El monumento a Franco de Tenerife, una exaltación de la dictadura que puede acabar protegida como Bien de Interés Cultural

El monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife, que exalta la dictadura franquista, está más cerca de ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC), una figura por la que quedaría protegido pese a lo que dice el Catálogo de Vestigios. Esta semana ha sido publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la apertura de información pública del expediente para llevar a cabo esta declaración y, desde el 14 de marzo, la ciudadanía cuenta con quince días hábiles para formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.  

El Cabildo de Tenerife (Coalición Canaria-PP) se ha escudado en que cumple con una sentencia para iniciar este trámite. Dicha resolución judicial, de junio del pasado año, ordenaba tramitar un expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la escultura. La jueza María Isabel Pardo Vivero Alsina daba la razón a la Asociación para la Investigación y Patrimonio Artístico San Miguel Arcángel, que en el anterior mandato había pedido al Cabildo que iniciara ese expediente. 

La corporación insular, entonces liderada por el socialista Pedro Martín, expuso que no correspondía una declaración de BIC ya que sus técnicos de Patrimonio y los expertos de la Universidad de La Laguna habían descartado que hubiera valores artísticos que obligasen a mantener el monumento.

Una batalla de años en los tribunales

La asociación que ha batallado a los tribunales es la misma que recurrió en los juzgados el Catálogo de Vestigios Franquistas en la capital tinerfeña, elaborado por el Gobierno de Canarias en la pasada legislatura, y la misma que colocó vallas publicitarias por la ciudad de Santa Cruz de Tenerife en defensa de la escultura en honor del dictador. En esa batalla judicial no ha estado sola ya que otras asociaciones también han peleado por tumbar el Catálogo de Vestigios otras como la asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces o el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

En enero de 2023 el Ttribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) protegía de forma cautelar el monumento a Franco de Tenerife. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, con sede en Tenerife, estimaba un recurso de la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio San Miguel Arcángel en contra de la decisión del Cabildo de Tenerife de no declarar como Bien de Interés Cultural dicha escultura. 

En la sentencia, de la que fue ponente el magistrado Juan Ignacio Moreno-Luque, se recogía que “lo que se discute en este recurso no es la confrontación del monumento con la Ley de Memoria Democrática 20/2022, algo que generaría una indudable ”apariencia de buen derecho“ a favor de la administración. Lo que aquí se discute es algo bien distinto, y consiste en determinar el posible interés cultural que pueda tener la escultura de Juan de Ávalos”.

La anulación del Catálogo de Vestigios

No fue la única sentencia que atañe al monumento, pues se emitieron otras contra el Catálogo de Vestigios que enumeraba los elementos franquistas de esta escultura de Juan de Ávalos. En mayo de 2023, el TSJC ordenó publicar de forma íntegra el Catálogo de Vestigios de Canarias en el BOC y apenas unos días después el Gobierno de Canarias subsanaba este error.

Sobre el recurso presentado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife contra el catálogo, el TSJC hizo suyo el argumento que hacía referencia a que el documento solo incluye los vestigios de Santa Cruz de Tenerife. En él se afirma que es un “grave quebranto” de forma la aprobación de un catálogo autonómico bajo la consideración de aprobación inicial. Una cuestión que considera “arbitraria” y afea que el Gobierno de Canarias no explique por qué se comienza por Santa Cruz de Tenerife. También la Sala destaca que esta decisión genera “indefensión” al Ayuntamiento porque no le permite tener criterios comparativos con otros municipios.

Una cuestión que llama la atención de este auto es que entra en el contenido del catálogo. Por ello, la resolución judicial contó con el voto particular del magistrado Evaristo González, que se desmarcó de algunas de las afirmaciones realizadas en la misma, en especial a las afirmaciones “de carácter histórico” realizadas sobre personajes como Calvo Sotelo. Para dos de los jueces, para eliminar un nombre del callejero “no basta” con que ese personaje al que se alude tenga “cualquier relación con el franquismo”, sino “una participación activa y relevante en la sublevación” o la ocupación de cargos de “máxima importancia”.

El Catálogo de Vestigios de Canarias (estaba publicado el de Santa Cruz de Tenerife pero no estaba finalizado el del resto de capitales canarias) quedó finalmente suspendido por el actual Gobierno de CC-PP. El Ejecutivo de Fernando Clavijo dijo en junio del pasado año que calcula que en marzo de 2025 habrá terminado el Catálogo de Vestigios Franquistas de la Comunidad Autónoma y aludió a “razones de seguridad jurídica” el motivo por el que aceptó el requerimiento del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de derogar el catálogo.

Los símbolos del monumento 

El Catálogo de Vestigios de Canarias anulado concluía que es necesaria la “retirada del grupo escultórico”, que está configurado por una base que es una alegoría de la isla de Tenerife, “que actúa como anclaje de las piezas superiores y como símbolo de la contribución de la isla de Tenerife a la sublevación militar”. También se compone de “la figura del arcángel”, que simboliza el vuelo realizado por Franco en el avión conocido como Dragon Rapide, y el “símbolo propio de la guerra de religión que recibe el auxilio divino a través de la figura angelical”.

Los expertos y expertas subrayaron entonces que es una vulneración de la ley esa figura alegórica del general Franco sobre el arcángel “representado como un joven atlético vestido con una túnica que alude a la bandera nacional y presenta al frente una espada que se identifica como una cruz”. El complejo también contiene los escudos alegóricos a los nueve partidos judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife en 1960, que representan la pretensión de significar el reconocimiento de la sublevación militar y de la Guerra Civil como causa justa y legal.

Además, para financiar la escultura el método utilizado, la “suscripción popular”, se practicaba a través del control ejercido por los órganos de gobierno militar y civil, que eran poseedores de la información sobre la ciudadanía. El Catálogo de Vestigios reflejaba esas extorsiones, presiones y un alto grado de control.