¿Aguas contaminadas en Playa Jardín? Guerra política, dudas sobre la reapertura y hartazgo de los vecinos de Puerto de La Cruz

Sirvió, en parte, para justificar una censura (cuando uno de los socios, encima, gestionaba precisamente Playas –ACP- y se ha quedado en el gobierno local junto a la derecha de CC y CC). Se dijo que podría resolverse en gran parte en poco tiempo, pero han pasado ya siete meses y las dudas crecen sobre las opciones reales de que el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, la principal ciudad del norte de Tenerife, pueda recomendar el baño (que no reabrir) en Playa Jardín antes o durante este verano, que es en lo que insiste el gobierno salido de ese giro de guión que ha unido a la derecha con la asamblearia ACP, se supone que a la izquierda de la socialdemocracia. 

Sin embargo, ¿qué está pasando realmente con las analíticas sobre los vertidos y la contaminación en la principal zona de baño de una localidad que inventó el turismo de masas en Canarias en los años 60 del siglo XX? ¿Por qué el gobierno local da por hecho que los resultados están mejorando y la oposición socialista, que esgrime informes regionales, sostiene lo contrario? ¿Por qué la consejera de Medio Natural del Cabildo tinerfeño, Blanca Pérez (CC), duda también de que se pueda cumplir ese plazo y dejó claro en un pleno que el gobierno insular nunca ha dado esa fecha del verano?  ¿Por qué se critica la transparencia y difusión de unos datos que se supone que deberían difundirse por normativa, por qué la plataforma Stop Vertidos tampoco se lo cree y, junto a vecinos y otras personas molestas, críticas o sumamente preocupadas, volverán a protestar este domingo 23 de marzo? ¿Por qué nunca se ha hablado de la situación en playas cercanas, pero de Los Realejos, como Los Roques –incluso La Fajana, Castro…-, cuando el 80% del tiempo las corrientes van hacia la Isla Baja y Punta Brava se sitúa justo al lado, con cadáveres de personas que se ahogan de Tacoronte al Valle que aparecen en Los Silos, por ejemplo? ¿Será que no ha convenido políticamente?

Lo cierto es que la situación de Playa Jardín ha agudizado la guerra desatada entre el gobierno y la oposición surgida tras la censura en el Puerto de la Cruz en agosto del año pasado. De hecho, esta misma semana han vuelto a discrepar sobre la interpretación de los datos, por muy públicos y de administraciones superiores que sean, con el PSOE acusando a PP, ACP y CC de mentir y de contradecir un informe de Salud Pública, y con el equipo gobernante pidiendo la dimisión del exalcalde Marco González por lo mismo, por engañar y no saber entender los registros.

Dudas sobre las obras en ejecución

No obstante, hay otras dudas que también deberían aclararse. Por ejemplo, ¿qué pasa con las analíticas del agua que sale de la depuradora para que en la rotura del emisario den valores de hasta 68.000 de ecoli? Además, y según las fuentes consultadas, no se tiene claro que la obra que está ejecutando el Cabildo en la estación depuradora (EDR) para regenerar el agua, con una inversión de casi dos millones de euros, suponga la solución definitiva o si realmente servirá si, al final, el agua sigue saliendo contaminada. Aunque siempre se ha sostenido que el problema de esta depuradora se debe a que se ha quedado pequeña para todo el Valle de La Orotava, tampoco se ha explicado con detalle por qué funciona mal y crecen las dudas sobre si la obra de Balten (empresa dependiente también del Cabildo) para no verter el líquido por el emisario y regenerarlo para uso agrícola resulta viable si su calidad no cumple la normativa.

El gobierno local insiste en que las analíticas han ido mejorando y hoy mismo ha intensificado su estrategia comunicativa sobre este problema junto al equipo gobernante en el Cabildo con una visita a la depuradora, pero las visiones críticas se muestran muy pesimistas. Para empezar, porque recuerdan dos estudios encargados por las administraciones, uno el 31 de julio de 2024 por parte del Ayuntamiento portuense y otro entre los meses de septiembre y noviembre por el Gobierno de Canarias, muestran unos niveles que se consideran “desorbitados” de contaminación fecal en el punto de rotura del emisario, echando de menos también explicaciones sobre por qué sale tan contaminada el agua del conducto con origen en la depuradora. 

Las dudas se asientan, asimismo, en cifras como los 48.000 de ecoli en julio de 2024 del agua fecal “pura” procedente de la depuradora o ese récord de 68.000 del 15 de octubre, con 17.000 el 19 de noviembre y unos 8.000 el 1 de octubre. El  Consejo Insular de Aguas sostiene que la rotura del emisario en julio de 2020, cuando se lo comunica a la consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Entonces, se proyectó la sustitución de un tramo del emisario de 240 metros incluida la zona de rotura, que estuvo listo en mayo de 2023, pero aún no se ha llevado a cabo ni se ha licitado (serían 16 meses de trabajos si el mar lo permite). En agosto de 2024, comenzaron unas obras de emergencia para tratar de reparar la rotura, pero sigue emanando agua que continúa contaminando esta zona de la ciudad.

La depuradora como clave

Las fuentes consultadas sostienen que la rotura no sería un problema grave para el entorno ambiental de la zona si la depuradora hiciera correctamente su trabajo y vertiera al mar agua totalmente depurada, ya que no es contaminante en ningún caso. Pero, según la oposición y otras voces críticas, las analíticas dicen todo lo contrario, por lo que el mal funcionamiento de la depuradora desde hace años resulta clave para entender qué ocurre en Playa Jardín. 

Desde septiembre de 2024, está listo el proyecto de la ampliación y mejora de la depuradora, pero tampoco se ha licitado, con una primera fase que requiere casi dos años. Eso sí, se necesitaría la segunda fase para llegar a los 20.000 metros cúbicos tratados diarios procedentes de los municipios del Valle, así como una parte de Santa Úrsula.

Para los críticos o escépticos, la obra de emergencia de Balten no garantiza la reapertura de la playa. Los trabajos consisten en la habilitación de un sistema de tratamiento terciario que, mediante electrodiálisis inversa, regenerará gran parte del agua (hasta un 70%) que trata la depuradora, usándola luego para riego agrícola en la medianía del Valle. Se espera que esto esté listo para mayo, pero la oposición y los vecinos críticos creen esto incompatible con los parámetros contaminantes que siguen dando las analíticas, por mucho que el gobierno local lo desmientan. Para ello, esgrimen informes de Salud Pública como el que acompaña a este texto.

Fuentes conocedoras del funcionamiento de los sistemas de tratamiento de agua explican que el sistema de electrodiálisis inversa necesita un agua absolutamente depurada de gérmenes y patógenos para regenerarla, por lo que consideran muy complicado sostener pueda aportar líquido adecuado para el campo de Los Realejos y La Orotava, así como para evitar que se vierta por el emisario roto. 

A esto se suma los problemas que han ido sufriendo en los últimos meses las otras dos depuradoras emplazadas en Valle Guerra y Adeje-Arona, mucho más modernas y dotadas de mejor tecnología que la del Puerto, y que se gestionan también desde el Consejo Insular. Esos problemas se traducen en que el agua supuestamente depurada no ofrece los parámetros necesarios para poner en funcionamiento el sistema terciario y alimentar, así, el campo tinerfeño en otras zonas. De hecho, la operativo ha tenido que pararse en diversas ocasiones por no ofrecer las garantías necesarias de excelencia que se necesitan en este tipo de procesos.

Dudas sobre los parámetros

Precisamente por eso, dichas fuentes ponen el acento en la falta de transparencia sobre los parámetros de contaminación del agua que sale supuestamente depuradora del sistema comarcal de Valle de La Orotava, “tan secretos que no es posible acceder a ellos, ni siquiera muchas veces para otras administraciones (como el Gobierno central) y empresas públicas que han de trabajar para solventar este problema. En caso de que esos datos sean los mismos que analizan la rotura del emisario, estas fuentes temen que no haya garantías pese a la inversión de casi dos millones de euros, mientras la playa sigue cerrada y la Plataforma, con protestas como la del domingo 23 de marzo. De hecho, algunos presentan ya esta situación como la mayor catástrofe ambiental actualmente en Tenerife, con gravísimas consecuencias sanitarias, para los vecinos de Punta Brava y de otras zonas usuarios de Playa Jardín, comerciales y turísticas en una ciudad que vive básicamente de este subsector.