Los afectados por no poder vivir en sus apartamentos alertan de un “aluvión de multas” pese al anuncio de que se paralizarían

La plataforma de afectados por la Ley Turística de 2013, que impide a los propietarios de apartamentos de zonas consideradas turísticas residir en ellos y les obliga a cederlos a un explotador turístico, denuncia que los propietarios siguen recibiendo multas en estos últimos días pese al anuncio de que se paralizarían. “Estamos recibiendo un aluvión de sanciones. Hay una concentración de multas mucho más alta en estos días”, advierte su presidenta, Maribé Doreste. “Es una pena y una tristeza que estén obligando a la gente a buscarse abogados y a gastar dinero para poderse defender de algo que han podido hacer siempre que es vivir en sus casas y que ha sido legal siempre porque durante muchos años hemos estado ahí”. 

La pasada semana, el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, explicaba tras el Consejo de Gobierno que el decreto por el que se paralizarían esas sanciones se había quedado “encima de la mesa”. Según afirmó, la decisión de aplazar dichas multas quedaba aplazada para solucionar unos “matices” por parte de los servicios jurídicos. 

En las multas que están llegando se expone que la infracción cometida se encuentra tipificada “como muy grave”, siendo sancionable con multa entre 30.001 y 300.000 euros“. Este periódico ha recabado multitud de sanciones, en algunas ocasiones incluso con carta de pago. Antonia es ejemplo de ello, le llegó una sanción de 2.250 euros recientemente porque ha agotado la vía administrativa. ”Tengo un plazo para pagarla y estoy reuniendo el dinero, pero soy viuda y tengo una minusvalía“, explicó.

Para Maribé Doreste, esa decisión de la Consejería de Turismo de paralizar las sanciones, es un “parche” que no soluciona el problema de fondo. “Fue una artimaña política para que no se hable de esta ley de 2013, que nadie quiere y que es una ley que segrega y expulsa a los legítimos propietarios y a la población de áreas del litoral con potencialidad turística”, explica a este periódico. 

La plataforma insiste en que está muy pendiente de cómo se van a suspender las multas y con qué decreto, pero advierte de que las sanciones siguen. “Para nosotros la noticia de suspender las sanciones no soluciona el problema porque de nada sirve esta ley de 2013 que nació con un propósito que es inútil, inservible y oscura y que no ha traído más que dolor en lugar de solucionar los problemas de los ciudadanos”, apunta Doreste. Así mismo, añade que “si la ley no sirve y no ha gustado a nadie tiene que derogarse”. 

La presidenta de la plataforma también es crítica con la nueva norma de alquiler vacacional, que menciona a estos propietarios en ella. “¿Por qué la Ley de vivienda vacacional que está en trámite parlamentario vuelve a validar la ley 2/2013 y amplía la tipificación de faltas que traía la ley de ordenación del turismo de 1995, además de hablar de los propietarios de viviendas que nada tenemos que ver con el alquiler vacacional?” se pregunta Doreste. 

“Con esta ley lo que se hace es volver a expulsar y a decir que no quieren a los residentes y a los canarios en esta zona que quieren preservar para el modelo tradicional para que el dinero siga estando en las manos de los de siempre”, apunta. Asimismo, cree que con la nueva ley de alquiler vacacional se beneficia a los empresarios turísticos para que “se puedan quedar con el monopolio del negocio”. 

Otra cosa que cree que hace la Ley es que va en contra del Plan General Insular, porque en él “sí que se permite el uso mixto y esta ley lo que hace es prohibirlo”. “Lo que nosotros pedimos es la derogación de la Ley de 2013 y que se acabe con esa interpretación que mantiene una expropiación encubierta del uso que tienen nuestras propiedades”, afirma.

“No somos nosotros ningun impedimento para la actividad turística”, recuerda Doreste, que añade que las cifras hablan de hasta 18 millones de turistas el pasado año.

La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias confirmaba a finales de febrero que se suspenden temporalmente las sanciones a los afectados por la Ley Turística de 2013. La consejera Jéssica de León señaló en Televisión Canaria que se ha puesto esa primera “tirita” pero que la idea es cambiar la ley.

El acuerdo había sido anunciado hacía unos días por el alcalde de San Bartolomé de Tirajana Marco Aurelio Pérez, que señaló que ha conseguido el compromiso de la Consejería de Turismo para desarrollar una propuesta legislativa.

El alcalde incidió en un comunicado en que la suspensión de las multas sea durante “un período lo suficientemente largo como para que todas las modificaciones legislativas que están en trámite queden aprobadas y nos permitan tener una visión de conjunto del sector en Canarias”.