Vitoria pierde 0,6 millones para cubrir las reparaciones en la flota de limpieza de la etapa de FCC y Viuda de Sainz

El Ayuntamiento de Vitoria tiene que abonar cerca de 0,6 millones de euros públicos no previstos a la UTE conformada por PreZero —históricamente conocida como Cespa— y la empresa local Onaindia —que ha sido noticia esta semana por un grave incendio en una de sus instalaciones— porque asumieron en noviembre de 2021 la contrata de limpieza de la ciudad con grandes problemas en el mantenimiento de la flota. Los informes internos municipales destacan que el pago es ostensiblemente inferior a los más de 1,7 millones que había calculado inicialmente un perito contratado por estas empresas, pero la oposición ha preguntado ya por qué no se repercute este gasto a la anterior contrata, la UTE de FCC y GMSM (Viuda de Sainz), si es que son los responsables del problema.

La contrata de limpieza es claramente el contrato municipal más oneroso —unos 26 millones anuales ahora mismo— y también el más polémico, particularmente desde que en 2006, con Alfonso Alonso (PP) de alcalde, desembarcó FCC en sustitución de la adjudicataria historica de la ciudad, Cespa, que era casi parte del paisaje urbano. En los quince años en que FCC, primero en solitario y luego de la mano de la empresa vasca Viuda de Sainz, operó en la capital, se sucedieron denuncias de irregularidades, constataciones de pagos por servicios no prestados y también la evidencia de que los vehículos fallaban, como los camiones de basura que se estropeaban en plena calle. En 2021, Cespa regresó a Vitoria de la mano de Onaindia con un acuerdo de 103 millones de euros para cuatro años que expira a finales de este 2025.

Documentación que ha trascendido esta semana muestra cómo las contratistas actuales han reclamado dinero al Ayuntamiento por el mal estado de la flota que heredaron de FCC y Viuda de Sainz. En junio de 2022, un perito de la Comunidad de Madrid emitió un informe en el que remarcaba que la flota “no se encontraba en un estado óptimo” y que el coste de las reparaciones impedía ejecutar otras actuaciones incluidas en las obligaciones del contrato. En aquel momento se fijó en 1.429.504 euros más IVA la cantidad necesiaria para “paliar los defectos y carencias de la maquinaria”.

Las contratistas no solamente hicieron su reclamación en vía administrativa sino que acudieron a los tribunales. Finalmente, en julio de 2023 rebajaron sus pretensiones a 476.617,07 euros más IVA, que es la cantidad “efectivamente pagada” y “justificada” con facturas de arreglos en vehículos y máquinas. La asesoría jurídica municipal constata que las facturas se corresponden con reparaciones llevadas a cabo en 2022 y 2023 y que son de unidades “procedentes de la anterior contrata”, no del mantenimiento ordinario de una flota. También acreditan lo mismo funcionarios de Medio Ambiente y de Hacienda. Emerge, además, la necesidad de abonar unos 48.000 euros en concepto de “intereses de demora”. El Gobierno municipal, en manos de PSE-EE y PNV, ha acometido una “solicitud de crédito adicional” para atender este gasto extraordinario.

El concejal responsable del servicio, el socialista Pascual Borja, ha afirmado que “no es obligación del Ayuntamiento revisar la maquinaria”. Además, ha apuntado que hubo una gran “demora” desde que se anunció la salida de FCC y Viuda de Sainz hasta que se produjo, por lo que las primeras previsiones sobre la maquinaria quedaron superadas por muchos más meses de uso. Para el Ayuntamiento, “siempre es positivo” pagar menos de lo que se preveía. “Es un buen inicio” el acuerdo alcanzado, dijo Borja en una comisión municipal. Ahora, “siguiendo las indicaciones de los servicios jurídicos”, se buscará “en lo que se pueda” que la anterior contratista abone todo o parte de esos 0,6 millones.

Rocío Vitero, de EH Bildu, preguntó hasta la saciedad al Gobierno local si iba a reclamar a FCC y Viuda de Sainz el dinero ante la constatación de que ya se han “perdido” 0,6 millones de las arcas públicas. A su juicio, la gestión de la limpieza siempre ha sido “muy polémica” y ha señalado a PNV y PSE-EE —en la pasada legislatura la fuerza mayoritaria de la coalición eran los nacionalistas y ahora es al revés— por no haber controlado lo que estaba pasando. “O estaban a otra cosa o, peor, lo consintieron”, interpreta la portavoz de la principal fuerza de la oposición.

Desde la coalición Elkarrekin, el edil de Berdeak Equo Óscar Fernández habla de “agujero”. “Se ha demostrado que aquí no se han hecho las cosas bien”, ha apuntado sobre la “falta de mantenimiento”. Según sus datos, una veintena de unidades tienen una antigüedad próxima a los veinte años. Para el PP, finalmente, “hay responsabilidades políticas” porque “todo apunta” a que las arcas municipales van a sufrir un importante quebranto, según manifestó en la comisión Alfredo Iturricha.

Ahora, el Ayuntamiento se plantea ya una nueva licitación. El acuerdo con PreZero y Onaindia —que se reparten la UTE al 80-20%— expira a finales de 2025. Los datos que se conocen apuntan a una subida del coste, hasta los 35,5 millones anuales, y a una duración de diez años, mucho más larga. El edil Borja entiende que no se reproducirá el problema con la maquinaria porque “la mayoría” va a ser renovada. Cuando se produjo el cambio anterior, este periódico documentó que uno de los 'nuevos' vehículos aportados por PreZero y Onaindia era un camión de 1986.