Sanidad da por hecha la mayoría para sacar adelante la nueva Agencia Estatal de Salud Pública

Si todo va como el Ministerio de Sanidad espera, el Congreso aprobará la próxima semana la ley que materializa la Agencia Estatal de Salud Pública. La norma, cuya tramitación empezó hace tres años, se enfrenta este jueves a un paso decisivo en la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja. El equipo que dirige la ministra Mónica García (Sumar) asume que el dictamen de la ley que se someterá a votación saldrá adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox. Sería la primera norma de Sumar que alcanza este trámite, previo al debate final en el Pleno, en la legislatura.

Tras un año de negociaciones, en febrero se allanó el camino hacia el consenso cuando todos los parlamentarios de la Comisión, salvo los de Santiago Abascal, firmaron un texto común en el informe de la ponencia. Aquel texto ya incorporaba algunos cambios propuestos por cada grupo a través de enmiendas transaccionales que están atadas, de acuerdo con fuentes ministeriales. Este jueves solo se debatirán aquellas que no se han aceptado. El Partido Popular, a preguntas de este diario, no avanza su postura en la votación pero sí confirma que se han aceptado diez de sus enmiendas. Junts ha rehusado responder.

11 años de retraso

Si la Comisión de Sanidad da luz verde por mayoría al proyecto, como Sanidad espera, la ley estaría lista para enviarse al Pleno del Congreso y aprobarse definitivamente la próxima semana. Un hito que se ha retrasado una década.

La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró hace dos semanas que la Agencia Estatal de Salud Pública era una “deuda” con la sociedad española desde que se aprobó la Ley General de Salud Pública en 2011. Esta norma impulsaba la creación de este órgano pero nunca se hizo realidad.

Hasta que llegó la pandemia. El Gobierno reactivó nueve años después aquella idea y en 2022 presentó, con la ministra Carolina Darias al frente de Sanidad, el primer anteproyecto de ley. Ya entonces, varios expertos en salud pública celebraron el paso tras haber sido “largamente demorado”. Sin embargo, las elecciones generales de 2023 volvieron a interrumpir el proceso y en enero de 2024 tuvo que ser aprobado de nuevo en el Consejo de Ministros con García como nueva titular de la cartera.

El Gobierno no las tenía todas consigo al principio: el proyecto estuvo a punto descarrilar en febrero de 2023 al presentar Junts y PNV dos enmiendas a la totalidad para devolver la ley al Gobierno con el argumento de que invadían sus competencias. El texto final de la ley incluye las funciones específicas que tendrá la agencia para “garantizar que no se merman las competencias autonómicas en materia de salud pública”, aseguran fuentes ministeriales. Todos los informes que emanen de este nuevo órgano, que dependerá del Ministerio de Sanidad, tendrán que pasar por el Consejo Interterritorial de Salud.

Entre las principales funciones de la Agencia estarán la coordinación de la vigilancia en salud pública, la evaluación de los riesgos en salud, la preparación y alerta en crisis sanitarias, trasladar información a la ciudadanía ante el riesgo y prestar asistencia, asesoramiento y soporte a cualquier institución pública o comunidad autónoma que lo requiera.

Dos de las cuestiones que han despertado más interés es quién la dirigirá y dónde se situará. El Partido Popular pidió que los nombramientos fueran refrendados por una mayoría del Congreso y el Senado. El proyecto garantiza que será “autónoma” e “independiente”. En cuanto a la sede, García recordó que hay varias ciudades candidatas para acogerla, aunque la decisión corresponderá al Ministerio de Política Territorial.

“Parece relativamente fácil encontrar consensos sobre determinados artículos, pero no lo es tanto cuando lo que importa, de fondo, no es el artículo, sino la correlación de fuerzas entre partidos. Las condiciones para ese mínimo consenso parecen haberse reunido de nuevo estas últimas semanas”, apuntaba a principios de marzo la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS), muy crítica con las demoras. Este jueves se confirma si este consenso se traduce en votos.