Los menores que lleguen a Canarias serán reubicados en 15 días cuando la red de acogida triplique su capacidad

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto Ley que permitirá aliviar la saturación de los centros de menores migrantes de Canarias. Tras varios meses de negociaciones y de intentos fallidos, el Gobierno central ha acordado reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería tras conseguir el apoyo de Junts. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha explicado que la modificación se votará en el Congreso en los próximos 30 días y que, además, se creará un crédito extraordinario de 100 millones de euros para financiar la distribución de los jóvenes sin referentes familiares por todo el territorio nacional.

Este mecanismo se aplicará en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria, como la que ahora atraviesa Canarias. Se considerará que un territorio está en situación de contingencia cuando el número de menores migrantes acogidos multiplique por tres la capacidad ordinaria de una comunidad. Los requisitos para la declaración de la contingencia, el plan de respuesta y los criterios para su aplicación podrán ser modificados y acordados en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que están representadas todas las autonomías.

Los criterios para establecer los traslados serán la población (50%), la renta per cápita (13%), la tasa de paro (15%), el esfuerzo realizado con anterioridad (6%), el dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), si se trata de una ciudad fronteriza (2%), la insularidad (2%) y la dispersión (2%).

Tal y como ha detallado el ministro de Política Territorial en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuando esta reforma legal entre en vigor, los menores que lleguen al Archipiélago serán reubicados en otras regiones en un plazo máximo de 15 días desde la inscripción del menor en el Registro de Menores no Acompañados ''cumpliendo todas las garantías''.

Torres ha anunciado además que el Estado creará en 2025 un crédito extraordinario de 100 millones de euros, en un fondo adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia. Además, el Real Decreto Ley recoge los criterios ''objetivos y homogéneos'' que se seguirán para determinar la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida.

El PP amenaza con recurrir el acuerdo

''No ha sido fácil llegar a este punto'', ha reconocido el ministro, que asegura que el Gobierno ''tiende la mano'' al PP para que ''reflexione'' y vote a favor de la reforma, aunque sus votos ya no sean imprescindibles. Poco tiempo después de que se conociera el acuerdo, las comunidades gobernadas por el PP han reaccionado asegurando que se negarán a acoger menores migrantes ''si no hay capacidad para alojarlos con respeto y garantías“.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha amenazado con recurrir el acuerdo ante los tribunales y ante la Unión Europea. ''Este acuerdo de respeto a los derechos humanos y a los niños y niñas brilla más por la mediocridad y la miseria de algunos con este tipo de declaraciones'', ha respondido en una rueda de prensa del presidente canario, Fernando Clavijo.

Preguntado por la reacción del vicepresidente del Gobierno canario y presidente del PP en las islas, Manuel Domínguez, Clavijo ha insistido en que ''en todo momento, la postura del Gobierno de Canarias ha sido la de las cuatro fuerzas políticas que lo integran y a la que se han sumado el PSOE y Nueva Canarias''. ''La postura del PP en Canarias ha sido la de enfrentarse con su dirección nacional por defender este acuerdo. Este ha sido un trabajo en equipo donde el vicepresidente ha tenido un papel principal'', ha dicho.

Clavijo ha dado las gracias a la población de las Islas por estar ''a la altura del fenómeno migratorio'' y a todos los grupos políticos del Parlamento autonómico, ''salvo a Vox'', por haber mostrado su apoyo a un traslado obligatorio de menores. ''En el Parlamento de Canarias no ha habido fisuras políticas'', ha dicho.

Vulneraciones de derechos

En la actualidad, Canarias tutela a 5.800 niños y adolescentes que han llegado a las islas en pateras y cayucos. La red de acogida está formada por más de 80 centros, algunos de ellos abiertos por la vía de la emergencia y donde conviven hasta 300 jóvenes. Un informe de Amnistía Internacional publicado este martes advierte que el sistema de protección “ha fracasado”, después de que la entidad detectara en los recursos del Archipiélago casos de violencia de trabajadores a usuarios, castigos excesivos, errores en la identificación de los niños y fallos en la tramitación de su documentación.

La organización aboga por el traslado de jóvenes a otras comunidades para aliviar la saturación de la red de protección de Canarias. Sin embargo, mientras se materializa este acuerdo político, insta a revisar y mejorar las condiciones en las que los menores son acogidos con el objetivo de ''garantizar de manera plena los derechos de los niños y inñas que se encuentran en su territorio y que no se comprometan sus perspectivas de futuro''.