Adeslas confirma que acudirá a Muface y garantiza la sanidad privada de los funcionarios

Adelas ha confirmado este jueves que se presentará a la licitación abierta por el Gobierno para Muface. Los cambios producidos en las condiciones del concierto, que suponen un aumento de la prima de un 41% en tres años, han convencido a la compañía privada, que ve ahora “condiciones económicas justas y equilibradas” para seguir prestando asistencia sanitaria privada con cargo a fondos públicos a los funcionarios.

El último cambio introducido por el Gobierno en la segunda licitación de Muface, que suponía el tercer incremento de la prima, ya había provocado una respuesta favorable de Adeslas. “Mostramos la confianza en la viabilidad del convenio para la atención sanitaria de los mutualistas para los próximos tres años”, señalaron desde la compañía, integrada en el Grupo Mutua Madrileña y participada por CaixaBank.

Este jueves, Adeslas ha confirmado que presentará su oferta para el concierto abierto para los años 2025, 2026 y 2027. “Con los cambios producidos en la licitación por parte de la Administración, se puede configurar un modelo viable que permite dar continuidad al servicios sanitario de los funcionarios de Muface durante los próximos tres años, tal y como viene sucediendo a lo largo de sus casi 50 años de existencia”, indican.

Los cambios son principalmente económicos. La tercera oferta del Ministerio de Función Pública supone un incremento acumulado de la prima de un 41,2% en tres años, por un importe total de 4.808,5 millones de euros. Son 330 millones más que en la propuesta anterior, que Adeslas rechazó al considerar que era “económicamente insostenible”.

Pese a ese rechazo, la compañía, que actualmente presta asistencia sanitaria a más de medio millón de funcionarios y sus beneficiarios, en torno al 45% de los que eligen la privada frente a la pública, había seguido en las últimas semanas en conversaciones con el departamento que dirige Óscar López. “En un ejercicio de transparencia, colaboración con la Administración y apoyándose en los informes de expertos, la compañía ha trasladado que era necesario equilibrar los ingresos y costes asistenciales totales para alcanzar un escenario que permitiese la continuidad del servicio”, indican ahora.

La base de las reclamaciones están en el “equilibrio económico” que Adeslas, pero también Asisa, que atiende a más de 360.000 funcionarios, quieren mantener. Esto es, que la administración haga frente a costes extraordinarios, derivados de situaciones sobrevenidas, como la crisis inflacionista tras la invasión rusa de Ucrania o la sobrefrecuentación tras la pandemia. Una opción que la mutualidad ya reconoció en “supuestos tasados”.