El traslado de menores migrantes desde Canarias saldrá adelante a pesar de los bandazos del PP

El presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, y el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, en el Parlamento autonómico.

Natalia G. Vargas

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Después de meses de bloqueo, el Gobierno de España lleva este martes al Consejo de Ministros el traslado de menores no acompañados desde Canarias al resto de comunidades autónomas. El Estado aprobará mediante Real Decreto Ley la reforma de la Ley de Extranjería tras un acuerdo con Junts, que votará a favor de la modificación cuando se lleve al Congreso en un plazo máximo de 30 días. De esta forma, al reunir los apoyos suficientes, ya no son imprescindibles los votos a favor del PP, que no ha dejado de dar bandazos en su postura sobre la reubicación de niños y adolescentes y que vuelve a quedarse solo con Vox. 

La reforma atiende a una reivindicación histórica de Canarias, que tutela en la actualidad a 5.800 menores sin referentes familiares. Este mecanismo permitirá activar los traslados a otras comunidades cada vez que la red de acogida de una región se vea tensionada por el número de jóvenes acogidos. 

El apoyo de Junts evitará que la reforma de la Ley de Extranjería vuelva a tumbarse en el Congreso, como ya ocurrió el 23 de julio de 2024. Ese día, el PP, Junts y Vox se alinearon para votar en contra de la reubicación de menores migrantes que permitiría aliviar la saturación de los centros de Canarias, donde se han llegado a vulnerar los derechos fundamentales de los jóvenes. La medida, planteada como proposición de ley, decayó con 171 votos a favor, 177 en contra y una abstención. 

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha considerado una “magnífica noticia” que el Consejo de Ministros apruebe la medida. “Hoy le toca a Canarias y a Ceuta, pero pasado mañana le puede tocar a Andalucía, a la propia Valencia, a Baleares o a Melilla”, ha advertido, insistiendo en que la inmigración “va a continuar en el tiempo”.

Desde que la propuesta se puso sobre la mesa, el PP, que gobierna en las Islas junto a Coalición Canaria, no ha dejado de dar bandazos en relación a su postura. El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo no solo se ha opuesto al traslado obligatorio de menores, sino también a las propuestas para reubicaciones puntuales.

Hace menos de un mes, el portavoz nacional, Borja Sémper, advirtió que la formación no apoyaría una distribución extraordinaria de 4.000 menores. “La política no puede ser solo el reparto como paquetería express entre comunidades autónomas de estos menores no acompañados, sino que tiene que haber una política de inmigración profunda”, concluyó. 

Más allá de las negociaciones políticas, 5.800 menores conviven en 80 dispositivos de acogida repartidos por todas las islas. Muchos de los centros han sido abiertos por la vía de la emergencia, que permite abrir recursos con agilidad y adjudicar a dedo los contratos a las entidades. En algunos de estos recursos conviven hasta 300 jóvenes, en condiciones que no siempre garantizan sus derechos fundamentales. 

Un informe de Amnistía Internacional publicado este martes advierte que el sistema de protección “ha fracasado”, después de que la entidad detectara en una visita a Canarias casos de violencia de trabajadores a usuarios, castigos excesivos, errores en la identificación de los niños y fallos en la tramitación de su documentación.

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