Las ejecuciones por pena de muerte alcanzan la cifra más alta desde 2015, según Amnistía Internacional

Abdulmajeed al Nimr tenía 59 años y cuatro hijos cuando fue ejecutado el pasado agosto en Arabia Saudí. La versión oficial que publicó la agencia de noticias estatal del país es que los cargos estaban relacionados con su supuesta unión a una célula terrorista afiliada a Al Qaeda. Sin embargo, varias ONG denunciaron que el objetivo era silenciar la disidencia política. En una muestra de falta de transparencia de las autoridades saudíes, Amnistía Internacional (AI) revisó documentos judiciales que reflejaron, al principio, su participación en protestas.

Arabia Saudí es uno de los tres países –junto a Irak e Irán– que están detrás del repunte de las ejecuciones por pena de muerte registradas en todo el mundo en 2024, según el informe anual de la organización especializada, publicado este martes. De acuerdo con las cifras recopiladas por AI, las ejecuciones alcanzaron el año pasado la cifra más alta desde 2015, con más de 1.500 personas ejecutadas. En concreto, se registraron 1.518 en 15 países, un incremento del 32% respecto de las 1.153 conocidas en 2023 y la cantidad más elevada desde la cifra“ excepcionalmente alta” de 2015, cuando la organización tuvo conocimiento de 1.634 ejecuciones.

Solo Arabia Saudí, Irán e Irak llevaron a cabo 1.380 ejecuciones, aproximadamente el 91% del total “violando derechos humanos y segando cruelmente vidas por cargos relacionados con drogas o terrorismo”, critica en una nota de prensa Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. En este sentido, la organización recoge en su informe que, en algunos países de la región de Oriente Medio, las condenas a muerte se están usando para acallar a defensores de los derechos humanos, disidentes, manifestantes, oponentes políticos y minorías étnicas. “Quienes se atreven a cuestionar a las autoridades se exponen al más cruel de los castigos, especialmente en Irán y Arabia Saudí, donde la pena de muerte se usa para silenciar a quienes son lo bastante valientes para alzar la voz”, subraya Callamard.

La ONG pone el ejemplo de Irán, que sigue utilizando de la pena de muerte para castigar a personas por desafiar el poder durante las protestas del movimiento ‘Mujer, Vida y Libertad’ que sacudieron el país en 2022 tras la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, una joven kurda que había sido arrestada por incumplir las normas que regulan el uso del hijab. AI recuerda los casos de dos personas ejecutadas en relación con ellas después de “juicios sin garantías y de ‘confesiones’ empañadas por la tortura”. En total, Irán ejecutó en 2024 a 972 personas, 119 más que el año anterior.

Así, en 2024, los cinco mayores verdugos del mundo fueron China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Yemen. Un año más el documento deja fuera, por falta de información pública oficial, los miles de personas que se cree han sido ejecutadas en el gigante asiático, que, según la ONG, siguió siendo el país “que llevó a cabo el mayor número de ejecuciones” en 2024. Tampoco incluye las cifras de otros lugares como Corea del Norte y Vietnam, donde se cree que se hace un amplio uso de la pena de muerte, ni las de Palestina y Siria, “debido a las crisis en curso”.

En comparación con 2023, también se registraron aumentos importantes de las ejecuciones en Egipto, Singapur y Yemen.

El informe se detiene en el incremento de las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas –recoge un total de 637, más del 42% de las ejecuciones conocidas–. Al menos cuatro países —Arabia Saudí, China, Irán y Singapur— las llevaron a cabo, pese a que el derecho internacional “prohíbe el uso de la pena de muerte para castigar delitos que no se ajusten al criterio de ‘los más graves delitos’ (es decir, los que entrañan un homicidio intencional)”, denuncia AI, que cree que también Vietnam entra en este grupo. Callamard sostiene que imponer condenas a muerte por delitos relacionados con drogas “afecta de forma desproporcionada a personas de entornos desfavorecidos” y “no tiene ningún efecto demostrado en la reducción del tráfico de drogas”.

Tendencia al alza en EEUU

Estados Unidos sigue la constante tendencia al alza que mantiene desde el final de la pandemia de COVID-19 y ejecutó a 25 personas, una más que en 2023. “Aunque el aumento fue numéricamente mínimo, reflejó la implacable aplicación de la pena de muerte por parte de las autoridades estatales durante el año”, dice la ONG. Se trata de la segunda cifra anual más alta desde 2015 e igualó el total de 2018.

Cuatro estados reanudaron las ejecuciones, según el informe, que indica que el número de estados verdugo casi se duplicó en comparación con 2023 (de cinco a nueve). Alabama triplicó su total anual y llevó a cabo tres ejecuciones por asfixia con gas nitrógeno, “un método nuevo y cruel de ejecución utilizado por primera vez en el mundo” que ha sido condenado por expertos de la ONU porque puede equivaler a “trato cruel, inhumano o degradante, o incluso a tortura”.

Amnistía Internacional muestra su preocupación por las “deshumanizadoras declaraciones” del presidente Donald Trump, que dijo antes de regresar a la Casa Blanca que buscará la pena de muerte para “violadores violentos, asesinos y monstruos”. La ONG señala que estas palabras promueven “el falso discurso según el cual la pena de muerte tiene un efecto disuasorio especial contra la delincuencia”.

En 2024, el número de nuevas condenas a muerte impuestas por tribunales estadounidenses conocidas creció en una con respecto al año anterior, a 26, mientras que el número de personas condenadas a pena capital se redujo en 149, un descenso que, entre otras cosas, se debe a la conmutación por el presidente saliente, Joe Biden, de 37 condenas federales a muerte.

A nivel mundial, si se observan las nuevas condenas a muerte, la ONG registró 2.087 en 2024: un 14% menos respecto del total conocido de 2023, que a su vez fue el más alto desde 2018.

Dejar atrás la pena de muerte

A pesar del repunte de las ejecuciones, solo 15 países las han llevado a cabo, el número más bajo jamás registrado por segundo año consecutivo, señala el informe. Para la entidad especializada, este dato indica la tendencia a dejar atrás esta “pena cruel, inhumana y degradante”. “La pena de muerte es una práctica abominable que no tiene cabida en el mundo actual. Aunque el secretismo seguía rodeando el escrutinio en algunos países que consideramos responsables de miles de ejecuciones, es evidente que los Estados que mantienen la pena de muerte son una minoría aislada”, dice la secretaria general de Amnistía Internacional. 

El reverso de la moneda es que, en la actualidad, 113 países son totalmente abolicionistas y 145 han abolido la pena de muerte en la legislación o en la práctica, según los registros de AI. En este sentido, también recoge algunos hitos: “En 2024 entró en vigor en Zimbabue una ley que abolía la pena de muerte para delitos comunes. Por primera vez, más de dos tercios de los Estados miembros de la ONU votaron a favor de la décima resolución de la Asamblea General de la ONU sobre una moratoria del uso de la pena de muerte. Las reformas en materia de pena de muerte en Malasia también permitieron que el número de personas en riesgo de ejecución se redujera en más de 1.000”.

La organización también recuerda el caso de Rocky Myers, un hombre negro condenado a muerte en Alabama “a pesar de las graves deficiencias observadas en los procedimientos. Finalmente, fue indultado en febrero tras las peticiones de su familia, su equipo jurídico, un exjurado, activistas locales y la comunidad internacional. ”Cuando la gente da prioridad al trabajo de campaña para acabar con la pena de muerte, realmente funciona“, dice Callamard. ”A pesar de la minoría de dirigentes decididos a utilizar la pena de muerte como arma, las cosas están cambiando. Solo es cuestión de tiempo que el mundo esté libre de las tinieblas de los patíbulos“.