La ley con medidas urgentes de Vivienda estará aprobada antes del verano, según los cálculos del Gobierno vasco

La ley vasca de medidas urgentes en el ámbito de vivienda, anunciada este miércoles por el consejero del ramo, Denis Itxaso, estará definida antes de Semana Santa y aprobada en el Parlamento Vasco antes del verano, según las fuentes consultadas. El PSE-EE, que dirige la cartera de Vivienda en la coalición con el PNV, ha compartido ya con sus socios dos borradores muy avanzados del articulado, cuyas medidas estrella ya fueron desgranadas por Itxaso y que incluyen la posibilidad de construir dos plantas adicionales a lo alto en los bloques de protección oficial que lo permitan, sanciones y prohibición de pisos turísticos en las zonas tensionadas o la reducción del porcentaje de vivienda protegida en las promociones, que pasará del 75% al 60%. El texto final tendrá más medidas aún no explicadas, según quienes están trabajando en la redacción.

El PSE-EE y el PNV han mantenido tiranteces en materia de Vivienda en los últimos años -la mayor cuando los nacionalistas decidieron seguir la estela del PP y recurrir al Tribunal Constitucional la normativa estatal de 2023 contra el criterio del entonces consejero, Iñaki Arriola- pero ahora han asumido que este asunto es una prioridad ciudadana y que quieren darle una respuesta “de combate” y perfectamente coordinada. De hecho, el propio lehendakari, Imanol Pradales, estaba al tanto de los anuncios de Itxaso y la pasada semana se celebró una reunión de alto nivel en la que participó un alto cargo de Presidencia y un dirigente del PNV con una delegación socialista para perfilar el plan, que no estaba en el calendario legislativo inicial del Ejecutivo bipartito.

En el PNV ven con comodidad algunos de los planteamientos. Por ejemplo, están de acuerdo en bajar la proporción exigible de vivienda protegida, ahora en un 75%. Sostienen que la parte restante de vivienda libre se ha encarecido precisamente para cubrir el coste del otro porcentaje y agradecen que el consejero Itxaso haya aceptado que el problema habitacional no solamente lo es de las capas más vulnerables sino también de las “clases medias”. Los nacionalistas no verían con malos ojos bajar más que el 60% anunciado pero se sienten satisfechos con el cambio de paso iniciado en este terreno. El consejero alegó que el 75% de cero o de poco sigue siendo nada y que esto supondrá un incremento real y práctico de todo tipo de construcciones. Siempre repite que Euskadi tiene suelos para levantar hasta 75.000 viviendas y que eso hay que activarlo con agilidad.

Por el contrario, EH Bildu se opone a esta rebaja. Es la principal fuerza de la oposición en el Parlamento y tiene un importante peso municipalista. “Tenemos un déficit de VPO y rebajar los porcentajes mínimos exigidos por ley dificulta aún más poder aumentar el parque público de vivienda protegida y se generará automáticamente una merma en la oferta pública de vivienda protegida. Renunciar a la intervención y al control público en el ámbito de la vivienda es dejar campar a sus anchas a los intereses de mercado y privados que ya han demostrado que no buscan garantizar el bienestar de la ciudadanía, sino acumular más y más beneficios”, ha opinado sobre el anuncio el portavoz de Vivienda de la formación abertzale, Xabier Astigarraga.

“EH Bildu gobierna una gran parte de los ayuntamientos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y está haciendo una labor ingente por dar una salida a la crisis habitacional. Ejemplo de ello son los ayuntamientos de Azpeitia, Errenteria, Galdakao y otros muchos. Estamos demostrando ser la única fuerza política capaz de articular una respuesta a la crisis habitacional, mientras otros ejercen bloqueos o externalizan sus responsabilidades”, afirma también Astigarraga, quejoso de que muchos de los anuncios de Itxaso exijan posteriores desarrollos municipales.

El PNV encaja también con agrado las medidas para establecer un régimen sancionador en caso de que los propietarios no cumplan las limitaciones de precios en las zonas tensionadas. Entienden que es un reconocimiento implícito de los 'agujeros' de la ley estatal que creó esta figura y que ahora se está empezando a desarrollar con Errenteria como primer municipio y al que pronto seguirán otros, incluida Donostia. Sostienen que era una norma bienintencionado pero con fallos técnicos para hacer efectiva su ejecución y entiende que esta regulación autonómica la mejorará.

El acuerdo entre PNV y PSE-EE pasa por tramitar este plan de choque como proposición de ley en el Parlamento. Esto implica que los firmantes serán los partidos y no el Gobierno, con lo que se reduce sobremanera la cantidad de informes que se han de elaborar. De hecho, la memoria económica, el informe de impacto de género o los análisis jurídicos, entre otros, quedan sustituidos por un solo documento que emitirá el Ejecutivo 'a posteriori' de que se conozca el articulado. La intención es que este texto, que retocará las normativas autonómicas actuales de vivienda, turismo o suelo, esté presentado en la Cámara antes de Semana Santa para se tramite en no más de cinco semanas y llegue listo antes del parón de las vacaciones de verano. La mayoría absoluta del Gobierno le garantiza su aprobación.