La defensa de la pareja de Ayuso también envió su confesión de fraude fiscal a la Abogacía del Estado

El abogado de Alberto González Amador no solo envió su confesión escrita al fiscal que le estaba investigando. También se la remitió por email a la Abogacía del Estado en febrero de 2024, aunque la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso haya omitido este detalle en todas sus denuncias, querellas y escritos. Así lo ha revelado la propia Abogacía del Estado en uno de sus últimos recursos presentados en el Tribunal Supremo, tal y como ha adelantado este miércoles El Español, un escrito en el que defiende que el propio González Amador y sus abogados no han considerado confidencial el documento cuya difusión se atribuye al fiscal general del Estado.

Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía defienden, desde la apertura de diligencias en el Tribunal Superior de Madrid hace meses, que la Fiscalía de Madrid no difundió datos confidenciales del caso de fraude fiscal de González Amador cuando en la mañana del 14 de marzo emitió una nota para combatir varias informaciones falsas del caso, algunas difundidas por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso. También que ni Álvaro García Ortiz ni tampoco Pilar Rodríguez filtraron datos de la causa a la prensa en esos días.

El último recurso de la Abogacía del Estado se dirige directamente a la sala de apelaciones del Supremo para combatir la decisión del juez Ángel Hurtado de citar a Rodríguez como imputada. Un escrito en el que acusa al instructor de llevar a la fiscal provincial de Madrid camino del banquillo “sin prueba directa” y “ni un solo hecho objetivo” que avale su imputación, pero en el que también desvela que el letrado Carlos Neira no solo envió la confesión de González Amador al fiscal Julián Salto. También se lo envió a un miembro de la Abogacía del Estado.

“Acabo de enviar a Fiscalía otra propuesta de conformidad penal en relación con una nueva denuncia por delito fiscal IS 2020 y 2021”, explicaba en el correo el abogado, conocido en los círculos judiciales madrileños por otros casos recientes de fraude fiscal en los que ha llegado a una conformidad. En ese correo de principios de febrero de 2024, como archivo adjunto, estaba la propuesta de conformidad en la que se ofrecía a pagar medio millón de euros y aceptar ocho meses de cárcel a cambio de no pisar la prisión junto con más documentación detallada del caso.

Es el email cuya filtración el Tribunal Supremo y la Guardia Civil atribuyen al fiscal general y la fiscal provincial de Madrid, basándose en que en la noche del 13 de marzo, un mes después, requirieron todos los datos del caso al fiscal Julián Salto para desmentir informaciones falsas. La Abogacía destaca “el nulo valor confidencial o naturaleza reservada que se le otorga al contenido del correo incluso por el propio abogado del señor González Amador”.

En ese momento, destaca, la Abogacía del Estado ni siquiera formaba parte del proceso, como sí lo sería posteriormente en representación de Hacienda. La defensa de González Amador, explica por tanto la defensa de Pilar Rodríguez, fue la primera en difundir sus propios correos incluso con gente no relacionada con la causa. Al igual, recuerda, que fue el propio González Amador el que pasó otras conversaciones con el fiscal Salto a Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de su pareja en la Comunidad de Madrid.

La desinformación, un “reto importante”

En su escrito de recurso, la Abogada del Estado que representa a Pilar Rodríguez cuestiona que fuera llamada a declarar como imputada y critica que el juez Hurtado esté rechazando todas las pruebas o propuestas que puedan cuestionar la inculpación de la fiscal provincial de Madrid. Desde cuestionar el testimonio de los periodistas que afirmaron haber tenido acceso a ese correo días antes que ella hasta el hecho objetivo, añade, de que se limitó a recabar la información del caso por “obligación estatutaria” y las “instrucciones de un superior jerárquico”.

Los argumentos del juez para rechazar todas sus alegaciones no cuentan, dice la Abogacía, con una “consistencia mínima e imprescindible” para sostener la imputación. Las pruebas que pueden actuar en beneficio de la fiscal, denuncia, son rechazadas “sin una justificación razonable” sin que exista una “prueba directa” contra ella. El magistrado, añade, analiza los hechos “en bloque” y a veces “a sugerencia de la acusación particular” de Alberto González Amador.

Rodríguez, destaca el recurso, se limitó a dar traslado a su superior de las actuaciones por la vía de la dación de cuentas, y no existe “ni un solo hecho objetivo” en los informes de la Guardia Civil que indique que Rodríguez pudo filtrar el correo o cualquier otro dato del caso a algún periodista. Sí consta, por contra, que instó al jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid a no dar ninguna información sobre el caso.

La nota de la Fiscalía de la mañana del 14 de marzo, reitera, no tenía otro objetivo que desmentir con datos ya conocidos las mentiras que difundía Miguel Ángel Rodríguez y que algunos medios publicaban: que el Ministerio Público estudiaba una propuesta de pacto de González Amador y no al revés. “Resultaba lógico y proporcionado desmentir esa información difundida”, defiende. La nota no reveló ningún secreto, añade para concluir: “La desinformación, así como la publicación de informaciones manipuladas y nocivas, constituye un reto importante para las democracias”.