La intrahistoria del periódico Alerta de Cantabria: una línea editorial al servicio de su propia supervivencia

Ciriaco Díaz Porras (Luena, 1948) se puso al frente del periódico más leído de Cantabria, uno de los más rentables de España, y en menos de una década lo arruinó todo: las ventas, los beneficios y el prestigio. Comenzó un declive en la calidad de la información y en los kioscos que ha ido arrastrando desde hace 34 años en una prolongada agonía. El Gobierno de Cantabria lo ha rescatado ahora al comprar por 4,5 millones de euros la sede del periódico después de un giro en su línea editorial, evidentemente cordial con la presidenta María José Sáenz de Buruaga (PP).

Dinero público para aliviar la situación económica de la familia Díaz Porras, que instalará su menguada redacción en una oficina y prescindirá de la rotativa. Una operación que escuece en Cantabria, donde todavía se guarda memoria de la mítica huelga laboral de 1991 que destrozó la reputación del periódico y que acabó con la mayoría de la plantilla en la calle.

Tampoco es la primera vez que se le insufla dinero público para mantenerle con aliento. En una polémica decisión en 1996 el Parlamento de Cantabria –llamado entonces Asamblea Regional– concedió un aval de 375 millones de pesetas a la sociedad editora de Alerta, que tenía solicitado un crédito a Caja Cantabria, para aliviar los problemas económicos de Díaz Porras.

La cabecera de Alerta nació en la dictadura de Franco, de las cenizas del periódico republicano El Cantábrico, cuyo último número se imprimió el 23 de junio de 1937. Los falangistas que entraron en Santander incautaron su rotativa, a través de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda. Como ya no había casi papel editaron, en un primer momento, una efímera hoja llamada España que más tarde se consolidó como Alerta, el gran periódico del movimiento, que mantuvo su hegemonía en los kioscos hasta 1991.

Subasta pública del periódico

Con la llegada de la democracia, los medios de comunicación del Estado salieron a subasta pública en diciembre de 1983. Alerta era uno de los periódicos más rentables de la cadena, sus últimos beneficios habían ascendido a 105 millones de pesetas (unos 630.000 euros) y vendía una media de 30.000 ejemplares diarios. Así, fue el que mayor precio de licitación alcanzó: 618.900.000 pesetas, casi el doble que La Nueva España (368.100.000 pesetas).

No obstante, las tres sucesivas subastas que se hicieron quedaron desiertas. Se dijo que pudo haber influido que era un precio elevado para un periódico que tenía pendiente una fuerte inversión tecnológica para cambiar las máquinas de escribir y los cíceros por los ordenadores y la programación informática.

En paralelo, los trabajadores intentaron sin éxito crear una cooperativa para quedarse con la cabecera. Veinte días después de la última subasta se recibieron en el Ministerio de Cultura –responsable del proceso privatizador– cinco ofertas de compra, presentadas por Jesús de Polanco; el grupo El Correo Español-El Pueblo Vasco; Medinca, una sociedad del presidente autonómico Juan Hormaechea; el grupo Moll y Canpresa, creada por los entonces senadores socialistas Juan González Bedoya y Jaime Blanco. El País mostró un decidido interés y envió a negociar la operación a Augusto Delkáder que llegó a reunirse con la redacción para comunicarles el inminente cambio de propiedad.

Accionistas vinculados al PSOE

Alerta se privatizó el 8 de mayo de 1984. Pero en un sorprendente giro de guion se hizo con él Canpresa. “El Gobierno adjudica el diario Alerta, por 389 millones de pesetas, a un grupo afín al PSOE”, publicó El País. La sociedad estaba formada por empresarios como José Antonio Fernández de Bobadilla o Manuel Rotella (con un porcentaje de 45% de las acciones cada uno) y políticos vinculados al PSOE con participaciones minoritarias como Jaime Blanco y Luis Saiz Aja (dirigentes del PSOE de Cantabria) o Félix Alberto López Varona.

Entre ellos, el actual propietario, Ciriaco Díaz Porras, exdiputado de UCD, que presidía en aquel momento la Caja Rural en medio del escándalo de las dietas diarias de 20.000 pesetas que percibía contra el criterio del Ministerio y del Banco de España. Díaz Porras había sido uno de los diputados retenidos en el Congreso por Tejero el 23F y tras darse de baja en el partido de Adolfo Suárez, por sus desacuerdos con el político y empresario conservador Justo de las Cuevas, ingresó en el Partido de Acción Democrática, la plataforma socialdemócrata de Francisco Fernández Ordóñez.

El otro periódico de Cantabria, El Diario Montañés, vendía entonces 3.000 ejemplares frente a los 30.000 de Alerta. Propiedad del Obispado de Santander, al final de los años setenta atravesaba una importante crisis económica cercana a la quiebra cuando un grupo de empresarios vinculados a la UCD rescataron la cabecera asumiendo sus deudas y convirtiéndose en los nuevos accionistas.

Entre ellos, Justo de las Cuevas, Mariano Linares, Alberto Cuartas, Roque Manresa, Leandro Valle, José Antonio Rodríguez y Manuel Garrido. Es decir, que en la Cantabria de la transición tanto la derecha, representada entonces por UCD, como la izquierda, por el PSOE, entraron a controlar ambos periódicos con orientaciones editoriales a la medida de sus intereses políticos.

La operación de la venta de Alerta provocó una honda polémica porque legalmente los periódicos que no habían encontrado dueño en la subasta debían cerrarse y proceder a su liquidación. Su competidor en los kioscos de Cantabria, El Diario Montañés, ya en manos de los accionistas de la derecha, llegó a recurrir sin éxito su adjudicación. Quizá por eso Alerta no salió el 18 de mayo de 1984, aunque la portada del día anterior llevaba este titular: “Decisión del Consejo de Ministros. Alerta, adjudicado a una empresa cántabra por 389 millones”. Después volvió a los kioscos editado ya por Canpresa.

Para poder acudir a la subasta hubo que depositar una fianza de 100 millones de pesetas, que se pagaron con un talón personal de Díaz Porras de la Caja Rural de Cantabria, la entidad que él mismo presidía. Según se publicó en la época, la compra se ejecutó con un crédito de la Caja Postal de Ahorros.

A la antigua plantilla del periódico se le ofreció un destino en la Administración pública y muchos periodistas fueron destinados a diferentes áreas donde tuvieron que poner en marcha gabinetes de prensa o adaptarse a otras funciones. El periódico fortaleció la redacción con nuevos fichajes, pero pronto comenzaron las tensiones internas que precipitaron el cese del director, Juan G. Ibañez, por presuntas injerencias en sus funciones.

Como consecuencia de ello, el accionista mayoritario, Manuel Rotella –que fue alcalde de Torrelavega por el PSOE y luego diputado del PRC de Miguel Ángel Revilla– decidió abandonar la sociedad y vendió su participación del 46%. Así, Bobadilla mantuvo el 45%, el PSOE adquirió un 29% y el resto se lo repartieron los socios minoritarios.

Discrepancias en el Consejo de Administración

Las peleas en el Consejo de Administración no cesaron. Díaz Porras se fue haciendo con las pequeñas participaciones de los socios que fueron saliendo de la sociedad por lo incómodo que resultaba. El segundo director, Emilio Gómez Vega, también dimitió. Se produjo otro movimiento cuando Fernández de Bobadilla vendió sus acciones al grupo francés Hersant y comenzó la expansión del periódico, que abrió sedes en Palencia y Valladolid.

En otro giro de guion, los franceses vendieron su participación a Ciriaco Díaz Porras, convirtiéndolo definitivamente en accionista mayoritario. Según publicó El Mundo, la operación se cerró en noviembre de 1990 por unos 150 millones de pesetas. Fue un movimiento que se realizó de espaldas al PSOE, cuando dirigía el periódico el periodista Víctor Gijón.

Solo un mes más tarde, una moción de censura desalojó a Juan Hormaechea del poder y Jaime Blanco, uno de los accionistas de Alerta, se convirtió en presidente de Cantabria durante un efímero gobierno de gestión que duró ocho meses y en el que Gijón desempeñó el cargo de consejero portavoz.

A raiz de ello, estalló una fuerte tensión entre él y el tándem de la cúpula del periódico: Díaz Porras (propietario mayoritario) y González Bedoya (editor y senador socialista). Alerta dejó así de ser portavoz oficioso del PSOE para convertirse en un periódico fuertemente crítico con el Gobierno de Jaime Blanco.

La situación dentro del periódico tampoco era cómoda y la redacción estalló en una huelga en marzo de 1991 que reclamaba mejoras laborales y que cambió para siempre el destino de Alerta y de sus propias vidas. La dirección del periódico sostenía que era una “huelga política” azuzada desde el Gobierno socialista.

Lo cierto es que el conflicto adquirió una tensión insólita. Díaz Porras llevó a varios familiares a la redacción, que dormían en el suelo, para seguir sacando el periódico con menos páginas e informaciones de agencia. Más de la mitad de la plantilla secundó el paro. Los trabajadores en huelga editaron otro periódico, que llamaron La verdad de la calle del Martillo, que contaba su versión de los acontecimientos y sus reivindicaciones laborales sobre condiciones de trabajo y cumplimiento del convenio colectivo. Ni siquiera pedían dinero. Vendían los ejemplares por la voluntad.

Ahí se rompió todo. La huelga se alargó tres meses y la mayoría de los huelguistas perdieron su trabajo. La redacción quedó huérfana de una generación de reconocidos periodistas que atravesaron tiempos complicados para recolocarse en otras redacciones y destinos profesionales. Algunos de ellos fueron rescatados por el PSOE para sus gabinetes de prensa. Díaz Porras contrató algunos familiares para editar un periódico sin información propia, hecho con teletipos de agencias.

Acabada la huelga, Alerta no remontó, siguió menguando sus ventas, en una situación que aprovechó su competidor El Diario Montañés para dar un vuelco a la situación y convertirse en el medio hegemónico de Cantabria, posición que ha mantenido y reforzado hasta la actualidad.

Sede en venta

En aquel momento, en 1991, Díaz Porras y González Bedoya maduraron la iniciativa de abandonar el viejo edificio del centro de Santander, recalificado para levantar viviendas, y construir una nueva sede en las afueras de Santander que se estrenó en 1992. La nave de Peñacastillo, que ahora ha adquirido el Gobierno de Cantabria por 4,5 millones en una operación 'exprés' para albergar la imprenta, los talleres y los servicios de emergencia, desde donde se ha seguido editando el periódico en los últimos 32 años.

El último director profesional que tuvo Alerta, Juan Luis Fernández, dio el salto a la política como mano derecha del presidente de Cantabria del Partido Popular en julio de 1995, partido al que continúa vinculado actualmente como jefe de gabinete de la presidenta del Parlamento autonómico. Se marchó cuatro años después de la huelga de periodistas –a la que no se sumó– que hundió el periódico más leído y con mayor prestigio de Cantabria. Ciriaco Díaz Porras resolvió el vacío nombrándose director a sí mismo. En 2012 cedió el testigo a su hijo Isaías y después a su hermano Samuel. Actualmente otra de sus hijas, Marta, está al frente de la redacción y el propio Díaz Porras sigue en el periódico.

Cercanía con la derecha

En las últimas décadas, el periódico ha resistido en los kioscos sin control oficial de su difusión y centrado en la web y en las redes sociales en los últimos tiempos. Para subsistir ha buscado la cercanía a los intereses políticos poniendo la cabecera al servicio del Partido Popular en circunstancias tan notorias como la jornada de reflexión de las elecciones autonómicas de 2011. Ese día la portada del periódico pidió el voto para el PP y publicó que Revilla era un actor cómico de la farándula. El Partido Regionalista lo denunció en los tribunales pero la Audiencia Provincial archivó el asunto.

En la pasada legislatura el periódico estuvo al servicio de los intereses de Vox, con una exaltación constante de su diputado Cristóbal Palacio, ahora tránsfuga en el Parlamento de Cantabria. Pero la línea editorial viró en los últimos tiempos hacia la defensa de las posiciones del Partido Popular y muestra una beligerancia extrema hacia los partidos de izquierdas.

Algunos de sus contenidos parecen estar elaborados con programas de inteligencia artificial y los pocos redactores que tiene se limitan, en su mayoría, a editar contenidos de agencia para rellenar la edición digital y de papel de un periódico sin contenido propio más allá del enfoque de los titulares y de algunas informaciones concretas.

En este sentido, su falta de rigor ha provocado una sanción del Colegio de Periodistas de Cantabria tras la denuncia de dos colectivos sociales a los que señaló como afines al terrorismo por acudir a una manifestación contra el genocidio en Gaza bajo el titular 'Los radicales de izquierdas se manifiestan en Santander a favor del terrorismo de Hamás'.

Pese a estas circunstancias, el Gobierno de Cantabria ha practicado una política generosa de concesión de publicidad institucional para un periódico que ni siquiera justifica su difusión y que recibe más dinero que otros medios con mayor audiencia que la suya. El último capítulo es el 'rescate' del Gobierno del PP adquiriendo un edificio que van a usar como talleres, oxígeno en forma de dinero público para alimentar una cabecera afin.