La mayoría del Gobierno se agrieta en la semana más disparatada del Congreso

El Congreso ha vivido una semana disparatada. Era esperable el tono bronco en la sesión de control del miércoles o que la política de defensa provocase un cisma en el seno del Gobierno, pero a medida que los diputados acumulaban horas en sus escaños se fueron sucediendo eventos que han desafiado la habitual lógica parlamentaria: el PSOE votó a favor de una ley de Junts sobre okupación, el veto a unas enmiendas de la ley de desperdicio alimentario terminó tumbando otra norma para crear una agencia estatal de salud pública y Sumar y PP evidenciaron su disposición para tramitar una ley sobre la tributación del salario mínimo en contra del criterio de Hacienda. 

Mucho de lo ocurrido tiene que ver con la fragilidad parlamentaria del Gobierno, que llega a cada votación con los apoyos al límite, casi siempre pendiente de lo que hagan los siete diputados de Junts. Es un problema que arrastra desde que se cerraron las urnas el 23J, pero en las últimas semanas ha aparecido una dificultad adicional: las diferencias internas en la coalición que se acaban de plasmar en dos asuntos tan relevantes como la política de defensa y el salario mínimo. 

En Moncloa arrancaban la semana satisfechos con un nuevo acuerdo con Junts para el reparto de menores migrantes que parecía consolidar la reconstrucción de las relaciones con los de Carles Puigdemont: hacía apenas unos días que habían sellado también un acuerdo para la delegación de competencias sobre inmigración a Catalunya, una de las cuestiones que más preocupaban a los independentistas catalanes. Pero esa calma aparente se desvaneció en apenas dos días. 

El jueves el Gobierno volvió a sufrir una derrota parlamentaria por el cambio de opinión a última hora del PP y también de Junts. El Ministerio de Sanidad defendía un proyecto de ley para crear una agencia estatal de salud pública que había contado con un amplio apoyo durante el debate en comisión. En el departamento de Mónica García confiaban en que atados los 'síes' de Junts y el PP la norma saliese adelante con más de 300 votos. Aunque no lo sabían, esos apoyos se habían empezado a resquebrajar al menos dos días antes por una razón completamente al margen de esa ley. 

Para entenderlo hay que viajar a la tramitación parlamentaria de la ley de desperdicio alimentario también del Gobierno. Ese texto fue aprobado hace poco en el Congreso y de ahí fue al Senado, donde el PP cuenta con una holgada mayoría absoluta. El partido de Alberto Núñez Feijóo introdujo dos enmiendas para rebajar el IVA de algunos productos: los alimentos básicos del 4% al 2% durante 2025 y al 7,5% el de los aceites de semillas y pastas alimenticias. ERC y Junts introdujeron otras dos enmiendas sobre las plantas de cogeneración relevantes para lo que ocurrió después.

Durante la tramitación, el Gobierno envió a la Mesa del Senado una petición de veto a todas esas enmiendas con el argumento de que modificaban partidas presupuestarias. La Constitución establece que las proposiciones o enmiendas parlamentarias que afecten a los créditos o supongan un incremento de las cuentas públicas deben contar con la anuencia del Ministerio de Hacienda. Pero la Cámara Alta desoyó el criterio del Ejecutivo y permitió que avanzase su tramitación. 

Esta semana el Congreso votaba las enmiendas que el Senado había aprobado sobre la ley de desperdicio para su aprobación definitiva, incluidas las que afectaban a Presupuestos. Por eso el Gobierno trató de impedir in extremis que esas modificaciones llegasen al Pleno y tras consultar el movimiento con la Abogacía del Estado pidió a la Mesa del Congreso que vetase las enmiendas, una decisión sobre la que no hay jurisprudencia porque nunca se había producido. La mayoría progresista de la Mesa aceptó el veto el martes por la mañana y a partir de ahí estalló el enfado del PP –también de ERC y Junts– que tendría sus últimas consecuencias en la votación del jueves. 

Ese día, el principal partido de la oposición trató por todos los medios de retrasar una semana la votación de la ley de desperdicio. Primero solicitó una Junta de Portavoces extraordinaria antes del Pleno, en la que no consiguió la unanimidad necesaria para cambiar el orden del día. Después, durante el debate en el Hemiciclo, volvió a intentarlo precisamente en mitad del punto para la creación de la agencia estatal de salud pública. Lo hizo entre acusaciones de “prevaricación” a Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que como vicepresidente ejercía la Presidencia del Congreso esta semana en sustitución de Francina Armengol, ausente por motivos personales. 

Durante el debate, los diputados liderados por el portavoz, Miguel Tellado, se levantaron, golpearon la madera de sus escaños, prorrumpieron en gritos y trataron de boicotear la sesión, aunque sin éxito. Fue después de ese punto cuando tomaron la decisión de votar en contra de la agencia de salud en represalia por la actitud del Gobierno y de la Presidencia del Congreso. Según el partido, tomaron la decisión después de saber que Junts tampoco lo apoyaría. 

“Ninguna agencia española está por encima de los ganaderos catalanes”, dijo la portavoz de los independentistas, Míriam Nogueras, preguntada por su repentino cambio de voto. Una frase que no conseguía ocultar que habían tomado la misma decisión que el PP por los mismos motivos. La mayoría alternativa de PP, Vox y Junts que asoma en algunas ocasiones en el Congreso volvió a tumbar una ley del Gobierno.

Esa mayoría estuvo a punto de conformarse el martes por primera vez en toda la legislatura no para tumbar una medida del Gobierno, sino para conseguir que se empiece a tramitar una iniciativa: una proposición de ley de Junts contra la okupación, un asunto que preocupa a las derechas, pero que los partidos de izquierdas siempre han desdeñado. 

Esa entente entre el PP, Junts y Vox habría quedado patente en la Cámara por primera vez si no se hubiera sumado el PSOE, que votó a favor de que se tramitase precisamente, como reconoció un importante diputado del partido, para evitar esa fotografía con las tres derechas impulsando una ley. Lo hizo a regañadientes porque los socialistas saben que entrar en el marco de la okupación es peligroso para una formación de izquierdas. Lo más probable, por tanto, es que esa ley duerma en un cajón durante el resto de la legislatura. 

División en el Gobierno

Mientras todo esto ocurría, el Gobierno afrontaba además varios episodios de división interna. El primero estaba previsto: Sumar aprobó el lunes por la tarde votar a favor de una moción del Bloque Nacionalista Galego que pedía rechazar el plan de rearme de la Unión Europea y salir de la OTAN. Además, votaría que no a una proposición no de ley del PP que buscaba todo lo contrario: hacer una defensa de la subida del gasto militar y del respaldo a Ucrania. 

Aunque Sumar intentó negociar con el PSOE una posición común a través de unas enmiendas a la moción del BNG, tanto en el debate del martes como en la votación de esos puntos el jueves quedó patente la fractura en el Gobierno sobre este tema. El partido de Pedro Sánchez terminó rechazando la iniciativa del PP, que no permitió que se votara por puntos e incluía uno que para los socialistas era difícil de apoyar dada la posición que han mantenido sobre el asunto: un apartado que pedía que todas las cuestiones sobre defensa fuesen votadas en el Congreso. Pero al mismo tiempo votó en contra de los puntos clave de la moción del BNG mientras Sumar los apoyaba. 

En mitad de la semana el Ministerio de Hacienda confirmó además que aplicará un veto –también por razones presupuestarias– a las iniciativas que están registradas en el Congreso, una de ellas de Sumar, para que el salario mínimo (SMI) quede exento de tributar el IRPF, una pelea que se inició hace un mes en el seno del Ejecutivo y que tendrá el próximo capítulo la semana que viene en la Mesa del Congreso. 

Sumar ya ha anticipado su intención de unir sus votos al PP para torcer los planes de Hacienda y levantar en ese órgano el veto gubernamental para que se empiecen a tramitar las iniciativas. El grupo plurinacional está dispuesto a llegar hasta el final con este tema, por lo que el choque entre los dos partidos del Gobierno no ha hecho más que empezar.