Los afectados por la ley turística cargan contra el nuevo decreto: “Iremos a los tribunales, no cometemos ninguna infracción por vivir en nuestras casas”

El nuevo decreto que pretende paralizar las multas a personas por vivir en sus apartamentos o no cederlas a un explotador turístico no ha contentado a las personas afectadas. “Nos han engañado, el decreto no suspende las multas y solo con leer el artículo tres queda de manifiesto, no necesito que me hagan un favor, ni que me perdonen para vivir en mi casa”, advierte Maribe Doreste, presidenta de la plataforma de afectados (PALT). Según explica, asumir ese decreto implica aceptar que los propietarios han cometido una infracción. “Aquí no se va a rendir nadie, si tenemos que tener 6.000 juicios los tendremos”. 

“Iremos a los tribunales, no cometemos ninguna infracción por vivir en nuestras casas”, insiste Doreste a este periódico. Destaca que en el artículo tres se recoge que habrá un plazo de tres años previa presentación de solicitud de cambio de uso en la que “nos obligan a reconocer que hemos vivido de forma ilegal en nuestra casa”. “La solicitud deberá ir acompañada de un estudio del área o recinto”, añade el texto. Una solicitud “que prácticamente le redactamos la modificación menor del plan” y “como nos obligan a ser un ”pecador confeso“ ”ellos resolverán o no favorablemente porque tampoco tienen ninguna responsabilidad patrimonial“.

Aquí, Doreste cree que está “la trampa” y lo califica como “insulto a la inteligencia”, pues se parte de que “los apartamentos y bungalós no son viviendas, que el suelo era turístico desde los tiempos de Maricastaña y que ahí donde hemos vivido no se puede vivir porque el que lo ha hecho ha sido un ilegal”. Apunta que dichas condiciones del decreto implica que las personas queden desprovistas de cualquier indemnización o defensa.

Doreste insiste en que lo que ella tiene es una “vivienda” al igual que el resto de afectados, que así lo pone en sus escrituras. “Nos están pidiendo que firmemos nuestra rendición, que reconozcamos una infracción, una ilegalidad que no reconocemos y me pide que te la firmemos para que me hagas discrecionalmente el favor de suspender un procedimiento que no tenía que haberse incoado y habiendo perdido la perspectiva porque nunca se ha cuestionado a los complejos que no tienen explotador”, remarca. 

La presidenta de la plataforma pone el ejemplo de Las Algas donde todos los propietarios y propietarias han recibido multas y es un complejo donde no hay explotador y no existe la posibilidad de que lo haya. Este periódico documentó varios casos de ese complejo, algunos de personas que vivían ahí desde los años 60 y eran las viviendas de sus padres que trabajaron en los primeros hoteles de la zona. 

“Y encima te dejan con esta situación suspendida de multas tres años, en un secuestro de tu propiedad que no sabemos las consecuencias ni cuál es el final”, apunta Doreste, que añade que si alguien quisiera vender la propiedad o alquilarla sería “con los posibles daños colaterales” pues “dejan atrapada una propiedad tres años”, remarca. 

La presidenta de la PALT apunta que las multas seguirán llegando si no se ordena su suspensión, “para que firmemos nuestra culpa por haber usado lo que hemos comprado legalmente desde antes de que existiera la comunidad autónoma de Canarias y, por tanto, ninguna ley autonómica podría permitir o no el uso de nuestra vivienda”. 

Las islas como “parques temáticos”

Doreste insiste en que expulsar a los canarios de las zonas donde ha proliferado el turismo es convertirla en auténticos “parques temáticos” y esto es “el problema es que alguien piense que puede venir a reescribir el relato de lo que nosotros vivimos de niños aquí , a robarnos nuestra historia y nuestras experiencias, que ya estábamos aquí cuando se construyeron los complejos y jugábamos en las obras”.

“No entendemos esta manía con la especialización, pues no hubiera hecho falta ninguna especialización”, remarca la portavoz, que subraya su oposición “al parque temático” y su defensa en preservar “nuestra identidad y la del destino, de la justicia social, espacial y sostenibilidad del modelo turístico que queremos para Canarias”. 

“La solicitud del cambio de uso a residencial implica el reconocimiento de que el uso no era este y los derechos indemnizatorios que pudiera producir esta gran estafa los perderíamos, ya que eres tú quien lo solicita”, afirma. “La solicitud no significa que te vayan a reconocer automáticamente por no tener explotador”, añade. 

Otra cuestión que este decreto ley considera que se “lleva por delante” es la “consolidación. ”¿Cómo le doy la compatibilidad a un apartamento o bungalós cuando tú dices que no son viviendas? “, se pregunta. 

“Iremos a los tribunales que haga falta, no vamos a reconocer una infracción que no existe y tenemos prueba de sobra para que alguien que nos trata como tontos nos diga que no sabemos lo que hemos comprado”, concluye. “Si lo que aquí se pretendía era evitar el gran problema social que han provocado con estas normas lo que tenían que hacer era suspender los artículos 5 , 23, 24 y 25 de la Ley 2/2013” o “derogar la Ley entera que no ha servido para nada y lo único que ha traído es conflictividad yb problemas en los ciudadanos”.