Una sentencia cuestiona el reparto de comisiones de Catalá en València y considera que menoscaba los derechos de la oposición

El reparto de las comisiones informativas del Ayuntamiento de València con el gobierno de María José Catalá puede poner en un aprieto las decisiones que se adopten. Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso reclama al gobierno local que se revalúen los criterios para estipular el número de comisiones y los concejales que pueden formar parte de ella, dando la razón al PSPV en un recurso interpuesto a principios de mandato.

El gobierno local, entonces del PP en solitario, redujo en dos las comisiones informativas -pasando de seis a cuatro- y el número de concejales que pueden participar en ellas, con un total de siete por sesión, cuando en el anterior Ejecutivo era de 9. Este hecho, en la práctica, dejaba a concejales de la oposición sin capacidad de presentar preguntas ni de participar directamente en las sesiones. Solo 28 de los 33 concejales que integran el Ayuntamiento pueden participar.

El grupo socialista, perjudicado por este reparto, presentó un recurso de reposición para que el Ayuntamiento replanteara la decisión y también acudió al Síndic de Greuges. El consistorio desestimó la petición del PSPV, que implicaba pedir un informe al Consell Jurídic Consultiu, por lo que el grupo socialista acudió directamente al juzgado de lo contencioso, que acaba de fallar y considera que la decisión del consistorio debería declararse nula.

La responsable del Contencioso Administrativo número 7 apunta que se menoscaban los derechos de la oposición: “Cuatro concejales del Ayuntamiento de València no pueden participar en los asuntos públicos y ejercer el control al equipo de Gobierno en las mismas condiciones que el resto de los concejales que integran el Ayuntamiento”. La sentencia también afea que no se diera traslado al Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana, el órgano asesor en materia jurídica, para que emitiera el informe preceptivo, al “verse vulnerados los derechos constitucionales de los concejales”.

El fallo recoge también la queja del Síndic de Greuges, que ya afeó la reducción de las comisiones y apuntó a una vulneración de estos derechos. Las medidas adoptadas por el Ayuntamiento, insiste, “determinan de forma inequívoca la reducción de las posibilidades de actuación de los concejales de la oposición”. Asimismo, señala que el consistorio no argumenta la inadmisión del recurso del PSPV, motivado por un informe del secretario general del Ayuntamiento.

El equipo de gobierno de Maria José Catalá recurrirá la decisión al Tribunal Superior de Justicia y lo enmarca en un defecto formal, aunque el fallo advierte de la vulneración de derechos fundamentales. Según el concejal José Marí Olano, el fallo “no entra en el fondo del asunto”. El edil popular defiende que son los mismos funcionarios que trabajaban con el anterior equipo de gobierno y “no ven ese defecto formal”, tratando de restar carga política al conflicto. Los socialistas, que han mostrado la sentencia en una rueda de prensa, consideran que el PP “instrumentaliza” el Ayuntamiento.

El fallo llega pocos días después de un nuevo acuerdo para el reparto de las comisiones, que las adapta a la salida de los dos concejales de Vox, que mantienen su acta y podrán seguir participando en estas sesiones. El pleno adoptó la decisión, que implica que el voto de un tránsfuga valga más que el de un concejal del PSPV -con 7 representantes en total-, con el apoyo del PP, Vox y los dos no adscritos, expulsados de la ultraderecha. Este acuerdo implica que el equipo de gobierno tenga mayoría en todas las decisiones gracias al voto de calidad de la alcaldesa y los socialistas y Compromís han vuelto a acudir directamente al contencioso. En esta ocasión, el Ayuntamiento lo ha tramitado de manera provisional y ha acordado pedir un informe al Consell Jurídic Consultiu.

“Las consecuencias pueden ser enormes si finalmente el juez nos vuelve a dar la razón por que podrían quedar anulados todos los acuerdos adoptados con esta mayoría falsa. De hecho, tenemos constancia de que hay servicios muy preocupados por si finalmente se declara la nulidad y empiezan a surgir problemas con expedientes aprobados con mayorías falsas”, ha recalcado el portavoz socialista, Borja Sanjuán.

El portavoz socialista ha criticado que Catalá esté instrumentalizando el Ayuntamiento “para adaptarlo a sus cuestiones personales porque entiende que el consistorio es un sitio donde puede hacer lo que quiera incluso incumpliendo la ley, como le ha recordado el juez, que le acusa de haber hecho un uso arbitrario en la composición de las comisiones”, ha cuestionado.