias, el secretario general consideró que la Mesa no debía aceptar el veto al tratarse de unas enmiendas que venían del Senado aunque estableció que el veto sería perfectamente válido si hubiesen sido votadas en el Congreso. 

El enfado del PP nace de una decisión que efectivamente es inédita y que se produce en mitad de un choque entre ambas Cámaras que ya ha vivido numerosas ediciones en esta legislatura. Hace apenas unos días el Constitucional anuló una reforma del reglamento del Senado con la que el Partido Popular consiguió retrasar casi dos meses la entrada en vigor de la ley de amnistía. El PSOE utiliza precisamente un argumento de esa sentencia, en la que habla de la preeminencia del Congreso sobre el Senado, para defender su decisión en la reunión de la Mesa del martes.