El Gobierno canario paraliza las multas a los propietarios que viven en apartamentos o no los ceden a un explotador turístico

El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el decreto que paraliza las sanciones a los propietarios que viven en apartamentos de zonas turísticas o no los ceden a un explotador turístico. La Consejera de Turismo, Jéssica de León, ha señalado tras el Consejo de Gobierno que la suspensión afecta a quienes se les ha incoado un expediente, a los que están en trámite y a los que están en causa de resolución. Pero quienes ya han pagado la multa hay “poco margen” aunque les da la garantía de no volver a ser sancionados.

La consejera remarcó que desde 2013 (año del que es la Ley Turística) hasta ahora se ha producido un proceso de residencialización, es decir, “propietarios que se han empadronado por ausencia de vivienda por una situación de emergencia habitacional propia de sus familiares en esos apartamentos”. Esos apartamentos, apuntó, perdieron su uso turístico y a su explotador, pero la Ley nunca contempló estos supuestos, motivo por el cual Turismo ha ido sancionando durante años a estos propietarios que se han ido empadronando.

De León también ha anunciado que queda derogado el artículo 24 de la ley de renovación y modernización turística de 2013. “Habrán escuchado a los propietarios decir que la ley tiene un supuesto que es irreversible que es la de sustituir al propietario ”una expropiación encubierta“, apuntó. De hecho, si el propietario no se atenía al deber de atenerse al uso y además explotaba fuera de la unidad de comercialización el artículo 24 habilitaba ese supuesto de sustituirlo.

La consejera ha señalado que el principio de unidad de explotación que viene en esa ley, “habrá de tratar de modificarlo en las mesas de debate”. Según apuntó, en ese artículo 24 los denunciantes “tenían el deber de pedir la sustitución del propietario para que esa unidad revirtiera en la unidad de explotación y eso causa en una situación de irreversibilidad, que no se va a poder corregir si entramos en una dinámica que además carece de fundamento jurídico y de antecedentes en ninguna comunidad autónoma y por eso lo que hacemos es derogar ese artículo de la ley”, explicó.

Asimismo, apuntó que la Ley 4/2017 del suelo de Canarias y los espacios protegidos de Canarias se contempló una disposición adicional “que era que aquellos propietarios que estuviesen empadronados en estos apartamentos se les suspenderían las sanciones tanto en cuanto los ayuntamientos decidieran la especialización de uso o dicho de otro modo estas parcelas pasaran de uso turístico a residencial”, remarcó.

Esto, apuntó “no ha pasado en los últimos ocho años y ningún ayuntamiento salvo en esta legislatura tanto San Bartolomé de Tirajana como Mogán (dos de los principales ayuntamientos afectados) han incoado expedientes para modificar el Plan General o en el caso de San Bartolomé para aprobar unas ordenanzas de especialización de uso”.

“No es fácil suspender sanciones” y “es justo felicitar a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma”, insistió la consejera.

Con el decreto se establece un plazo de tres años para que los ayuntamientos especialicen el uso turístico de esas parcelas o el uso residencial y es el plazo que tendrá el Gobierno para abordar un proceso común para hablar con el sector público y privado y la sociedad civil, la plataforma de afectados y todas las plataformas surgidas del 20A .

La consejera señaló que el debate sobre esta norma se producirá en mesas de trabajo en las universidades. “Estamos dando respuesta a algo que durante más de 12 años miles de familias han sufrido de forma injusta, por lo tanto, ahora lo que queda es trabajar y atender a la variada casuística”, apuntó la consejera, que habló de que cuando llegó al cargo se encontró un “caos normativo”.

La noticia llega después de que desde la plataforma de afectados se haya alertado de un aluvión de multas en las últimas semanas. Para Maribé Doreste, presidenta de la plataforma de afectados, esa decisión de la Consejería de Turismo de paralizar las sanciones, es un “parche” que no soluciona el problema de fondo.

La plataforma insiste en que está muy pendiente de cómo se van a suspender las multas y con qué decreto, pero advierte de que las sanciones siguen. “Para nosotros la noticia de suspender las sanciones no soluciona el problema porque de nada sirve esta ley de 2013 que nació con un propósito que es inútil, inservible y oscura y que no ha traído más que dolor en lugar de solucionar los problemas de los ciudadanos”, apunta Doreste. Así mismo, añade que “si la ley no sirve y no ha gustado a nadie tiene que derogarse”.