PP y Vox alcanzan un acuerdo para aprobar la Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria

Los grupos parlamentarios de PP y Vox han alcanzado un acuerdo que permitirá aprobar el proyecto de Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria, cuyo fin es, según el Gobierno, “reducir los trámites burocráticos a los ciudadanos y empresas y agilizar el funcionamiento de la Administración regional”.

El portavoz del Grupo Popular, Juan José Alonso, y la portavoz del Grupo Vox, Leticia Díaz, han cerrado este jueves este pacto que permitirá al PP, que sostiene al Gobierno en minoría, sacar adelante esta norma que se encuentra en tramitación en el Parlamento, y que ha tenido que superar incluso una enmienda a la totalidad del PSOE y duras críticas por parte del PRC.

El acuerdo supone el compromiso de ambas formaciones de apoyar recíprocamente las enmiendas parciales que presenten al proyecto de Ley de Simplificación Administrativa, así como la posibilidad de apoyar las que presenten los otros grupos parlamentarios (PRC y PSOE) en el caso de que ambas partes así lo consideren.

Tal y como han informado ambos grupos en sendos comunicados, su acuerdo “permitirá a Cantabria disponer de una ley que transformará la forma de trabajar de la Administración pública regional, eliminando trabas burocráticas para los ciudadanos y el sector productivo, incentivando el crecimiento económico y la creación de empleo, fomentando el buen gobierno y el bienestar al servicio de las personas y garantizando las máximas garantías jurídicas”.

El portavoz del Grupo Popular ha expresado su agradecimiento a Vox por posibilitar la aprobación de una ley “largamente demandada, que generará beneficios para la inversión, el empleo y el desarrollo económico de la región”. También ha defendido que el PP “ha hecho del diálogo y el acuerdo los instrumentos de trabajo para solucionar los problemas de los ciudadanos y fomentar la prosperidad en la región”.

Por su parte, Vox ha señalado que ha venido defendiendo “desde un inicio” la necesidad de esta ley, que ya figuraba en su programa dado que la considera “imprescindible”. A su juicio, “responde a una demanda social para poner fin a una Administración excesivamente burocratizada que, en demasiadas ocasiones, ha sido un obstáculo en lugar de un impulsor del tejido productivo y la sociedad civil”.

Según ha indicado, gracias a la aportación de Vox el proyecto inicial -“que presentaba una evidente falta de concreción”- se ha convertido en una norma “de aplicación real y efectiva, con compromisos claros en plazos y procedimientos”.

“Su impacto se traducirá en un estímulo directo para la economía y la actividad social de Cantabria”, ha trasladado el grupo. Como ejemplo uno de los “avances” impulsados por Vox, ha citado la homologación automática entre los grados de dependencia y el porcentaje de discapacidad, lo que, según este partido, “permitirá agilizar trámites, reducir plazos y beneficiará a muchos cántabros en su próxima declaración de la renta”.

Dudas jurídicas y políticas

Sin embargo, el primer proyecto de ley del Partido Popular al frente del Gobierno de Cantabria después de más de año y medio de mandato arrastra reparos legales desde el propio seno del Ejecutivo autonómico. La Ley de Simplificación Administrativa, una de las normativas estrella del Gobierno que preside María José Sáenz de Buruaga, cuenta con un informe desfavorable de la Consejería de Presidencia, departamento promotor de la misma.

En concreto, el asesor jurídico de la Consejería que dirige Isabel Urrutia (PP) advirtió de la posible “inconstitucionalidad” de la citada ley por su “manifiesta violación del reparto competencial constitucionalmente establecido”. Así, Jorge Fondevila Antolín, en un escrito consultado por elDiario.es, hace referencia a la “imposición indiscriminada” de declaraciones responsables y comunicaciones en el ámbito local, que excedería las competencias autonómicas, y a la “vulneración de la autonomía financiera local” mediante la centralización de la gestión de tasas municipales.

Por su parte, desde el PRC han denunciado que el PP ha convertido su proyecto de Ley de Simplificación Administrativa en una especie de “cajón de sastre” en el que, entre otras cosas, ha introducido una modificación de la Ley del Suelo para permitir la construcción de vivienda libre en zonas de especial interés público, en los conocidos como PSIR (Planes Singulares de Interés Regional). “Es el pelotazo de la legislatura”, alertó el portavoz parlamentario regionalista, Pedro Hernando, que ha advertido reiteradamente de las intenciones “especulativas” del Gobierno de Buruaga. “Van a vender Cantabria a precio de suelo rústico para que unos pocos se hagan ricos y poder cumplir algunas de sus promesas electorales”, señaló el diputado.

“Las prisas y el oscurantismo que hemos visto solo se justifican si estamos como nos tememos ante el mayor escándalo de la legislatura”, insistió Hernando, quien además ha lamentado de que la modificación planteada por el PP supone que los terrenos expropiados mantendrán la misma calificación desde el inicio del procedimiento hasta el final. “Lo lógico es que te paguen el terreno al valor de futuro”, poniendo como ejemplo la tasación de los terrenos rústicos expropiados para el polígono de La Pasiega. “Los jueces, con buen criterio, obligaron al Gobierno a pagarlos como industriales”, recordó. Pero el PP “se ha puesto la venda” y asegura que “si el terreno del proceso es rústico, te lo pagaremos como rústico”.