Claves del pacto PSOE-Junts: Catalunya no podrá imponer sus requisitos para dar permisos o devolver a inmigrantes

El reciente acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts permitirá a Catalunya gestionar a nivel administrativo los permisos de residencia o las devoluciones de los inmigrantes, pero la Generalitat siempre tendrá que cumplir la normativa estatal. La proposición de ley con la que el Gobierno central pretende delegar competencias en materia de extranjería marca un límite claro: la Generalitat no podrá imponer sus propios requisitos para la concesión de autorizaciones o decisiones de retorno, sino que su labor se limitará por lo general a ejecutar la legislación nacional de extranjería, es decir, a tramitar y resolver expedientes.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno ha defendido el acuerdo firmado con Junts para la delegación de competencias en inmigración y ha negado que se trate de ninguna cesión del control de fronteras a los Mossos, tal y como exigían los de Carles Puigdemont. “No se cede el control de fronteras. Los Mossos estarán presentes y actuarán en colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y eso es señal de que el Estado funciona”, ha defendido la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha celebrado este martes en rueda de prensa el acuerdo alcanzado como un “paso importante” para recomponer las relaciones con el PSOE. “Todo lo que tiene que ver con la vida de una persona que llegue a Catalunya pasará por la Generalitat”, ha defendido. Pero ¿llegará tan lejos el alcance del pacto como asegura el independentista? Repasamos algunas claves para entender su impacto, en caso de salir adelante en el Congreso la proposición de ley de delegación de competencias, contra la que ya se han posicionado Podemos y el Partido Popular.

En general, ¿qué competencias pasarán a la Generalitat?

La Generalitat de Catalunya asumirá buena parte de la gestión y burocracia que hasta ahora ejercían diferentes organismos del Estado, como el Ministerio del Interior y el Ministerio de Migraciones. Los departamentos del Govern tendrán trabajo para desplegar Mossos en puertos y aeropuertos, así como en fronteras, siempre y cuando ejerzan labores relacionadas con la inmigración y no con la seguridad del Estado.

Pero también deberán poner a punto la estructura para gestionar todos los permisos de residencia y estancias, tanto temporales como de larga duración, así como en materia de permisos de trabajo y en la gestión de los programas de migración circular. Será la administración catalana quien deberá aplicar toda la normativa estatal en todas estas materias que, sin embargo, el Parlament de Catalunya no podrá cambiar. Otra de las nuevas parcelas que la Generalitat podrá gestionar serán los polémicos Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), en concreto uno de ellos, el de Barcelona, el único que está ubicado en suelo catalán.

¿Qué pasará con los permisos de residencia? ¿La Generalitat podrá cambiar los requisitos?

No. La Generalitat no podrá cambiar los requisitos exigidos a los ciudadanos extranjeros para solicitar permisos ordinarios de estancia o residencia, sea de larga o de corta duración. El Gobierno delega solo la parte burocrática y su resolución, pero siempre basándose en los criterios estatales. La tarea que sí pasa a manos de la Generalitat es la tramitación de los expedientes, tanto de las peticiones iniciales de estos permisos, como de las prórrogas y recursos.

Todo el aparato burocrático pasa a manos de los funcionarios autonómicos, una labor realizada actualmente por las oficinas de extranjería. El margen que podrá tener la Generalitat se podrá producir en aquellos casos cuyos requisitos no estén definidos de forma clara en la normativa y puedan ser sujetos de interpretación de cada oficina de extranjería, dado que actualmente ya se producen distintas resoluciones de casos similares en función de la oficina de extranjería donde se estudie, aunque las competencias sean estatales.

Por ejemplo, un ciudadano extranjero que vive en Tarragona y quiera renovar su permiso de residencia será atendido por funcionarios de la Generalitat pero el papeleo que debe presentar para obtenerlo será el mismo.

Esto aplica a los permisos ordinarios. ¿Se delegará también la gestión de los extrordinarios, es decir, la vía para regularizar a personas sin papeles a través del arraigo?

No. La propuesta de ley no menciona nada en relación a la gestión de las autorizaciones de residencia temporal por razones extraordinarias, entre las que se encuentran las escasas vías utilizadas por las personas sin papeles para regularizarse, como la solicitud de residencia por alguno de los distintos tipos de arraigo. Fuentes del Ministerio de Migraciones confirman a elDiario.es que este tipo de permisos quedan fuera del pacto alcanzado entre Junts y el PSOE.

¿Qué pasa con los Centros de Internamiento para Extranjeros?

La Generalitat gestionará el CIE de Barcelona, el único que existe actualmente en Catalunya. De salir adelante la ley, la Administración catalana se encargará de la dirección, coordinación, gestión e inspección de este centro, que actualmente depende del Ministerio del Interior. También competerá del Gobierno catalan la designación de los empleados públicos tanto para la seguridad del centro, como para los servicios de asistencia sanitaria, social, jurídica, cultural y lingüística.

Desde Junts defienden que estos lugares son actualmente “inhumanos” y deben replantearse, pero lo cierto es que el acuerdo no deja margen para una modificación de sus bases, ya que seguirán rigiéndose por la normativa aprobada por el PP en 2014, igual que en el resto del Estado.

Sin embargo, el reglamento que regula las condiciones de los CIE siempre ha sido criticado por los movimientos sociales por dar mucho poder a los directores de cada uno de los centros, cargo ostentado actualmente por un miembro de la Policía Nacional. Por lo tanto, la Generalitat sí puede tener margen para incluir cambios en las condiciones de estos centros, en lo que tiene que ver con la atención o los protocolos internos, pero no en lo relativo a los criterios de internamiento de quienes son encerrados en ellos.

¿Qué papel tendrá la Generalitat en el retorno de inmigrantes?

La Generalitat, basándose siempre en la normativa de extranjería estatal, podrá gestionar la totalidad de los retornos de extranjeros en situaciones que no requieran la elaboración de un expediente. Es el caso, por ejemplo, de aquellas personas que tengan una prohibición de entrada en nuestro país y sean frenadas en el aeropuerto. En estos procedimeintos más rápidos, denomidados técnicamente “devolución”, Catalunya podrá tomar la decisión final sobre ellos.

Sin embargo, en los supuestos en los que sí requieran expedientes, que suelen ser la mayoría de los retornos, la Generalitat solo podrá realizar una “propuesta de resolución” sobre la expulsión de estas personas residentes en Catalunya, por lo que la decisión final seguirá en manos del Ministerio del Interior.

¿Podría haber un aumento de las devoluciones desde Catalunya?

El Gobierno central dice que no debería producirse un aumento de las devoluciones desde Catalunya con la delegación de competencias dado que la base legal será la misma. “Los requisitos no cambian. Solo cambia quien tiene que tramitar los expedientes, que deberá seguir respetando esos mismos requisitos”, reiteran fuentes ministeriales.

Junts ha insistido en la importancia del aprendizaje del catalán de los extranjeros residentes en Catalunya. ¿Lo incluye?

El tema de la lengua era una de las grandes reivindicaciones de Junts, aunque en el texto de la proposición el tema ha quedado prácticamente desaparecido. En la actualidad, tanto el catalán como el castellano son lenguas que pueden tenerse en cuenta a la hora de acreditar el arraigo para dar permisos de residencia, pero no es una exigencia de obligado cumplimiento. Sí lo es, en el caso del castellano, para obtener la nacionalidad española pero la tramitación de la ciudadanía no está contemplada en el acuerdo.

Según el texto de la ley, nada de eso cambiará. Pero Junts destaca que, mientras que hasta ahora en la práctica el catalán no era tenido en cuenta para la residencia, ahora debería serlo. “Como ahora la Generalitat será quien tenga la última palabra, eso debe servir de algo. La población que viene debe tener el derecho y los recursos para aprender catalán”, ha asegurado Puigdemont.

¿En la ley recoge como objetivo la protección de la cultura y lengua catalana frente a la inmigración?

En el articulado, no. Pero en el preámbulo, de manera descafeinada, sí aparecen algunas pinceladas de la perspectiva más dura sobre inmigración que caracteriza a Junts. El texto apunta a que la gestión migratoria en Catalunya debe, además de brindar derechos y oportunidades a los ciudadanos extranjeros, “proteger la cohesión de la sociedad de acogida, su lengua y su cultura”.

En el ámbito de Catalunya, el texto incluye como posible “efecto” de la inmigración el supuesto impacto que la inmigración “representa para la lengua catalana”. Señala que la gestión migratoria debe basarse en un “marco de derechos y deberes” que “debe servir para protegerlas ante la potencial vulneración de sus derechos y brindarles más oportunidades, así como para proteger la cohesión de la sociedad de acogida, su lengua y su cultura”.

A nivel general, ve en la llegada de extranjeros un supuesto impacto “en el ámbito educativo, el sanitario, el de los servicios sociales, el de las infraestructuras, el de vivienda o los usos de espacios públicos”. Aunque matiza que la inmigración genera “ingresos públicos derivados de las rentas del trabajo de las personas migrantes, del incremento del consumo y de los beneficios empresariales”, añade que “la migración también incrementa las necesidades en estos ámbitos”.

Esos “posibles efectos” puedan representar “un riesgo para la convivencia y la cohesión social”. Según el preámbulo, ese supuesto peligro ligado a la inmigración, “está alimentado en ocasiones por la desinformación y los bulos, que pueden aprovechar las ideologías radicales de distinto signo que buscan erosionar los valores sobre los cuales se ha fundado el modelo de paz, prosperidad y libertades que ha conocido Europa después de la Segunda Guerra Mundial”. Dentro de ese “radicalismo” incluyencomo a tener en cuenta “desde la xenofobia y el racismo hasta el integrismo religioso y el terrorismo”.

Si las competencias en control de fronteras son exclusivas del Estado, ¿este acuerdo podría ser inconstitucional?

El Partido Popular considera que el acuerdo “vulnera el marco constitucional” y el partido ha anunciado que sus servicios jurídicos están trabajando en ello. “No se puede transferir una competencia que es exclusiva del Estado”, ha dicho su secretaria general, Cuca Gamarra.

Por su parte, el Gobierno defiende que el acuerdo se enmarca en los dispuesto al artículo 150.2 de la Constitución, que abre la puerta a la delegación de competencias exclusivas del Estado, como es el caso de la inmigración. Fuentes socialistas de la negociación explican que no se han sobrepasado las líneas rojas que suponían las demandas de máximos de Junts, que insistía en que el control de fronteras pasara a ser “exclusivo” de la Generalitat a través de los Mossos.

El planteamiento del Gobierno es que nada cambiará en realidad respecto a la política migratoria, sustentada en la Ley de Extranjería y en un marco comunitario europeo auspiciado, además, en el marco del espacio Schengen. Y que solo variará el cuerpo administrativo encargado de hacer cumplir las mismas normas vigentes. “Esto implica más coordinación, más colaboración y la asunción de una responsabilidad muy importante por parte de la Generalitat, pero no cambia las reglas”, defienden desde el departamento de Elma Saiz.